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Photo: ©Amnesty Germany/Jarek Godlewski

Simon Crowther, asesor jurídico de Amnistía Internacional, asistirá a la próxima vista judicial de Julian Assange, que se celebrará ante el Tribunal Superior de Reino Unido el 20 de mayo, para observar los procedimientos como observador jurídico experto.

El desenlace de esta vista determinará si Julian Assange tiene más oportunidades para defender su caso ante los tribunales británicos o si ha agotado todos los recursos en Reino Unido, lo que desembocará en su extradición o en una solicitud ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

“Ahora que el tribunal vuelve a reunirse para determinar la suerte de Julian Assange, repetimos las enormes repercusiones que hay en juego si es extraditado a Estados Unidos: el riesgo de que sea sometido a violaciones de derechos humanos y el perjuicio duradero que se causará a la libertad de prensa mundial”, ha manifestado Simon Crowther.

 

“Si es extraditado, Assange puede enfrentarse a decenas de años de cárcel y al peligro de ser recluido en régimen de aislamiento prolongado en una prisión de máxima seguridad con malos servicios de salud. Es sencillamente imposible garantizar su seguridad y bienestar, al igual que Estados Unidos no los garantiza a las decenas de miles de personas que están actualmente encarceladas en el país. Assange ya ha pasado cinco años encarcelado en Reino Unido, gran parte de ellos de forma arbitraria.”

 

“Las autoridades estadounidenses parecen totalmente decididas a que Assange sirva de ejemplo por exponer los presuntos crímenes de guerra que han cometido, en lugar de defender y respetar los valores de la libertad de expresión. Recibir información gubernamental delicada de fuentes exteriores y difundirla en aras del interés público no es un delito. Se trata de actividades fundamentales para el trabajo de periodistas y editores. La opinión pública tiene el derecho absoluto a saber si su gobierno está infringiendo el derecho internacional. Estados Unidos debe retirar todos los cargos formulados contra Assange, y Reino Unido debe detener los procedimientos de extradición, lo que permitirá que Assange sea liberado sin demora de la custodia británica.”

Información complementaria

Tras el aplazamiento, el 26 de marzo, de la vista judicial, el Tribunal Superior de Reino Unido ha confirmado la celebración de una vista el 20 de mayo, tras haber recibido nuevas garantías diplomáticas de Estados Unidos el 16 de abril.

 

El 3 de mayo, Amnistía Internacional emitió una declaración pública sobre la importancia del principio de publicidad de los actos judiciales y el acceso de observadores judiciales a las vistas de Julian Assange.

Amnistía Internacional Chile

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Mayo 16, 2024

El aviso emitido por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) advierte “precipitaciones normales a moderadas en precordillera de la región” para el lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de mayo.

Diario UChile

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta temprana preventiva para 10 comunas de la Región Metropolitana. Esto, debido al pronóstico de lluvias que afectarán a la zona central del país los días lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de mayo.

 

En concreto, los territorios alertados son Colina, Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto, Pirque y San José de Maipo. De acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, se esperan “precipitaciones normales a moderadas en precordillera de la región”, junto con viento de “normal a moderado”.

 

Para el lunes, día para el que se espera una mayor intensidad, se proyectan entre 10 a 20 mm. de lluvia y entre 20 a 30 centímetros de nieve en la cordillera. También se esperan ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

 

En la Región de Valparaíso, en tanto, se declaró otra alerta temprana comunal en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, mientras que en O’Higgins y el Maule también se emitió una alerta preventiva.

Nieve en la comuna de Lo Barnechea. Foto: Javier Salvo/Aton Chile

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Mayo 18, 2024

Este artículo fue publicado originalmente en Radio Universidad de Chile.

El Servicio Electoral ya tiene disponible las designaciones de vocales de mesa y de los miembros del Colegio Escrutador. Esto, además de las mesas y los locales de votación.

Diario UChile

Hace algunas horas, el Servicio Electoral (Servel) hizo pública la nómina de vocales de mesa designados por las Juntas Electorales. Esto, para las próximas elecciones primarias de alcaldes y gobernadores, que se celebrarán el domingo 9 de junio de este año.

 

En esta oportunidad, y a diferencia de las votaciones programadas para el 27 de octubre, el sufragio será voluntario para todas las personas que tengan domicilio electoral en Chile.

 

Igualmente, cabe destacar que entre los datos disponibles en el sitio web del Servel también está la información sobre las mesas designadas y locales de votación que corresponden a estos comicios.

¿Cómo revisar si te toca ser vocal?

