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COMUNICADO DE PRENSA

  • Tres ataques contra Al Maghazi y Rafá el mes pasado
  • Aparentes ataques directos contra la población civil matan a 32 niños y niñas
  • Ataques alcanzan a niños que jugaban al futbolín y a viviendas mientras las familias dormían

 

La Corte Penal Internacional debe investigar como crímenes de guerra tres ataques aéreos israelíes lanzados el mes pasado que mataron a 44 personas civiles palestinas, entre ellas 32 niños y niñas, en la Franja de Gaza ocupada, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

La Corte Penal Internacional debe investigar como crímenes de guerra tres ataques aéreos israelíes lanzados el mes pasado que mataron a 44 personas civiles palestinas, entre ellas 32 niños y niñas, en la Franja de Gaza ocupada, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

 

En los ataques —uno de ellos efectuado en Al Maghazi el 16 de abril, y dos llevados a cabo en Rafá el 19 y el 20 de abril de 2024— también resultaron heridas al menos 20 personas civiles, y constituyen nuevos indicios de una constante más amplia de crímenes de guerra perpetrados por las fuerzas armadas israelíes en la Franja de Gaza ocupada durante los últimos siete meses.

 

“Estos devastadores ataques han diezmado familias y truncado cruelmente la vida de 32 niños y niñas”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional.

 

“Nuestras conclusiones aportan indicios fundamentales de ataques ilegítimos por las fuerzas militares israelíes, al tiempo que el fiscal de la Corte Penal Internacional solicita órdenes de arresto contra altos cargos de Israel y Hamás, entre ellos el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. En un momento en el que las fuerzas armadas de Israel siguen ampliando su incursión terrestre en Rafá, estos casos ilustran también la necesidad urgente de un alto el fuego.”

 

“Pese a las peticiones cada vez más numerosas de que se ponga fin a la transferencia de armas a Israel, a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que ordena un alto el fuego y al juicio desfavorable de numerosos dirigentes mundiales contra la incursión terrestre israelí en Rafá, las fuerzas armadas de Israel han seguido intensificando sus operaciones, incluidos estos ataques incesantes contra la población civil.”

 

“Los casos que se documentan aquí ilustran con claridad una constante de ataques durante los últimos siete meses en los que las fuerzas israelíes han incumplido el derecho internacional, matando a población civil palestina con total impunidad y exhibiendo un cruel desprecio por la vida humana.”

 

Desde octubre de 2023, Amnistía Internacional ha investigado en profundidad 16 ataques aéreos israelíes que han matado a un total de 370 civiles, incluidos 159 niños y niñas, y han provocado centenares de personas heridas. Amnistía Internacional ha hallado indicios de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas israelíes, entre ellos ataques directos contra la población civil o ataques indiscriminados, así como otros ataques ilegítimos y castigos colectivos infligidos a la población civil.

Para esta última investigación, Amnistía Internacional entrevistó a 17 sobrevivientes y testigos, inspeccionó los lugares de los ataques, acudió a un hospital en el se trataba a las personas heridas, fotografió los restos de las municiones empleadas en los ataques y los sometió a la identificación de expertos, examinó material videográfico y fotográfico obtenido de fuentes locales y publicado en las redes sociales y analizó las imágenes de satélite de los lugares.

 

Amnistía Internacional no encontró indicio alguno de que en las zonas atacadas por las fuerzas armadas israelíes o aledañas hubiera habido objetivos militares en ninguno de los tres ataques, lo que suscita honda preocupación por que los ataques constituyan ataques directos contra la población civil y bienes de carácter civil, que son crímenes de guerra. Israel no ha proporcionado ninguna información sobre los ataques de Rafá, y sólo ha hecho declaraciones generales, que luego ha desmentido, sobre el ataque de Al Maghazi.

 

Aun en el caso de que la intención de las fuerzas israelíes hubiera sido de atacar objetivos militares legítimos en las proximidades de estos tres ataques, los indicios apuntan a que estos ataques no distinguieron entre objetivos militares y bienes de carácter civil y, por tanto, serían indiscriminados. Los ataques indiscriminados que causan la muerte o heridas a civiles o destruyen o dañan bienes de carácter civil son crímenes de guerra.

 

Los datos reunidos por Amnistía Internacional también indican que las fuerzas armadas israelíes no avisaron —como mínimo a todas las personas que vivían en los lugares afectados— antes de lanzar los ataques.

 

El 7 de mayo de 2024, Amnistía Internacional envió a las autoridades israelíes preguntas relacionadas con los ataques. En el momento de publicar este comunicado no se había recibido respuesta.

Campo de refugiados de Al Maghazi: ataque contra futbolín mata a 15 civiles

 

El 16 de abril, hacia las 15.40 horas, un ataque aéreo israelí sobre el campo de refugiados de Al Maghazi, en Gaza central, mató a 10 niños y niñas de entre 4 y 15 años, y a 5 hombres de entre 29 y 62. Entre los hombres que murieron en el ataque había un barbero, un vendedor de falafel, un auxiliar de odontología, un entrenador de fútbol y un hombre mayor con discapacidad. Más de una decena de residentes, en su mayor parte niños y niñas, resultaron heridos.

La munición aterrizó en mitad de una calle de mercado en la que varios niños y niñas jugaban alrededor de un futbolín. Amnistía Internacional examinó 4 vídeos y 22 fotografías filmadas por residentes y periodistas, y tomadas también en el lugar por su personal en el terreno.

En el futbolín, los vehículos cercanos y las paredes de las casas y tiendas aledañas se aprecian daños provocados por fragmentos de armamento. El panorama de los daños vistos en el lugar y los componentes electrónicos de los fragmentos recogidos coincidían con los de los pequeños misiles guiados de precisión y las bombas planeadoras que lanzan los drones israelíes. No se informó de la presencia de helicópteros ni aviones en la zona ese día, pero sí se escucharon drones de manera constante, según los testigos a los que entrevistó Amnistía Internacional.

