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Abogado Luis Hermosilla en la cuarta jornada de su formalización en Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Foto: Aton.

La querellante en el caso Audios se inclinó por la medida cautelar más gravosa para que el abogado no se fugue del país. Sobre los hechos que involucran a Andrés Chadwick dijo: “Quisiera escuchar algún pronunciamiento por parte de la derecha”.

Diario UChile

La diputada del Partido Socialista por la Región de Atacama y una de las querellantes en la causa judicial del caso Audios, Daniella Cicardini, abogó porque en esta cuarta jornada de formalización del abogado Luis Hermosilla se establezca prisión preventiva como medida cautelar, como una señal hacia la ciudadanía y para recuperar la credibilidad de las instituciones.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la parlamentaria recalcó que estamos frente a “verdaderas redes de corrupción y de tráfico de influencias (…) que podrían tener vínculos con el mundo político, judicial, económico, con el SII, la Tesorería General de la República y la PDI”. Hipótesis que, por cierto, fue parte de las conclusiones a las que llegó la Comisión Investigadora del Caso Hermosilla en la Cámara Baja,

“Cuando vemos todo este entramado evidentemente nos convencimos de que quedábamos cortos con las herramientas fiscalizadoras del Congreso Nacional y avanzamos en una querella con el diputado (Daniel) Manouchehri”, explicó.

Respecto a la medida cautelar, Cicardini sostuvo que: “Nosotros esperamos avanzar en una prisión preventiva no solo por la gravedad de los hechos, sino también por la situación de reiteración y, además, porque hay audios del mismo señor Hermosilla que señalan que si se llegan a enterar de toda esta red de corrupción hay que arrancarse e irse a Jamaica con los pasajes, y lo que nosotros no queremos es que este personaje se fugue de nuestro país. Por lo tanto, lo mínimo es que podamos resguardar esta investigación y llegar hasta las últimas consecuencias con el mayor rigor de la ley para todos quienes resulten responsables. Es uno de los casos de corrupción más grandes que hemos vivido en nuestro país“.

En esa línea, y en su rol de querellante, la parlamentaria indicó que ha recibido advertencias de parte de sus colegas parlamentarios. “En el Congreso, en los pasillos, hemos recibido, quizás uno puede decir son consejos bien intencionados, pero también hay algunos con tonos que a lo menos llaman profundamente la atención, el ‘tengan cuidado, salgan de ahí’, son voces que reiteradamente a lo menos yo he escuchado y recibido por parte de mis colegas de manera muy transversal”, expuso.

“Hay algunos que deben estar muy preocupados. Vuelvo a insistir, acá vemos que hay tentáculos del caso Hermosilla que deben también penetrar en el mundo político, hay algunos que no están durmiendo bien y les incomoda que nosotros fuéramos parte de esta querella porque vamos a tener acceso a la carpeta, de hecho, tuvimos varios intentos descarados de la defensa para sacarnos del juicio“, aseguró.

En relación a un artículo publicado por el medio Ex-Ante, en el que se desliza la posibilidad de que pierdan el escaño al ser querellantes en este caso, la diputada respondió que es una afirmación “sin ninguna justificación y argumento jurídico ni legal“: “Les puedo decir que, primero, nosotros fuimos ratificados por la Corte de Apelaciones, segundo, no tenemos ningún impedimento ni inhabilidad constitucional, porque además nosotros no somos los abogados que patrocinan este caso ni tampoco estamos buscando una indemnización”.

Sobre los hechos que involucran Andrés Chadwick y la gravedad de que la defensa de su acusación constitucional haya sido financiada con dineros ilegales, Cicardini respondió que “acá no tenemos a cualquier político, es un político connotado de la derecha, de la UDI principalmente, un político que participó de la campaña de Pinochet y que en reiteradas oportunidades fue parte de gobiernos de derecha, como en el del presidente Piñera, y no en cualquier puesto, fue vocero de Gobierno, fue ministro del Interior y él fue acusado constitucionalmente, cuando justamente quienes lo defendieron fueron financiados por recursos de lavado de activos que era Factop“.

Con estos antecedentes, “a lo menos nosotros quisiéramos escuchar algún pronunciamiento por parte del sector de la derecha que han tenido un silencio cómplice y obviamente nosotros estamos analizando si es que esto tiene mérito constitucional para que, por ejemplo, en el caso de (Jean Pierre) Matus pueda también tener alguna acción como una acusación constitucional“.