 

Para saber si fuiste seleccionado como vocal de mesa o miembro del Colegio Escrutador debes ingresar tu RUT al sitio web consulta.servel.cldonde igualmente se pueden conocer los datos de las mesas y los locales.

 

Al igual que en todos los comicios, el Servel estará recibiendo las excusas de quienes no puedan ejercer su labor como vocal. Esto, en los tres días hábiles posteriores a la publicación de la nómina. O sea, durante el lunes 20, el miércoles 22 y el jueves 23 de mayo. 

 

Según el artículo 44 de la ley 18.700, algunas de las excusas aceptadas por el Servicio Electoral son estar ausente del país o a más de 300 kilómetros del local de votación; tener más de 60 años; estar física o mentalmente imposibilitado de ejercer la función y contar con un certificado médico; estar embarazada a seis semanas del parto y hasta 24 semanas después de este, y estar ejerciendo labores en establecimientos hospitalarios los días en que funcionen las Mesas Receptoras.

 

Las excusas pueden ser presentadas ante las Juntas Electorales de forma presencial y vía correo electrónico, con los datos disponibles en el sitio de Servel Asimismo, el 25 de mayo se publicará la nómina de vocales reemplazantes.

Elecciones de consejeros constitucionales. Foto: ATON

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Mayo 18, 2024

Este artículo fue publicado originalmente en Radio Universidad de Chile.

Fiscal nacional, Angel Valencia.

Jaime Naranjo emplazó duramente al líder del Ministerio Público y su compañero de tienda, Tomás de Rementería, criticó las declaraciones destempladas. Por su parte, Jorge Brito (RD) instó a “construir un nuevo paradigma entre civiles y militares”.

Fernanda Araneda

Una ola de críticas surgieron en contra del Ministerio Público y la PDI tras la absolución del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, en una causa por lavado de activos.

 

En su veredicto, que fue dado a conocer la mañana del lunes, las tres magistradas que componen el 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago acusaron una falta de rigurosidad en el trabajo de los organismos persecutores, cuestión que resonó en los diputados Jaime Naranjo (PS) y Carmen Hertz (PC).

 

En un punto de prensa, los parlamentarios señalaron que hoy existe una grave crisis al interior del Ministerio Público y apuntaron directamente a la figura del fiscal nacional, Ángel Valencia.

 

“Ante los ojos de la opinión pública, así como el fiscal (Jorge) Abbot quedó como el fiscal que contribuyó a que la relación entre el negocio y la política no se investigara; pareciera ser que el actual fiscal está por tapar la corrupción en nuestro país y no por investigarla. Creo que tenemos un serio problema al interior de la Fiscalía y principalmente en quién la encabeza”, estimó el diputado Naranjo.

 

En contraste, su compañero de tienda e integrante de la Comisión de Defensa, Tomás de Rementería, aseguró que aunque hay que revisar la labor que realizó Fiscalía en el caso Fuente-Alba, las críticas al Ministerio Público y al fiscal nacional, Ángel Valencia, han sido destempladas.

 

“Han habido muchos que han rasgado vestiduras sobre el rol del Ministerio Público, pero acá el Ministerio Público tuvo una causa, jugó sus recursos a una posición y la posición no fue considerada como tal por el tribunal existiendo recursos pendientes”, indicó el también integrante de la Comisión de Defensa, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile. 

 

“Se ha llegado muy lejos decir que acá hay una concomitancia del fiscal nacional. En eso no hay una prueba en absoluto y de hecho, esta causa empezó mucho antes de que Ángel Valencia se convirtiera en fiscal nacional. Yo creo que algunas críticas han sido bastante destempladas, incluso llegando al límite de lo absurdo”, afirmó.

 

El diputada socialista además recalcó que aún se trata de un proceso en curso, donde la Fiscalía puede pedir la anulación del juicio y que sumado a ello, hay una arista paralela por malversación de fondos públicos en la justicia militar.

 

“Tenemos que tener claro que las causas contra Fuente-Alba no se han terminado porque él hizo un mal uso de los fondos reservados del Ejército. No se configuró el lavado de activos, que es por lo que fue absuelto, pero hay otros delitos por los que podría ser sancionado aún”, planteó.

Jorge Brito (RD): “La confianza que teníamos en los tribunales se va deteriorando”

 

Desde el Frente Amplio, el también integrante de la Comisión de Defensa, Jorge Brito, coincidió en que aún restan instancias para saber qué pasará en el caso de Fuente-Alba, pero al mismo tiempo declaró que “es doloroso ver que el trabajo de años y la confianza que teníamos en los tribunales civiles se va deteriorando producto del fallo que conocimos”.