Dos de los hijas de Jaber Nader Abu Jayab perdieron la vida en el ataque. El hombre de 34 años contó a Amnistía Internacional: “Estaba en casa cuando oí el ataque. Al principio pensé que había sido más lejos, pero sal salir me di cuenta de que había sido justo al lado de nuestra calle, a unos 20 metros. Había niños y niñas muertos y heridos por todas partes”.

 

“Encontré al hijo de mi hermana, Mohammed (de 12 años). Estaba gravemente herido y murió al cabo de dos días. Luego encontré a mi hija Mila (de cuatro). Estaba gravemente herida y se la llevaron al hospital, pero cuando yo llegué, sobre una hora después, me dijeron que había muerto poco después de ingresar… Y entonces vi a mi hija Lujan (de nueve años); estaba muerta.” Su hijo Ahmed (de siete) sufrió lesiones graves pero sobrevivió.

 

Cinco días después del ataque, Rajaa Radwan, de 10 años, contó a Amnistía Internacional en la escena del ataque: “Estaba jugando en este futbolín… Les dije a mis amigos que siguieran, y me fui a la tienda de al lado y luego a casa… Tuve suerte y no me hirieron, pero a mis amigos Raghad y Shahd los mataron”.

 

Mohammed Jaber Issa, maestro de ciencias de 35 años que perdió a familiares en el ataque, contó a Amnistía Internacional que la niña Shahd Odatallah, de 11 años, había muerto en el supermercado, al que había ido a comprar galletas: “Murió con un trozo de ma’moul [galleta] en la mano”.

 

Y añadió: “Uno de los niños muertos en el ataque venía del barrio de Al Tuffah, en Ciudad de Gaza; salió de allí huyendo del hambre y acabó encontrando la muerte aquí”.

 

Mahmud Shanaa, de 37 años, que resultó herido durante el ataque, contó a Amnistía Internacional: “Los niños y niñas y quienes que estaban alrededor de ellos murieron porque el misil aterrizó muy cerca del futbolín. El futbolín está siempre rodeado de niños. Los niños no tienen ningún otro sitio donde jugar, y ahora, con el peligro de la guerra, no se van lejos, sino que juegan fuera de sus casas”.

 

En respuesta a CNN, las fuerzas armadas israelíes dijeron inicialmente que el ataque había alcanzado un “objetivo terrorista” en Al Maghazi, pero se negaron a proporcionar detalle o prueba alguna. Posteriormente dijeron que no tenían registros del ataque. Las fuerzas armadas israelíes tampoco accedieron a responder a preguntas relacionadas con la naturaleza del objetivo, ni a precisar si había muerto algún combatiente.

Campo de refugiados de Al Maghazi: ataque contra futbolín mata a 15 civiles

 

El 16 de abril, hacia las 15.40 horas, un ataque aéreo israelí sobre el campo de refugiados de Al Maghazi, en Gaza central, mató a 10 niños y niñas de entre 4 y 15 años, y a 5 hombres de entre 29 y 62. Entre los hombres que murieron en el ataque había un barbero, un vendedor de falafel, un auxiliar de odontología, un entrenador de fútbol y un hombre mayor con discapacidad. Más de una decena de residentes, en su mayor parte niños y niñas, resultaron heridos.

La munición aterrizó en mitad de una calle de mercado en la que varios niños y niñas jugaban alrededor de un futbolín. Amnistía Internacional examinó 4 vídeos y 22 fotografías filmadas por residentes y periodistas, y tomadas también en el lugar por su personal en el terreno.

En el futbolín, los vehículos cercanos y las paredes de las casas y tiendas aledañas se aprecian daños provocados por fragmentos de armamento. El panorama de los daños vistos en el lugar y los componentes electrónicos de los fragmentos recogidos coincidían con los de los pequeños misiles guiados de precisión y las bombas planeadoras que lanzan los drones israelíes. No se informó de la presencia de helicópteros ni aviones en la zona ese día, pero sí se escucharon drones de manera constante, según los testigos a los que entrevistó Amnistía Internacional.

Dos de los hijas de Jaber Nader Abu Jayab perdieron la vida en el ataque. El hombre de 34 años contó a Amnistía Internacional: “Estaba en casa cuando oí el ataque. Al principio pensé que había sido más lejos, pero sal salir me di cuenta de que había sido justo al lado de nuestra calle, a unos 20 metros. Había niños y niñas muertos y heridos por todas partes”.

 

“Encontré al hijo de mi hermana, Mohammed (de 12 años). Estaba gravemente herido y murió al cabo de dos días. Luego encontré a mi hija Mila (de cuatro). Estaba gravemente herida y se la llevaron al hospital, pero cuando yo llegué, sobre una hora después, me dijeron que había muerto poco después de ingresar… Y entonces vi a mi hija Lujan (de nueve años); estaba muerta.” Su hijo Ahmed (de siete) sufrió lesiones graves pero sobrevivió.

 

Cinco días después del ataque, Rajaa Radwan, de 10 años, contó a Amnistía Internacional en la escena del ataque: “Estaba jugando en este futbolín… Les dije a mis amigos que siguieran, y me fui a la tienda de al lado y luego a casa… Tuve suerte y no me hirieron, pero a mis amigos Raghad y Shahd los mataron”.

 

Mohammed Jaber Issa, maestro de ciencias de 35 años que perdió a familiares en el ataque, contó a Amnistía Internacional que la niña Shahd Odatallah, de 11 años, había muerto en el supermercado, al que había ido a comprar galletas: “Murió con un trozo de ma’moul [galleta] en la mano”.