Respecto al dilema que suscita en el mundo político el levantar el secreto bancario, la parlamentaria afirmó que: “Es un tema que le incomoda a un sector económico de nuestro país, al poder económico que también tiene sus tentáculos en el poder político. El caso Hermosilla deja en evidencia de porqué es tan importante avanzar en la ruta del dinero porque, ojo, en este caso también podría estar vinculado el Poder Judicial”.

“Con el caso Hermosilla, hoy día tenemos la oportunidad de recuperar la credibilidad de las instituciones y la fe publica del sistema completo porque esa sería la señal que esperaría el chileno y chilena en uno de los mayores casos de corrupción”, finalizó.

Revisa la entrevista completa acá:

Por: Diario UChile

Lunes 26 de agosto, 2024

Este artículo fue publicado originalmente en Radio Universidad de Chile.

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Foto: Agencia Aton

En el segundo día de formalización por el caso Audios, el fiscal Orellana explicó que la relación del abogado con los Jalaff incluía “ámbitos vinculados con la actividad delictiva”, y que el jurista sabía de la estructura criminal que integraba.

Pilar León Pardo

A las 9:20 am de este jueves comenzó la segunda jornada de la audiencia de formalización del abogado Luis HermosillaLeonarda Villalobos y Luis Angulo en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago en el marco de las investigaciones por el caso Audios.

El puntapié inicial lo dio el jefe de Alta Complejidad Oriente, el fiscal Miguel Ángel Orellana, quien ahondó sobre el delito de lavado de activos respecto del abogado Luis Hermosilla durante casi cuatro horas.

En ese sentido, el fiscal señaló al inicio de su exposición que es necesario hacer referencia, en primer lugar, al rol que tenía Hermosilla en la mezcla de intereses entre Daniel y Ariel Sauer, y Álvaro y Antonio Jalaff.

Así, el fiscal Orellana afirmó que para entender cabalmente el conocimiento que el abogado Luis Hermosilla tenía respecto del funcionamiento de esta verdadera estructura y su plan criminal, hay que analizar la posición que éste tenía dentro de la misma.

“Anticipamos desde ya que su vinculación más estrecha no es con los señores Sauer, a quienes conoce recién en 2017, sino que es con los señores Jalaff, con quienes tiene un vínculo que va mucho más allá, que excede con distancia de la relación abogado cliente. Es un amigo. Por los antecedentes recabados durante el desarrollo de la investigación se considera ‘un hermano’, que no sólo está interesado en los asuntos procesales o jurídico-técnicos de las actividades profesionales o personales de los señores Jalaff, sino que también lo está en sus resultados económicos”, explicó.

Orellana enfatizó en su relato que Hermosilla “no sólo aprovecha, en definitiva, la bonanza o el éxito, y sufre con los problemas económicos de los señores Jalaff”, sino que “el exceso de la labor respecto de los señores Jalaff, tiene que ver con su rol de consejero, en el más amplio sentido de la palabra. Y que incluye los ámbitos vinculados con la actividad delictiva”.

De esta forma, durante la audiencia, el persecutor detalló a través de operaciones bancarias y chats las operaciones que Luis Hermosilla mantiene con los Sauer y los Jalaff, con el objetivo de dejar en evidencia que el abogado habría tenido conocimiento de la situación económica y de financiamiento entre las estructuras criminales.

“Luis Hermosilla no es capaz, no podrá decir nunca que lo que le pagó Mario Ramírez, que lo que le transfirió a su mujer, a sus tres secretarias, con lo que pagó la camioneta, es plata lícita, porque ya no es posible afirmarlo, porque ya está contenida en la cuenta corriente del Banco BCI. Es justamente esa combinación, la que el sistema de control anti lavados y el artículo 27 letra b de la Ley 19.913 establece, porque después de eso no hay forma de distinguir los recursos lícitos de los ilícitos“, detalló.

Posteriormente, el fiscal Miguel Ángel Orellana se refirió a María Leonarda Villalobos y Luis Angulo, sin embargo, no logró terminar su intervención en este segundo día.

Al termino de la audiencia de este jueves, el abogado defensor de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, comentó que al comienzo de los procesos las versiones son muy contrapuestas y luego se van alcanzando los consensos.

“Hoy, después de escuchar la presentación extensa del fiscal Orellana, está más o menos claro que acá ha habido una línea de créditos según el repitió muchas veces, por parte de Factop, y lo que sostiene el Ministerio Público es que el uso de esa línea de crédito con dineros provenientes de eso, se mezclaba con los ingresos lícitos de Luis y eso podría contaminar ese tipo de operaciones u otras. Si eso es así, vamos a tener una tremenda discusión jurídica entonces sobre si esos hechos que él discute, son constitutivos de delito o no. Ojo que eso dijo él, que ese va ser el punto que vamos a discutir con la defensa, lo que es interesante porque tenemos que aclarar los hechos, que ya se van aclarando”, aseveró.