 

“Para nosotros es evidente que los gastos reservados de la defensa nacional terminaron siendo mal utilizados y es por eso que confiamos en que se repare y en última instancia, se logre una condena ejecutoria en contra de quienes, teniendo la responsabilidad de proteger a Chile, terminaron robándonos”, añadió.

 

Por otra parte, respecto al rol que jugó Fiscalía en el proceso de investigación, el diputado Brito afirmó que siguió de cerca las diligencias y “entendíamos que iban bien encaminadas”. “Sin embargo, no sabemos en qué se basó el tribunal para dictar esta sentencia, que insisto, para nosotros es solo transitoria, pues esperamos la definitiva”.

 

Finalmente, en cuanto a las investigaciones judiciales que actualmente se llevan en contra de otros miembros de las Fuerzas Armas, Brito señaló que “son más de 40 altos oficiales y todos los últimos excomandantes en jefe y sin embargo, cada uno tiene mérito distinto, algunos son por gastos en viajes al extranjero y otros derechamente porque se depositaron dineros en efectivo”, dijo.

 

“Si tenemos comandantes en jefe susceptibles al poder del dinero, es un problema para el estado de derecho y también para la defensa nacional, así que estamos empecinados en construir un nuevo paradigma entre civiles y militares”, concluyó.

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Mayo 15, 2024

Este artículo fue publicado originalmente en Radio Universidad de Chile.

En septiembre el Gobierno presentará un proyecto de ley que condone el Crédito Aval del Estado que contemplará un nuevo mecanismo de deuda estudiantil. El anuncio recibió un contundente respaldo del oficialismo y fue valorado por la oposición.

Joana Carvalho

“Pondremos fin al CAE y crearemos un nuevo sistema único de créditos que será transitorio”, fue una de las promesas de campaña del Presidente Gabriel Boric, la cual fue abordara este miércoles por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, de cara a la Cuenta Pública del 1 de junioúltima instancia para plantear metas para el Gobierno, según señaló el propio Mandatario.

 

A finales del 2023, Marcel sostuvo que “la ayuda a los deudores CAE va a ser a escala de nuestra realidad”, pero en esta jornada el jefe de la billetera fiscal afirmó que el Gobierno presentará una propuesta en septiembre. Anuncio que fue reconfirmado horas más tarde por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y la vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

 

La vocera destacó que este año el Presidente Boric ha sido claro respecto a concretar las promesas de Gobierno en vez de hacer anuncios. Así, explicó que el Ejecutivo no solo presentará un proyecto de ley que buscará condonar el Crédito Aval del Estado (CAE), sino que también contemplará un nuevo sistema de financiamiento.

 

“No basta con terminar algo, hay que ver cómo se reemplaza ese mecanismo de deuda privada por un sistema que sea más sostenible y no genere el perjuicio que ha generado el CAE a las familias”, declaró Vallejo.

Respaldo contundente del oficialismo

 

Tras el anuncio del Gobierno, la diputada y presidenta de la Comisión de Educación, Emilia Schneider (FA), celebró la noticia y relevó la importancia de cumplir con este compromiso. “Desde el Frente Amplio valoramos profundamente que ya tengamos una fecha cierta para el ingreso del proyecto de ley que termina con las deudas por estudiar. Hay millones de familias esperando”, dijo.

 

Para la parlamentaria frenteamplista, el CAE “es una política completamente fracasada que ha generado abusos a las personas” y “un despilfarro de recursos del Estado” que ha perjudicado a las instituciones de educación superior.

 

Con el CAE solo ganan los bancos. Por eso tenemos que terminar con estos abusos y garantizar para la educación superior un mecanismo de financiamiento justo, sostenible, responsable y que vele en serio por el derecho a la educación. Así que desde acá, desde el Congreso y sin duda desde la Comisión de Educación vamos a estar esperando con ansias este proyecto y también muy disponibles a colaborar en su tramitación”, subrayó.

 

Desde la bancada de diputadas y diputados del Partido Socialista, expresaron su respaldo a la iniciativa y destacaron al rol del ministro Marcel en esta materia.

 

“La bancada PS está disponible y a disposición para darle respaldo a esta condonación, no solo porque es una promesa de campaña, sino porque entendemos la magnitud del problema social y económico que implica la dejada deuda educativa que existe para miles de jóvenes y sus familias, apoyamos al Gobierno en el esfuerzo de entregar una propuesta que vaya en directo beneficio de los deudores del CAE”, declaró el jefe de bancada de la tienda, el diputado Daniel Melo.