 

Y añadió: “Uno de los niños muertos en el ataque venía del barrio de Al Tuffah, en Ciudad de Gaza; salió de allí huyendo del hambre y acabó encontrando la muerte aquí”.

 

Mahmud Shanaa, de 37 años, que resultó herido durante el ataque, contó a Amnistía Internacional: “Los niños y niñas y quienes que estaban alrededor de ellos murieron porque el misil aterrizó muy cerca del futbolín. El futbolín está siempre rodeado de niños. Los niños no tienen ningún otro sitio donde jugar, y ahora, con el peligro de la guerra, no se van lejos, sino que juegan fuera de sus casas”.

 

En respuesta a CNN, las fuerzas armadas israelíes dijeron inicialmente que el ataque había alcanzado un “objetivo terrorista” en Al Maghazi, pero se negaron a proporcionar detalle o prueba alguna. Posteriormente dijeron que no tenían registros del ataque. Las fuerzas armadas israelíes tampoco accedieron a responder a preguntas relacionadas con la naturaleza del objetivo, ni a precisar si había muerto algún combatiente.

Rafá: dos ataques en dos días matan a 29 civiles

 

El 19 de abril hacia las 22.15 horas, una bomba aérea alcanzó la vivienda de cuatro pisos de la familia de Abu Radwan en el barrio de Tal al Sultan, en el oeste de Rafá; mató a nueve miembros de la familia —seis niños y niñas, dos mujeres y un hombre— e hirió a otros cinco familiares (tres niños y niñas, un hombre y una mujer). En el ataque resultaron heridas también una mujer y su hija, miembros de la familia que vivía en la casa contigua.

 

Subhi Abu Radwan, funcionario público retirado de 72 años, sobrevivió al ataque, que mató a uno de sus hijos y su nuera, una hija y seis de sus nietos y nietas. Contó a Amnistía Internacional: “Yo aún estaba despierto cuando se produjo el ataque, mientras que mis hijos y mis nietos ya estaban durmiendo. Estaba abajo y no oí la explosión, pero me di cuenta de que había habido un ataque al sentir temblar la casa y ver cómo todo se llenaba de polvo y escombros.”

 

“Empecé a gritar pidiendo ayuda y enseguida vinieron vecinos y personal de los equipos de rescate a ayudarnos.  El misil entró por el tejado, en el tercer piso, y bajó hasta el segundo, donde explotó y mató a todos los que estaban allí…”

 

“No supe quién estaba vivo o muerto hasta más tarde, en el hospital. Ahí fue cuando me enteré de cuántos de mis familiares habían muerto. A los muertos y heridos los encontramos fuera, entre los escombros; habían salido despedidos del edificio por la fuerza de la explosión.”

 

Nisrine Saleh, maestra de 40 años y nuera de Subhi, resultó herida en el ataque. Contó a Amnistía Internacional: “No pude moverme durante varios días tras el ataque. Los médicos me dijeron que tenía la columna vertebral dañada, y pensé que me iba a quedar paralítica, pero por suerte estoy empezando a recuperar algo de movilidad… Aún no alcanzo a asimilar lo que le ha pasado a nuestra familia. Han destrozado a nuestra familia sin motivo alguno”.

 

A partir de una fotografías de fragmentos recuperados en el lugar, los expertos en armamento de Amnistía Internacional determinaron que la munición era MPR 500, una bomba de 500 libras (más de 200 kilos) fabricada por la empresa israelí IMI. Los restos del sistema de guía de precisión de la bomba encontrados llevaban marcado el código CAGE (código comercial y de entidad gubernamental) 0UVG2, que indica que al menos una parte fue fabricada por AeroAntenna, un proveedor de defensa estadounidense radicado en California.

 

Amnistía Internacional examinó 17 fotografías y un vídeo del lugar del ataque tomados en el lugar por personal de la organización en el terreno. El panorama de los daños que sufrió la casa de Abu Radwan es compatible con una bomba aérea de este tamaño. El examen de las imágenes por satélite muestra cambios sutiles y daños en el tejado entre el 16 y el 20 de abril, lo que concuerda con las fotos tomadas en terreno y los relatos de testigos.

 

El día siguiente, 20 de abril, un ataque lanzado en torno a las 23.20 horas destruyó la casa de la familia Abdelal en Al Jneinah, un barrio del este de Rafá; mató a 20 de sus familiares —16 niños y niñas y cuatro mujeres— e hirió a otros dos menores. Las víctimas estaban durmiendo. Sólo sobrevivieron tres padres de los niños, el abuelo y algunos de los niños, que estaban sentados en el recibidor de la granja familiar, situado a unos 100 metros de la casa.

 

Hussein Abdelal, propietario de la casa, perdió a su madre, sus dos esposas y 10 de sus hijos e hijas (de entre 18 meses y 16 años) en el ataque. Contó a Amnistía Internacional: “Sigo buscando entre los escombros restos de mi madre y mis hijos. Sus cuerpos quedaron destrozados. He encontrado pedazos, partes de los cuerpos de mis hijos. He encontrado a algunos sin la cabeza. Es inhumano; [la bomba] lo destruyó todo; nuestra vida, nuestra casa, incluso mató a los animales…”

 

“¿Por qué nos tratan de una forma tan inhumana? Nosotros no tenemos nada que ver con nada; no hemos hecho nada malo… Aún no alcanzo a entender lo que ha ocurrido.”