Para este viernes a las 9:30 am está programada la tercera jornada de formalización en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, donde se espera que termine de presentar la Fiscalía, para dar paso a los alegatos de los querellantes y las exposiciones de las defensas de los implicados.

Por: Pilar León Pardo

Jueves 22 de agosto, 2024

Este artículo fue publicado originalmente en Radio Universidad de Chile.

Santiago, 19 de noviembre de 2019 El fiscal Francisco Ledezma recibe la declaración del joven Gustavo Gatica en la clínica Santa Maria, quien perdió sus ojos tras recibir disparos de perdigones percutados por carabineros. En la imagen el abogado del joven Carlos Gajardo se dirige a la prensa. Javier Salvo/ Aton Chile

El abogado puso énfasis en otra arista del caso: los nombramientos en el Poder Judicial, que -a su juicio- “permite un tipo de interferencia absolutamente indebida con un protagonismo muy alto de abogados litigantes” que luego cobran esos apoyos.

Diario UChile

El abogado de la Universidad de Chile y exfiscal, Carlos Gajardo, se refirió a la primera jornada de formalización de Luis Hermosilla por el Caso Audios y la reciente revelación de pagos millonarios a Andrés Chadwick.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Gajardo indicó que “probablemente si uno hubiese escuchado este tipo de audios en una escucha telefónica de un traficante de drogas con su abogado el escandalo no sería tanto, el problema es que se trata de un abogado íntimamente vinculado al mundo empresarial, político y la elite en general de nuestro país”.

En esa línea, sostuvo que el problema es que este caso “tiende a confirmar una cierta idea, un cierto prejuicio quizás de la ciudadanía, de que la justicia funciona de esta manera, de que los casos se resuelven con influencia, pagos de dinero, con coimas, lo que evidentemente le hace un daño muy importante al sistema de justicia y exige creo yo que esto sea aclarado completamente tanto en cuanto a determinar cuál es la magnitud de esto, si hay más personas involucradas y una vez hecha esta investigación profunda, lo que corresponde son las sanciones más drásticas“.

Para Gajardo, “si es que Leonarda Villalobos no hubiera tenido la genial idea de grabar esa conversación, y luego alguien la filtra, nunca nos hubiéramos enterado de aquello y seguramente Luis Hermosilla seguiría siendo el abogado prestigioso que fue durante décadas, eso nos lleva a otro tipo de reflexiones: a cómo el sistema tiene mecanismos para detectar y prevenir estas conductas”.

“Por ejemplo, hay conductas importantes de defraudación de impuestos. Entonces, hace sentido que desde distintos gobiernos intenten tener mejores mecanismos de prevención, de evitar los altos niveles de elusión que tiene nuestro país (…). Si uno pudiera, por ejemplo, tener mayor facilidad de acceder al secreto bancario, a las cuentas corrientes, esto que se discute a partir de este caso lo podría haber descubierto el Servicio de Impuestos Internos con mejores herramientas. Lo mismo en los casos de lavado de activos, si la unidad de análisis financiero tuviera mejores herramientas por supuesto que esto sería más fácilmente detectable”, explicó.

El exfiscal además mencionó otra arista con relevancia, pero que ha tenido menos desarrollo, “que tiene que ver con las influencias de los nombramientos judiciales, Ministerio Público, notaría, ahí cobra mucha relevancia los chats de Luis Hermosilla, ya se han conocido algunos con ministros de corte, con personas relevantes, con políticos, que dan cuenta de que en un tema adicional, distinto, la manera que tenemos en nuestro país de nombramientos de las altas autoridades en el mundo judicial, en la Fiscalía, permite un tipo de interferencia absolutamente indebida con un protagonismo muy alto de abogados litigantes que luego, por supuesto, no hay que ser inocentes en esto, van a cobrar esos apoyos en las propias causas que estén tramitando”.

“Esto si que era un secreto a voces de un funcionamiento opaco y donde el gran problema es que no hay un premio o búsqueda de la meritocracia. Un sistema de justicia, lo que tiene que buscar es que los mejores fiscales lleguen a los puestos de arriba, que los mejores jueces terminen instalados en las cortes. Lo que el sistema termina generando es más bien una búsqueda de apoyos cruzados, desde el mundo político por una parte, y desde el mundo judicial por otra, y quienes tienen ese vínculo son justamente estos abogados políticos, que tienen conocimiento del mundo judicial y del mundo político porque están cercanas a sus redes. Esos personajes como Luis Hermosilla, pero como muchos más, terminan siendo claves porque tienen este doble acceso al mundo judicial y al mundo de la política que es donde se deciden los nombramientos”, cuestionó.