 

De la misma manera, desde el Partido Comunista la diputada e integrante de la Comisión de Educación, Daniela Serrano, planteó que es fundamental que “el Estado se haga cargo del engaño que sufrieron miles de familias chilenas y sus estudiantes por tener que financiar un negocio de la banca para acceder a un derecho tan fundamental como lo es la educación”.

La cautela de la oposición

 

Desde la otra vereda, los también integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados, Sergio Bobadilla (UDI) y Marcia Raphael (RN), dieron cuenta de su cautela frente al proyecto de ley que presentaría el Ejecutivo en septiembre.

 

“Los jóvenes de nuestro país confiaron durante las elecciones en un gobierno que prometió la condonación total del CAE. Esperamos que este proyecto que presente el ejecutivo y sea responsable con el gasto fiscal“, manifestó.

 

En la misma línea, sostuvo que desde La Moneda además deben ser responsable con “jóvenes de clase media que hoy ven pocas oportunidades en el mercado laboral, un alza considerable del costo de la vida y solo esperan que cumplan de una vez con el compromiso adquirido con la ciudadanía”.

 

Asimismo, Bobadilla valoró el anuncio del ministro Marcel, pero destacó que desde la oposición estarán atentos a las condiciones en que el Ejecutivo buscará condonar la deuda del Crédito Aval del Estado.

 

“Lo que no puede ocurrir, es que quienes han hecho el esfuerzo (de pagar el CAE) y estén al día resulten castigados respecto de quienes no han hecho este esfuerzo y no están al día, como por ejemplo algunos connotados diputados de la República que fueron beneficiarios en el pasado de este crédito y no han pagado ni uno”, afirmó. Por ello, el parlamentario enfatizó que la oposición estará muy atenta de lo que contenga el proyecto de ley sobre aquellos deudores que tienen mayor morosidad.

Foto: Aton Chile.

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Mayo 15, 2024

Este artículo fue publicado originalmente en Radio Universidad de Chile.

El abogado especialista en derecho antártico, Luis Valentín Ferrada, abordó el hallazgo de petróleo por parte de Rusia en el “continente blanco” y explicó los tratados que protegen el ecosistema. Además, resaltó el rol de nuestro país en el debate.

Camilo Vega Martinez

Revuelo ha causado en Chile y el mundo el informe del Reino Unido que reveló hallazgos de parte de Rusia de petróleo en la Antártica. Sería lo equivalente a más de 500 mil millones de barriles del combustible encontrados en territorio reclamado por Argentina, Reino Unido y nuestro país.

 

No obstante, pese a la preocupación evidente tras conocerse este informe, quiénes llevan años trabajando en la Antártica llaman a la calma. En conversación con Radio y Diario Universidad de ChileLuis Valentín Ferrada, abogado especialista en derecho antártico y director del Departamento de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, explicó que “la noticia no es tan novedosa”, ya que en 2020 existían informes de la actividad rusa y no es el único país que realiza este tipo de expediciones.

 

Es más, según el propio abogado especialista, Chile en el territorio antártico “es una potencia regional, es un país, por su ubicación geográfica, tremendamente respetado en las decisiones antárticas”. Esto lo atribuye a “las capacidades de sus fuerzas armadas en materia antártica, porque ha tenido muy buenos diplomáticos en la materia y porque en ciencia, somos capaces de hacer cosas bastante importantes”, por lo que destacó la labor del Instituto Antártico Chileno.

 

Así, subrayó que los países que realizan trabajos en el llamado “continente blanco” deben ceñirse siempre a lo único que está permitido, que es la investigación científica.

La Antártica es un continente destinado a la ciencia y a la paz. Entonces tú no puedes prohibir la actividad científica de los geólogos. Lo que ocurre es que efectivamente hay ciertos buques rusos que han hecho por lo menos seis campañas en la última década, pero eso no es nada nuevo”, sostuvo el investigador principal del Instituto Milenio BASE.

 

Para el entendido en la materia, la tensión geopolítica fue un factor determinante para el revuelo causado por el informe del Reino Unido.

“El año pasado, el Parlamento británico decidió conformar lo que nosotros llamaríamos una comisión investigadora sobre la política antártica británica. Pero claro, como en estos momentos existe una serie de tensiones a nivel internacional, y una que preocupa en Reino Unido es la situación de la guerra Rusia-Ucrania, ambos países importantes dentro del sistema del Tratado Antártico, esto impacta también en lo que pasa en el pacto”, explicó el abogado.

 

Los conflictos actuales a nivel mundial hacen dudar de las verdaderas intenciones de Rusia en el territorio antártico, pero Luis Valentín Ferrada al ser consultado aseguró que los tratados y protocolos existentes son de los más “sólidos” y “exitosos” que han habido en la historia.