 

El desplome de los suelos y los daños estructurales masivos que sufrió la casa de la familia Abdelal podrían corresponder al impacto de una bomba aérea, según el análisis de 14 fotografías y 3 vídeos tomados en el lugar por personal de Amnistía Internacional sobre el terreno. El análisis de las imágenes de satélite del sitio muestra la destrucción causada entre las 07.03 horas del 20 de abril y las 11.51 horas del 21 de abril (UTC).

Información complementaria

Rafá acogía a más de 1,2 millones de personas procedentes de zonas más septentrionales que quedaron desplazadas forzosamente el 13 de octubre de 2023, cuando las fuerzas armadas israelíes dictaron la primera orden de “evacuación” masiva contra la población del norte de Gaza. La población residente en Gaza se vio obligada a desplazarse más hacia el sur a medida que las fuerzas israelíes expandían su campaña terrestre.

Cuando las fuerzas israelíes iniciaron su incursión terrestre en gran escala en Jan Yunis, una ciudad grande situada al norte de Rafá, en febrero de 2024, la mayoría de sus residentes huyó a Rafá, y una parte se desplazó hacia el norte, hacia el centro de la Franja de Gaza, incluida la zona de Al Maghazi y sus alrededores. Gran parte de Jan Yunis fue destruida o dañada por las fuerzas israelíes que quedaban en abril de 2024. Alrededor del 90% de la población de Gaza ha sufrido al menos un desplazamiento forzado, y mucha gente se ha visto obligada a desplazarse en varias ocasiones. Se calcula que tras la expansión de las operaciones de Israel en Rafá un millón de personas palestinas han quedado desplazadas en Gaza.

Amnistía Internacional también ha documentado violaciones del derecho internacional cometidas por Hamás y otros grupos armados desde el 7 de octubre, incluidos homicidios deliberados de civiles, toma de rehenes y ataques indiscriminados con cohetes contra Israel. Amnistía Internacional pide a Hamás y otros grupos armados que pongan en libertad sin condiciones a todos los civiles que continúan retenidos como rehenes en Gaza. La toma de rehenes es un crimen de guerra. Amnistía Internacional ha documentado de forma sistemática violaciones del derecho internacional cometidas por Hamás y otros grupos armados en Gaza, que incluyen tortura y otros malos tratos, ataques indiscriminados con cohetes contra Israel y otros ataques que han causado muertes de palestinos en la Franja de Gaza ocupada.

Web: https://amnistia.cl/israel-y-territorios-palestinos-ocupados-los-ataques-aereos-israelies-que-mataron-a-44-civiles-nuevo-indicio-de-crimenes-de-guerra-nueva-investigacion/

Para entrevistas contactar a: 

Ilsen Jara, directora de comunicaciones de Amnistía Internacional Chile al +569 6427 8411 o a ilsen.jara@amnistia.cl

Débora González , periodista, al +56 9 5660 3468 o a debora.gonzalez@amnistia.cl

Amnistía Internacional Chile

COMUNICADO DE PRENSA

Mayo 27, 2024

COMUNICADO DE PRENSA

El patrón de hostigamiento continuo por medio del abuso del sistema penal llevado a cabo por parte de las autoridades del Ministerio Público (MP) y del Organismo Judicial (OJ) para reprimir y desmantelar la lucha contra la corrupción y la impunidad, incorpora varias formas de discriminación y violencia de género que exponen a las mujeres criminalizadas a un doble castigo, dijo Amnistía Internacional hoy al publicar su nuevo informe, “Todo el sistema en contra”, criminalización de mujeres operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos en Guatemala.

“Es alarmante ver cómo las autoridades del Ministerio Público y el Organismo Judicial a cargo de estos casos no solamente han implementado una estrategia perversa de persecución penal infundada y de intimidación, sino que además dan paso libre, con total indiferencia e impunidad, a la discriminación y la violencia basada en género en contra de las mujeres operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos criminalizadas”. dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

 

Las personas que participaron profesionalmente en la lucha contra la impunidad y la corrupción enfrentan acciones coordinadas destinadas a perseguirlas judicialmente y encarcelarlas de forma arbitraria, a través de cargos infundados y presentados en procedimientos penales sin las garantías de un juicio justo. Estas acciones conforman un patrón de criminalización y hostigamiento que a su vez constituyen violaciones de derechos humanos atribuibles al MP y el OJ.

 

Basado en entrevistas y el análisis de una decena de casos, el informe expone las características de este patrón y los impactos de estas prácticas ilegitimas bajo el derecho internacional de los derechos humanos. El informe relata en detalle las historias de la exjueza Erika Aifán, la exfiscal y presa de conciencia Virginia Laparra, las exauxiliares fiscales Paola Escobar y Aliss Morán, y la abogada y exmandataria de la CICIG, Claudia González, todas sometidas a procesos injustos sólo por haber realizado funciones legítimas dentro del sistema de justicia penal.

 

“En lugar de ser protegidas, estas mujeres están expuestas a un castigo adicional solamente por haberse atrevido a enfrentar la impunidad y los roles de género tradicionalmente establecidos”, agregó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional .

 

Patrón de violaciones de derechos humanos

 

La investigación evidencia que las personas operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos suelen enfrentar al mismo tiempo numerosas demandas penales, administrativas o disciplinarias. Amnistía Internacional considera que el número extremadamente elevado de denuncias penales simultáneas y carentes de una base fáctica o legal suficiente analizadas en el informe, juntamente con el hecho de que estas denuncias son promovidas por las autoridades con la única intención de castigar y silenciar a personas operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos, convierte estos casos en demandas estratégicas contra la participación pública, también conocidas, por sus siglas en inglés, como SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation).

 

El informe detalla que, a lo largo del proceso penal, las personas criminalizadas enfrentan un sinfín de violaciones a sus derechos a mano de del MP y del OJ. Amnistía Internacional ha documentado por ejemplo que las autoridades han abusado de la detención preventiva, ordenando esta medida sin respetar los estándares internacionales al respecto, y han permitido detenciones prolongadas de personas que no son presentadas ante un juez sino hasta semanas después de su arresto en violación de normas nacionales e internacionales. A ello se suman vulneraciones de la presunción de inocencia, al derecho de defensa, repetidas restricciones injustificadas de la publicidad de las audiencias y un patrón de retrasos injustificados de los procesos y audiencias. Además, llama la atención que algunos tipos específicos de delitos se usan con más frecuencia en los procesos de criminalización como los de abuso de autoridad, revelación de información e incumplimiento de deberes y que un número significativo de estos casos están siendo conocidos solamente por un reducido número de Juzgados de Primera Instancia Penal.

 

En paralelo, las personas criminalizadas enfrentan un acoso continuo en espacios públicos, y en la esfera digital. Los ataques en redes sociales, provenientes de hordas de cuentas coordinadas (Netcenters), incluyen insultos, mensajes denigrantes hacia ellas y sus familias, vigilancia, e incluso amenazas de detención, daños o muerte. Estos ataques son activados estratégicamente por sus autores en momentos claves del proceso judicial para incrementar la intimidación y el hostigamiento hacia las personas criminalizadas.

 

La información recabada por Amnistía Internacional muestra que las denuncias destinadas a poner fin a estos tipos de hostigamiento están estancadas o desechadas. Adicionalmente, las mismas cuentas que ejecutan los ataques en la esfera digital han filtrado en redes sociales, con plena impunidad, información de los casos que
sólo debe estar en conocimiento de las autoridades, anunciando anticipadamente, por ejemplo, operativos u otras acciones de dichas autoridades.

 

De manera muy preocupante, la organización también documentó que estas tácticas se han ampliado, fortalecido y repetido de forma tal que han abarcado cada vez a más personas operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos a lo largo de los últimos años, generando un profundo efecto inhibidor en las y los profesionales del sector justicia en el país.

 

Discriminación y violencia de género

 

Las personas criminalizadas suelen enfrentar acciones específicas de discriminación, violencia de género y racismo. Este fenómeno afecta de manera particular a las mujeres operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos que se han atrevido a luchar contra la corrupción y retar los roles que tradicional y socialmente son asignados a la “masculinidad” en la procuración de justicia.

 

Los testimonios recibidos por Amnistía Internacional incluyen gestos y discursos misóginos de las partes que intervienen en el marco de los procesos, así como múltiples mensajes y montajes difundidos en redes sociales, todos destinados a restarles valor como profesionales y como mujeres.

 

Lamentablemente, la investigación evidencia que las autoridades han faltado a sus obligaciones con relación a la prevención y sanción de la discriminación y violencia, al no poner fin a estas prácticas que ocurrieron en más de una ocasión durante las audiencias en el marco de los procesos penales seguidos en contra de las mujeres operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos criminalizadas, y al no investigar adecuadamente las denuncias relacionadas con la violencia en línea.

 

“El juez hubiera tenido que parar al querellante adhesivo por sus comentarios misóginos, la violencia verbal, o sus cuestionamientos sobre nuestras vidas personales porque el caso no se relacionaba con esto, pero no lo hizo. Hasta un fiscal se reía. Nosotras tuvimos que pararles”, dijo una abogada y defensora de derechos humanos entrevistada para este informe.

 

Esta desprotección, junto con otros aspectos relacionados con los roles de género y de cuidado que asumen, también ha tenido impactos diferenciados para las mujeres criminalizadas, que afectan diversos aspectos de sus vidas.

 

Justicia descarrilada, sociedad en riesgo

 

El patrón de criminalización analizado revela, de manera inquietante, no solamente retrocesos en la lucha contra la impunidad, sino el descarrilamiento de la justicia en el país.

 

Tanto la ley guatemalteca como las normas internacionales de derechos humanos establecen que las y los jueces y fiscales deben de poder ejercer sus labores sin presiones. Sin embargo, en los casos analizados el Ministerio Público y el Organismo Judicial no han protegido la independencia de sus funcionarios, a pesar de que se trata de un elemento fundamental para garantizar el adecuando funcionamiento de la justicia y los derechos humanos de la población.

 

La organización observa con suma preocupación que los cuatro casos de criminalización expuestos en el informe derivan de señalamientos e investigaciones de hechos de corrupción en el seno mismo del sistema de administración de justicia, incluyendo el nombramiento de magistrados.

 

Amnistía Internacional considera que la criminalización sistemática de las personas operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos que han fortalecido la lucha contra la corrupción es peligrosa en cuanto pone en entredicho el correcto desarrollo de las funciones judiciales y fomenta la impunidad, lo cual a su vez pone en riesgo el acceso a la justicia de las personas víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos. Además, tiene un efecto amedrentador que va más allá del foro jurídico, e impacta negativamente en la libertad de expresión y el derecho de defender derechos humanos de la sociedad en su conjunto.

 

“El hecho de que las mujeres que han denunciado, investigado o conocido de estos casos de corrupción son las que están hoy en el banquillo de las acusadas e incluso hayan enfrentado la cárcel, es sintomático de un sistema de justicia enfermo. Urge que las autoridades guatemaltecas cambien el rumbo para sanar sus instituciones, colocando en su centro los derechos de todas las personas en Guatemala, de acuerdo con el derecho internacional, y pongan fin a esta persecución penal por motivos políticos”, agregó Ana Piquer.

 

Entre sus recomendaciones, Amnistía Internacional insta a las autoridades a desestimar las denuncias penales infundadas y que tengan como objetivo o resultado menoscabar el trabajo de las personas operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos, atemorizarlas o castigarlas por su labor, e investigar el hostigamiento judicial, así como todas las formas de acoso, discriminación y violencia de género descritos en el informe.