 

Actualmente, la Antártica es protegida por el Tratado Antártico de 1959, un acuerdo que vino a establecer cierta paz en las tensiones entre diversos países, Chile incluido, en aquella época sobre la soberanía del territorio. La misma Rusia junto con otros países como Estados Unidos, Japón y Nueva Zelanda firmaron también este pacto. “La Antártida se utilizará exclusivamente para fines pacíficos”, señala dicho documento en su primer artículo.

Además, de este tratado se desprenden otros instrumentos legales asociados a la protección y preservación del ecosistema, como es el caso del Protocolo de Protección al Medio Ambiente Antártico, que prohíbe todo tipo de prácticas en el territorio, salvo la investigación científica.

 

El protocolo, cinco anexos que están en vigor, más un sexto que todavía no entró en vigor, conforman todo un ordenamiento jurídico protector del medio ambiente. Tiene sistemas de evaluación de impacto ambiental, tiene normas sociales, una serie de principios ambientales que hay que respetar en toda la actividad en la Antártica. Es un régimen bastante sólido”, señaló el especialista.

 

En la misma línea, Ferrada explicó que “el artículo 7 del protocolo prohíbe toda actividad sobre recursos minerales, y se entienden incluidos los hidrocarburos, salvo la investigación científica al respecto”.

“Entonces, lo que existe hoy en día, y Rusia jamás ha dicho que no lo vaya a respetar, es una prohibición absoluta de explotar minerales o lo que tu quieras. Pero como existe la posibilidad de hacer actividades científicas al respecto, si uno es cínico, pudiera decir ‘no, mira, por ahora estamos haciendo la investigación que nos va a permitir levantar el inventario, ya veremos más adelante que pasa con eso’. Pero Rusia no es el único que hace investigación geológica, hay muchos países, incluido Chile”, detalló.

El rol protagónico de Chile

 

Ante esta noticia, también surge la inquietud sobre la posición que debe adoptar Chile. Al respecto, Ferrada expresó que debe “reforzar una vez más la importancia, en estos tiempos de cambio climático que vivimos y dentro de las presiones ambientales que vive el mundo, de la prohibición de toda actividad sobre recursos minerales distintos a la investigación científica”.

 

El abogado recalcó que nuestro país debe “cerrar la puerta a cualquier aventura de explotación”, esto por las consecuencias que puede traer tanto a nivel global como, sobre todo, a nivel local.

“Una tragedia ambiental en la Antártica, producto de explotación de minerales, por ejemplo en la península Antártica, la corriente de Humboldt trae todo eso a Chile”, enfatizó. “Parte importante de la pesca chilena depende de estas corrientes heladas que vienen desde la Antártica por la costa del Pacífico. Entonces, Chile debiera reforzar aún más su posición de gran protector del medio ambiente antártico”, complementó.

 

En caso de que se produzca una escalada de tensión en la zona debido a este descubrimiento de petróleo, según el experto, Chile debe sí o sí “reforzar los compromisos que ya tenemos de proteger el medio ambiente antártico”.

 

Asimismo, relevó la importancia de “coordinarse con otros países dentro del sistema del Tratado Antártico que tengan una aproximación similar a la nuestra, para estar especialmente atentos para que no se lleven a cabo este tipo de actividades”.

Foto: Antártica. Javier Torres/Aton Chile

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Mayo 15, 2024

Este artículo fue publicado originalmente en Radio Universidad de Chile.

El Ministerio de Ciencia presentó el nuevo proyecto de ley donde advierte que “es crucial garantizar que la IA se utilice de forma ética y responsable”. Expertos consideran que el país puede posicionarse como pionero en la materia en la región.

Camilo Vega Martinez

El fuerte avance de la Inteligencia Artificial en el mundo provocó en distintas partes una discusión necesaria. ¿Cómo legislar sobre su uso sin frenar el desarrollo tecnológico? Chile se ha instalado como un país pionero en Latinoamérica en la materia, con la reciente actualización de la Política Nacional de Inteligencia Artificial y más aún con la presentación de parte del Gobierno actual del proyecto de ley que regula dicha tecnología.

Si bien en el Congreso Nacional ya se discutía un proyecto presentado por el diputado Tomás Lagomarsino, el Gobierno por medio del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación decidió tomar la iniciativa. En los últimos días, la ministra Aisén Etcheverry presentó tanto la actualización a la Política Nacional de Inteligencia Artificial como el nuevo proyecto en el que hacen énfasis en la relevancia del desarrollo de dicha tecnología, sus aspectos positivos en diversas áreas (salud, educación, entre otras) y la importancia de un uso adecuado.

Para que dichos beneficios se materialicen, es crucial garantizar que la IA se desarrolle y utilice de forma ética y responsable”, señala el Ejecutivo en el proyecto. Una propuesta aplaudida por entendidos en el tema.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de ChileLorena Donoso, abogada experta en Derecho de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, abordó los principios de este proyecto de ley. Lo primero, destacando las consultas que realizó el Ejecutivo a la comunidad científica para desarrollarlo.

“Se tiene que desarrollar la IA con primacía de lo humano, o sea, en el fondo proscribir las inteligencias artificiales que de manera indebida afecten a los derechos fundamentales de las personas”, partió comentando la integrante del Laboratorio de Inteligencia Artificial, Metaverso y Neuroderechos de la Fundación Encuentros del Futuro, organizadores del Congreso Futuro.

“En segundo lugar, la transparencia algorítmica que es un poco ajena o ilusoria, más bien habría que pensar en auditabilidad, en un control de los efectos de las IA. Revelar los algoritmos que están detrás de una inteligencia artificial parece un poco ilusorio, habría que ver cuál es el alcance que le dan en el proyecto. Y la responsabilidad del desarrollador o productor, o sea, aspectos bien genéricos”, agregó Donoso.

Una de las principales características de esta iniciativa es la regulación en base a factores de riesgo. Estos se dividen en inaceptable (prohibido), de alto riesgo, riesgo limitado y sin riesgo evidente. En conversación con Semáforo, el doctor en tecnologías multimedias, David Ruete, expresó al respecto que “cuando hablamos de sistemas prohibidos, estamos hablando de sistemas de categorización biométrica, por ejemplo” y recordó el caso del polémico escaneo del iris en nuestro país y en otros del mundo.

El sistema de alto riesgo son este tipo de sistemas biométricos que podrían servir, pero que tienen que estar bajo ciertos parámetros regularizados y especialmente con una supervisión humana”, señaló Ruete.

Por su parte, Lorena Donoso expresó que “el tema es identificar bien cuáles son los riesgos”. “Para eso hay que tener evidencia científica relativa a los riesgos, por ejemplo, de las tecnologías de la información y la comunicación en su interacción con el ser humano”, aseguró.

Legislar sin frenar el desarrollo

 

La aprobación a la idea de legislar sobre la Inteligencia Artificial es transversal. Desde la empresa Minverso,  remarcaron la importancia de regular sin poner freno al desarrollo de estas tecnologías avanzadas. “Debería equilibrar dos variables”, partió señalando Rodrigo González, fundador y CEO de la startup.

“Es importante fomentar la transparencia, la responsabilidad y la protección de datos. Pero de igual forma tiene que ser flexible para que fomente la innovación y asegurar estar a la vanguardia del desarrollo tecnológico”, agregó.

Una visión en la que concuerda Lorena Donoso al ser consultada desde el punto de vista legal. “Hay dos premisas importantes, la libertad de investigación y la necesidad de fomentar el desarrollo tecnológico. La idea es regular estableciendo bordes, no meterse al detalle de la regulación porque en ese caso ya empiezas a poner trabas a la investigación científica y tecnológica”, explicó la abogada.

En esa misma línea, la experta se refirió a lo que considera deben ser las bases de una ley en la materia. “En el ámbito de la Inteligencia Artificial, debería regir también normas generales en relación a que se deberían regular los usos de la IA y no la IA en sí misma. En el fondo, no me parece que haya inteligencias artificiales que sean objeto de una regulación específica”, partió detallando al respecto.

“Ahora tenemos ejemplos en que si el elemento concreto es regulado porque es considerado altamente riesgoso, por ejemplo las armas, pero en este momento no creo que tengamos evidencia científica como para considerar a una IA tan riesgosa como para estimar que per se el operar inteligencia artificial sea una actividad riesgosa. Por tanto deberíamos tener la regulación en relación a los usos y no a la inteligencia artificial per se”, continuó al respecto Donoso.

Por su parte, David Ruete afirmó que aspectos básicos a considerar en una regulación son “clasificaciones, qué vamos a prohibir y que no”. “Qué cosa vamos a utilizar, aunque estén prohibidas, pero con, por ejemplo, una excepción del gobierno o un visto bueno. También debe haber obligaciones de los proveedores y de los usuarios. Y las sanciones, que por lo menos en la ley europea están más o menos claras”, comentó.

Los niveles de restricción establecidos en el proyecto de ley, de acuerdo con lo que señalan desde Minverso, busca “proteger a los consumidores y a la sociedad de los riesgos potenciales, sin imponer restricciones a las formas menos riesgosas de la IA que pueden estar al servicio de impulsar la innovación y desarrollo económico del país”.