 

Además, es fundamental que las autoridades adopten políticas y medidas para identificar, evitar y sancionar la discriminación y la violencia de género en contra de mujeres operadoras de justicia, defensoras de derechos humanos y periodistas, incluso en entornos digitales.

 

La organización también recomienda adoptar medidas para facilitar la reintegración del personal del MP forzado a renunciar, despedido arbitrariamente o sancionado injustamente en el contexto descrito antes, así como velar porque que los procesos de selección de magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Corte de Apelaciones se basen en la idoneidad, méritos e independencia de las y los aspirantes al cargo y sean transparentes.

Para entrevistas contactar a: 

Ilsen Jara, directora de comunicaciones de Amnistía Internacional Chile al +569 6427 8411 o a ilsen.jara@amnistia.cl

Débora González , periodista, al +56 9 5660 3468 o a debora.gonzalez@amnistia.cl

Amnistía Internacional Chile

COMUNICADO DE PRENSA

Mayo 23, 2024

COMUNICADO DE PRENSA

Ante la noticia de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha solicitado órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, y los dirigentes de Hamás Yahya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Israel y en el Estado de Palestina, concretamente en la Franja de Gaza ocupada, desde al menos el 7 de octubre de 2023, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado:

 

“Nadie está por encima del derecho internacional: ni dirigentes de grupos armados, ni cargos gubernamentales —elegidos o no— o militares. Ninguna persona, con independencia de la causa que defienda, está por encima de la ley.

La medida adoptada por la Fiscalía de la CPI transmite un mensaje importante a todas las partes del conflicto dentro y fuera de Gaza, y es que deberán rendir cuentas por los daños ruinosos causados a la población de Gaza e Israel.

 

Los presuntos responsables de crímenes de derecho internacional en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados deben ser juzgados y obligados a rendir cuentas, con independencia del poder que tengan o el puesto de autoridad que ocupen.

 

Además, la solicitud de órdenes de detención por la Fiscalía de la CPI ante la situación en el Estado de Palestina es una oportunidad largamente esperada para poner fin al círculo vicioso de impunidad que ha imperado durante décadas en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, y para restablecer la credibilidad del sistema de justicia internacional en su conjunto.

 

Todos los Estados deben respetar la legitimidad de la Corte y abstenerse de todo intento de intimidar o presionar a sus magistrados para que éstos puedan realizar su trabajo con plena independencia e imparcialidad.

 

Mientras la Fiscalía continúa sus investigaciones, la Sala de Cuestiones Preliminares deberá examinar sin demora y tomar una decisión sobre estas primeras solicitudes de órdenes de arresto. Todos los Estados, incluidos los que no son partes en el Estatuto de la CPI, deben respetar esta decisión. Cuando los magistrados de la Corte aprueban una orden de detención, todos los Estados Partes en el Estatuto deben garantizar el cumplimiento de esa orden.”

Información complementaria

 

En las solicitudes presentadas para pedir órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, se alegan crímenes de guerra de causar inanición a la población civil, realizar ataques directos a civiles así como homicidio intencional y causar deliberadamente gran sufrimiento, y crímenes de lesa humanidad de exterminio —incluso causando inanición— y persecución, entre otros, con arreglo al Estatuto de Roma, cometidos en la Franja de Gaza al menos desde el 8 de octubre de 2023.

 

En cuanto a los dirigentes de Hamás Yahya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh, la Fiscalía alega crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra de exterminio, asesinato, violación y otras formas de violencia sexual, toma de rehenes y actos de tortura y otros malos tratos en el contexto de cautiverio, entre otros.

 

Estas solicitudes aún deben ser examinadas y aprobadas por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte para que se dicten las órdenes de detención. La Fiscalía añadió que hay investigaciones en curso. Eso significa que podría haber más solicitudes, contra otras personas y por otros presuntos crímenes.

 

Amnistía Internacional lleva tiempo pidiendo a la Fiscalía de la CPI que adopte de inmediato medidas concretas para acelerar la investigación abierta en marzo de 2021 en relación con posibles crímenes según el Estatuto de Roma de la CPI cometidos desde el 13 de junio de 2014 en Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental. El 29 de octubre y de nuevo en noviembre de 2023, la Fiscalía de la CPI emitió tardíamente declaraciones que confirmaban que la investigación en curso sobre la situación en Palestina abarcaría los actos cometidos por todos los bandos en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados a partir del 7 de octubre.

 

Hasta ahora, las autoridades israelíes no han llevado a cabo investigaciones prontas, exhaustivas e independientes sobre los crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército israelí en todos los Territorios Palestinos Ocupados. Y las autoridades palestinas no han investigado los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos por Hamás y otros grupos armados.

 

Las pruebas recopiladas por Amnistía Internacional demuestran que las fuerzas israelíes están cometiendo violaciones flagrantes del derecho internacional humanitario desde el 7 de octubre de 2023, mediante ataques indiscriminados o directos contra civiles y contra bienes de carácter civil en la Franja de Gaza ocupada, que deben ser investigados como crímenes de guerra. Las autoridades israelíes tampoco han acatado las medidas dictadas por la Corte Internacional de Justicia para prevenir el genocidio impidiendo deliberadamente el acceso a ayuda humanitaria suficiente. Amnistía Internacional ha documentado asimismo ataques indiscriminados o directos contra civiles y bienes de carácter civil perpetrados por las fuerzas armadas israelíes durante los conflictos de 2008-2009, 2014 y 2021.

 

La organización de derechos humanos también ha documentado violaciones del derecho internacional cometidas por Hamás y otros grupos armados palestinos desde el 7 de octubre, incluidos homicidios deliberados de civiles, toma de rehenes y ataques indiscriminados con cohetes contra Israel. Amnistía Internacional pide a Hamás y otros grupos armados palestinos que pongan en libertad sin condiciones a todos los civiles que continúan retenidos como rehenes en Gaza. La toma de rehenes es un crimen de guerra. Amnistía Internacional ha documentado de forma sistemática violaciones del derecho internacional cometidas por Hamás y otros grupos armados en Gaza, que incluyen tortura y otros malos tratos, ataques indiscriminados con cohetes contra Israel y otros ataques que han causado muertes de palestinos en la Franja de Gaza ocupada.

Amnistía Internacional Chile

COMUNICADO DE PRENSA

Mayo 22, 2024

Photo: ©Amnesty Germany/Jarek Godlewski

Simon Crowther, asesor jurídico de Amnistía Internacional, asistirá a la próxima vista judicial de Julian Assange, que se celebrará ante el Tribunal Superior de Reino Unido el 20 de mayo, para observar los procedimientos como observador jurídico experto.

El desenlace de esta vista determinará si Julian Assange tiene más oportunidades para defender su caso ante los tribunales británicos o si ha agotado todos los recursos en Reino Unido, lo que desembocará en su extradición o en una solicitud ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

“Ahora que el tribunal vuelve a reunirse para determinar la suerte de Julian Assange, repetimos las enormes repercusiones que hay en juego si es extraditado a Estados Unidos: el riesgo de que sea sometido a violaciones de derechos humanos y el perjuicio duradero que se causará a la libertad de prensa mundial”, ha manifestado Simon Crowther.

 

“Si es extraditado, Assange puede enfrentarse a decenas de años de cárcel y al peligro de ser recluido en régimen de aislamiento prolongado en una prisión de máxima seguridad con malos servicios de salud. Es sencillamente imposible garantizar su seguridad y bienestar, al igual que Estados Unidos no los garantiza a las decenas de miles de personas que están actualmente encarceladas en el país. Assange ya ha pasado cinco años encarcelado en Reino Unido, gran parte de ellos de forma arbitraria.”

 

“Las autoridades estadounidenses parecen totalmente decididas a que Assange sirva de ejemplo por exponer los presuntos crímenes de guerra que han cometido, en lugar de defender y respetar los valores de la libertad de expresión. Recibir información gubernamental delicada de fuentes exteriores y difundirla en aras del interés público no es un delito. Se trata de actividades fundamentales para el trabajo de periodistas y editores. La opinión pública tiene el derecho absoluto a saber si su gobierno está infringiendo el derecho internacional. Estados Unidos debe retirar todos los cargos formulados contra Assange, y Reino Unido debe detener los procedimientos de extradición, lo que permitirá que Assange sea liberado sin demora de la custodia británica.”

Información complementaria

Tras el aplazamiento, el 26 de marzo, de la vista judicial, el Tribunal Superior de Reino Unido ha confirmado la celebración de una vista el 20 de mayo, tras haber recibido nuevas garantías diplomáticas de Estados Unidos el 16 de abril.

 

El 3 de mayo, Amnistía Internacional emitió una declaración pública sobre la importancia del principio de publicidad de los actos judiciales y el acceso de observadores judiciales a las vistas de Julian Assange.

Amnistía Internacional Chile

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Mayo 16, 2024

COLUMNA DE OPINIÓN
Por Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.

La muerte del conscripto en Putre, la amputación de la mano de otro joven y los abusos que relataron los conscriptos que realizaban su servicio militar en Huamachuco, parecen asombrar poco a la opinión pública. Al menos no lo que se hubiese esperado considerando la gravedad de la situación.

Lo anterior puede ser porque nos estamos acostumbrando a tragedias así o porque sufrir este tipo de tratos forma parte de lo esperable en el contexto del servicio militar. Sin ir más lejos, a través de redes sociales, muchas personas escribieron comentarios muy ofensivos e inapropiados hacia los jóvenes. Algunas personas se atrevieron a mofarse e incluso a encararlos por su “falta de valentía”.

Hacer el servicio militar no debe significar jamás que los jóvenes pueden ser víctimas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Respecto a una situación similar a la que acabamos de ver en Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue enfática en su sentencia de 2017 en el caso Ortiz Hernández y otros versus Venezuela. La Corte sostuvo que “si bien la actividad militar conlleva en sí misma un riesgo por la naturaleza de sus funciones, el Estado se encuentra en la obligación de proteger la vida e integridad personal de los miembros de las fuerzas armadas en todos los aspectos de la vida militar, incluyendo los entrenamientos para afrontar situaciones de guerra o conflicto, así como el mantenimiento de la disciplina militar, entre otros”.

En el caso de los conscriptos de Putre además hay denuncias de maltrato y tortura. Los jóvenes, quienes estaban bajo la custodia del Estado, han señalado que fueron sometidos a golpes de pies y puños por parte de sus superiores, esto mientras dormían, comían, desarrollaban una instrucción o durante las caminatas. Relatan también que se les exponía a fecas de ratones en los espacios de preparación y consumo de alimentos. Todo esto jamás debe naturalizarse. Al contrario debe despertar empatía por el dolor de estos jóvenes y sus familias.

El Estado de Chile debe emprender varias acciones al respecto, por una parte, debe investigar oportuna y exhaustivamente lo sucedido, y si corresponde debe sancionar a los responsables, incluyendo a toda la línea de mando del Ejército. Por cierto, debe reparar a las víctimas y proporcionar garantías de no repetición para evitar que estos hechos se vuelvan a repetir.