Chile a la vanguardia

 

El desarrollo tecnológico en el país, la presencia de la Política Nacional de Inteligencia Artificial, la circular sobre uso responsable de herramientas de IA en el sector público y la presentación de este nuevo proyecto de legislación ponen a Chile como pionero en la región. Otro ejemplo que refuerza esta idea es que Chile fue el primer país en el mundo en implementar la RAM, metodología de la UNESCO creada para ayudar a los Estados a identificar su nivel de preparación frente a las IA. Fueron 300 especialistas los que trabajaron en ella, dando paso a la actualización de la Política Nacional.

Desde Minverso, fueron enfáticos al indicar que “en Chile tenemos la oportunidad de posicionarnos como líderes en el desarrollo de la IA en la región”. “Nos falta la determinación para avanzar y para esto es clave avanzar en regulación, pero también en inversión que fomente la investigación y el desarrollo”, sostuvo Rodrigo González ante la consulta.

Lorena Donoso en tanto destacó trabajos en los que Chile ha marcado la pauta en torno a las IA. “Casi todos los países han adoptado el modelo chileno en materia de inteligencia artificial en derecho. El diccionario de derecho que se utiliza, es un diccionario creado por los profesores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Fuimos pioneros y sobre ese diccionario han trabajado los distintos países”, ejemplificó la abogada.

Mayo 9, 2024

Este artículo fue publicado originalmente en Radio Universidad de Chile.

COLUMNA DE OPINIÓN
Por Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.

La muerte del conscripto en Putre, la amputación de la mano de otro joven y los abusos que relataron los conscriptos que realizaban su servicio militar en Huamachuco, parecen asombrar poco a la opinión pública. Al menos no lo que se hubiese esperado considerando la gravedad de la situación.

Lo anterior puede ser porque nos estamos acostumbrando a tragedias así o porque sufrir este tipo de tratos forma parte de lo esperable en el contexto del servicio militar. Sin ir más lejos, a través de redes sociales, muchas personas escribieron comentarios muy ofensivos e inapropiados hacia los jóvenes. Algunas personas se atrevieron a mofarse e incluso a encararlos por su “falta de valentía”.

Hacer el servicio militar no debe significar jamás que los jóvenes pueden ser víctimas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Respecto a una situación similar a la que acabamos de ver en Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue enfática en su sentencia de 2017 en el caso Ortiz Hernández y otros versus Venezuela. La Corte sostuvo que “si bien la actividad militar conlleva en sí misma un riesgo por la naturaleza de sus funciones, el Estado se encuentra en la obligación de proteger la vida e integridad personal de los miembros de las fuerzas armadas en todos los aspectos de la vida militar, incluyendo los entrenamientos para afrontar situaciones de guerra o conflicto, así como el mantenimiento de la disciplina militar, entre otros”.

En el caso de los conscriptos de Putre además hay denuncias de maltrato y tortura. Los jóvenes, quienes estaban bajo la custodia del Estado, han señalado que fueron sometidos a golpes de pies y puños por parte de sus superiores, esto mientras dormían, comían, desarrollaban una instrucción o durante las caminatas. Relatan también que se les exponía a fecas de ratones en los espacios de preparación y consumo de alimentos. Todo esto jamás debe naturalizarse. Al contrario debe despertar empatía por el dolor de estos jóvenes y sus familias.

El Estado de Chile debe emprender varias acciones al respecto, por una parte, debe investigar oportuna y exhaustivamente lo sucedido, y si corresponde debe sancionar a los responsables, incluyendo a toda la línea de mando del Ejército. Por cierto, debe reparar a las víctimas y proporcionar garantías de no repetición para evitar que estos hechos se vuelvan a repetir.

 

En el esclarecimiento de los hechos es imprescindible que se realice el protocolo de Minnesota, el cual corresponde aplicar en casos de muerte en custodia del Estado y el protocolo de Estambul, el cual es pertinente para acreditar denuncias de tortura.

Por otra parte, es tiempo de hacer una revisión completa respecto a cómo se está realizando el servicio militar; adecuar los protocolos internos para prevenir actos de tortura y tomarse en serio la formación en derechos humanos en el Ejército y en todas las instituciones de las Fuerzas Armadas.

 

Hay que recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirma que el Estado tiene el deber de adoptar medidas preventivas de diversa índole, entre ellas de carácter administrativo o legislativo, a fin de reducir el nivel de riesgo al que se enfrentan los miembros de las fuerzas armadas en el marco de la vida militar.