 

En el esclarecimiento de los hechos es imprescindible que se realice el protocolo de Minnesota, el cual corresponde aplicar en casos de muerte en custodia del Estado y el protocolo de Estambul, el cual es pertinente para acreditar denuncias de tortura.

Por otra parte, es tiempo de hacer una revisión completa respecto a cómo se está realizando el servicio militar; adecuar los protocolos internos para prevenir actos de tortura y tomarse en serio la formación en derechos humanos en el Ejército y en todas las instituciones de las Fuerzas Armadas.

 

Hay que recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirma que el Estado tiene el deber de adoptar medidas preventivas de diversa índole, entre ellas de carácter administrativo o legislativo, a fin de reducir el nivel de riesgo al que se enfrentan los miembros de las fuerzas armadas en el marco de la vida militar.

 

Por cierto, es de extrema gravedad la denuncia de nueve conscriptos en la que indican que para tramitar la baja voluntaria debieron firmar un acta, la que sostenía que jamás recibieron apremios físicos, sicológicos, ni ningún tipo de maltrato. Si esta acusación es cierta estaríamos ante un intento de encubrir los hechos por parte del Ejército.

 

Es esperable que las acciones que se han anunciado a favor de esclarecer los hechos prosperen adecuadamente. Entre ellas está la querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la designación de una ministra en visita por parte de la Corte Suprema y la Comisión Investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados. El Estado debe hacer todo lo necesario para llegar a la verdad, reparar a las víctimas y dar garantías de que el sufrimiento de estos jóvenes no lo vivirán otros conscriptos. Esta vez el “nunca más” debe ser una realidad.

Amnistía Internacional Chile

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Mayo 10, 2024

© Unsplash/Brett Wharton Manifestantes en Boston protestando por un alto el fuego en la guerra de Gaza.

Derechos humanos

[blockquote text=”La relatora especialista en libertad de expresión señala que las restricciones a este derecho fundamental en las Universidades y calles de Estados Unidos, además de violar el derecho de protesta, están agudizando la polarización política y llevando al país a una especie de histeria.” show_quote_icon=”yes” quote_icon_color=”#af492d”]

En el marco de las protestas dentro de las Universidades y las calles de Estados Unidos sobre la guerra en Gaza y las medidas que se están tomando contra ellas, una experta* independiente de derechos humanos señaló que la “crisis de Gaza se está convirtiendo en una crisis mundial de la libertad de expresión”.

En respuesta a los distintos niveles de tolerancia que se observan en las manifestaciones, dependiendo de si estas son pro-palestinas o son pro-israelíes, la relatora** especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión dijo que es “una señal muy preocupante”, especialmente en países conocidos por apoyar el derecho a la manifestación pacífica.

“Las cabezas de los directores de universidades están rodando”, observó Irene Khan, señalando que se está restringiendo tanto la libertad de expresión académica como la estudiantil: “Esto va a tener enormes repercusiones durante mucho tiempo”.

“¿Adónde nos lleva esto? Esto claramente polariza aún más el clima político sobre este tema entre un ellos y un nosotros. Y una parte tiene razón y la otra no”, explica.

Khan destaca que se ha producido un aumento de la incitación al odio en todos los bandos, lo que también es muy preocupante, sin embargo aclara que hay que distinguir entre lo que es esa instigación y lo que es la crítica política legítima o una visión política diferente.

“Creo que el antisemitismo o la islamofobia deben prohibirse. De hecho, ambos están prohibidos por el derecho internacional. Pero no debemos mezclar eso con la crítica a Israel como entidad política, como Estado. Criticar a Israel es perfectamente legítimo según el derecho internacional. Y lo que veo que ocurre en muchas de estas situaciones es una confusión entre lo que es incitación al odio, o incitación a la violencia por motivos de raza o religión, y lo que es básicamente una visión política diferente de la situación en Israel y los territorios ocupados, o una crítica a las políticas de Israel, una crítica a la forma en que Israel está llevando a cabo este conflicto”, dijo la experta.

Histeria en Estados Unidos

 

Khan, que como otros relatores y expertos de derechos humanos de la ONU no recibe un salario por su trabajo, insistió en que el discurso legítimo debe ser protegido, pero observa que, “por desgracia, hay una especie de histeria, si puedo decirlo así. Hay una histeria que se está apoderando de los EE.UU., sobre esta cuestión”.

ONU Noticias
Irene Khan, relatora especial sobre la libertad de expresión y de opinión.

También señala que ella y otros expertos independientes de derechos humanos han “detectado un sesgo contra el apoyo pro-palestino”.

Como ejemplo, señala que en las redes sociales se ha demostrado en las que dependen de Meta: “La propia junta de supervisión de Meta ha pedido cuentas al respecto diciendo que no están tratando de la misma manera el discurso pro-israelí y el discurso pro-palestino. Hay un sesgo”.

Por todo ello, Khan se mostró muy preocupada porque “todos estos son mensajes muy negativos sobre la libertad de expresión”.

Y recordó: “Necesitamos la libertad de expresión, es un derecho fundamental. Es importante para la democracia. Es importante para el desarrollo. Es importante para la resolución de conflictos, para las negociaciones y, en última instancia, para construir la paz”.

Para la experta sacrificar ese derecho en aras de razones políticas y tratando de socavar los derechos a la libertad de protesta, de reunión pacífica, el derecho a la libertad de expresión, supone un “flaco favor” a la democracia por el que “pagaríamos un precio”.

“Sería más difícil negociar. Sería más difícil sentar a la gente a la mesa para hablar. Si encierras a una parte y no le permites desahogarse”, concluye.

*Los relatores especiales y otros expertos independientes en derechos forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. No forman parte del personal de la ONU, son independientes de cualquier gobierno u organización y no reciben un salario por su trabajo.

 

**Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.