 

Por cierto, es de extrema gravedad la denuncia de nueve conscriptos en la que indican que para tramitar la baja voluntaria debieron firmar un acta, la que sostenía que jamás recibieron apremios físicos, sicológicos, ni ningún tipo de maltrato. Si esta acusación es cierta estaríamos ante un intento de encubrir los hechos por parte del Ejército.

 

Es esperable que las acciones que se han anunciado a favor de esclarecer los hechos prosperen adecuadamente. Entre ellas está la querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la designación de una ministra en visita por parte de la Corte Suprema y la Comisión Investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados. El Estado debe hacer todo lo necesario para llegar a la verdad, reparar a las víctimas y dar garantías de que el sufrimiento de estos jóvenes no lo vivirán otros conscriptos. Esta vez el “nunca más” debe ser una realidad.

Amnistía Internacional Chile

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Mayo 10, 2024

Por Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.

El  deleznable homicidio de tres funcionarios de Carabineros el pasado 27 de abril apresuró la agenda de seguridad y de paso la discusión de las reglas del uso de la fuerza por parte de las policías y Fuerzas Armadas. Sin duda, legislar sobre esto es importante, necesario y urgente. Sin embargo, no es posible olvidar que se debe legislar con profunda responsabilidad y en base a evidencia.

 

Este proyecto de ley que ingresó en abril del año pasado se aprobó en general el pasado viernes en la Cámara de diputados y diputadas por 144 votos a favor. Este texto llama la atención y prende las alertas por varios motivos. En primer lugar, porque el principio de ‘proporcionalidad’ brilla por su ausencia haciendo oídos sordos a los estándares internacionales de derechos humanos. Y, en segundo lugar, porque rechazó la indicación sobre ‘evitar apuntar y disparar armamento menos letal directamente al rostro, a la cabeza o al torso por sobre la parte baja del abdomen de cualquier persona”. 

El principio de proporcionalidad indica que tanto el tipo de fuerza empleada como su intensidad dependen del grado de resistencia o agresión que debe enfrentar quien la usa. Tratándose de funcionarios estatales que ostentan el monopolio del uso de la fuerza, esto es un mínimo irrenunciable a fin de impedir excesos y arbitrariedades.

 

De hecho, el principio de proporcionalidad constituye una barrera frente a intromisiones indebidas en el ámbito de los propios derechos, lo cual resulta imprescindible cuando revisamos la historia reciente de Chile y vemos como la desproporción en el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado ya ha causado gravísimas violaciones de derechos humanos en manifestaciones masivas y pacíficas como sucedió en octubre de 2019.

 

Por otro lado, qué podemos esperar de una ley que no es categórica y explícita en prohibir que se disparen armas menos letales como por ejemplo perdigones de goma, al rostro, cabeza y torso de las personas, teniendo tan reciente el legado de impunidad y no reparación de las más de 400 personas víctimas de lesiones oculares durante el ‘estallido social’.

Por último y afortunadamente, la indicación que pedía devolver a la justicia militar los casos en que uniformados incurrieran en un delito cumpliendo labores de orden público se rechazó. Pero sólo por 72 votos a favor, 71 en contra y una abstención por inadmisibilidad. Hoy, donde hay quienes pretenden retroceder a tiempos donde en Chile había dos justicias, reafirmamos con más fuerza que nunca que se debe limitar el uso de la justicia militar a delitos estrictamente militares y excluir de manera explícita los casos de violaciones de derechos humanos o crímenes de derecho internacional.

  

Sería esperable aplicar los aprendizajes de los terribles acontecimientos que ha vivido Chile en su larga historia y, sin embargo, parece que la premura por legislar no permite detenerse a pensar y establecer medidas respetuosas y responsables, sin apresuramiento ni aprovechamiento político. Desde Amnistía Internacional llevamos tiempo insistiendo en la necesidad de ocuparnos de la seguridad a nivel país, pero preocupémonos en serio, y no de cualquier manera.

 

Los parlamentarios y parlamentarias, al momento de legislar deben adecuar la legislación interna a los estándares internacionales de derechos humanos y garantizar que no se vulneren los derechos fundamentales de la ciudadanía.  Para ello es indispensable la reposición en esta ley del principio de proporcionalidad, así como prohibir los disparos de armamento menos letal directamente al rostro. Es lo mínimo. No incluir estas indicaciones podría conllevar consecuencias nefastas como mayor represión, abusos, mutilaciones y hasta muertes. El Congreso debe velar porque este proyecto de ley sea aprobado considerando los puntos mencionados.

Mayo 9, 2024

Este artículo fue publicado en Radio Universidad de Chile en el marco de una alianza de colaboración entre Amnistía Internacional y el medio de comunicación.