En ese sentido, afirmó que en muchos casos “en los que hay que actuar con rigor ante personas, entidades, que tienen poder, el sistema no tiene la fuerza para hacerlo y eso genera esta sensación de la ciudadanía fundada, como decía el ministro Juica, de que existen dos tipos de justicia, existe para decirlo groseramente una justicia para ricos y una para pobres”.

En referencia a las transferencias millonarias que recibió el exministro de Andrés Chadwick por parte de Hermosilla, el exfiscal dijo que “se pagaron un informe en el extranjero de 30 mil dólares para la defensa de Andrés Chadwick, entonces ya hay una imputación por un delito concreto a Luis Hermosilla (lavado de activos), ¿se puede extender esta acusación a otras personas? Por supuesto, en la medida que se acredite que esas personas estaban en conocimiento de estos hechos. a Luis Hermosilla se le imputa porque se dice usted sabía que estos dineros eran dineros negros, y usted contribuye a lavar esas platas blanqueándolas, esta acusación, por lo tanto, puede ser extendida a otras personas en la medida que se acredite que estas personas sabían, incluyendo y eso hay que investigarlo a Andrés Chadwick“.

Por: Diario UChile

Jueves 22 de agosto, 2024

Este artículo fue publicado originalmente en Radio Universidad de Chile.

El abogado Luis Hermosilla es fotografiado luego de entregar su declaración, como imputado, ante la Fiscalía Oriente por caso audios Dragomir Yankovic/Aton Chile.

Por el momento, el trabajo de Fiscalía y el OS7 de Carabineros se centra en afinar los detalles de las imputaciones en el caso que fue abierto por la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.

Diario UChile

La Fiscalía Metropolitana Oriente se encuentra preparando la formalización contra el abogado Luis Hermosilla por los delitos de soborno y blanqueo de capitales en el marco del caso Audios.

Según consignó El Mercurio, conocedores de la investigación afirmaron que existen antecedentes suficientes para comunicar los cargos.

Por el momento, el trabajo de Fiscalía y el OS7 de Carabineros se centra en afinar los detalles de las imputaciones en el caso que fue abierto por la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, quien dirige las pesquisas, junto con los persecutores Felipe Sepúlveda y Miguel Ángel Orellana.

Ayer, Hermosilla acudió en horas de la mañana a la Fiscalía Metropolitana Oriente, donde prestó declaración por casi cuatro horas. Se espera que durante esta jornada se continúe con la diligencia.

A la salida del recinto, el abogado Juan Pablo Hermosilla, hermano del imputado, dijo que estaban “cumpliendo” con lo que dijeron al inicio respecto a que iban a “colaborar con todos los antecedentes que se pudiera. Así que estamos en eso, y hoy (ayer) ha sido una primera declaración, y continuaremos probablemente mañana (hoy). Pero yo creo que esto va a ser un proceso más largo”.

“Sostenemos que, si bien hubo errores graves que se cometieron en esa reunión, (…) estimamos que no hay delitos”, precisó.

En noviembre de 2023, la fiscalía abrió una investigación de oficio en contra de Hermosilla tras la revelación que hizo Ciper Chile de un registro de audio en el que se involucra al abogado en el supuesto pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF).

Además, el 1 de diciembre pasado, el Consejo de Defensa del Estado interpuso ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago una querella contra el abogado Luis Hermosilla Osorio; el empresario Daniel Sauer Adlerstein; y la abogada María Leonarda Villalobos Mutter; como autores de delitos consumados y reiterados de soborno.

Esto, en el marco de la investigación penal iniciada a partir de la publicidad, por parte de medios de comunicación social, de una grabación y transcripciones que revelan la comisión de actuaciones delictivas reconocidas por los imputados, y de las que se desprende que pretendían intervenir en futuros ilícitos.

Asimismo, la acción penal del CDE también se dirige contra todos quienes resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores, de esos u otros delitos que puedan acreditarse durante el curso de la investigación penal, tales como cohecho, en su figura básica y/o agravada, revelación de secretos, falsificación de documento público y/o privado, delito informático u otros.

Finalmente, la querella del organismo se sustenta en los hechos que se consignan en el mencionado archivo de audio, que registró una reunión sostenida el pasado 22 de junio por los tres imputados; antecedente a partir del cual el CDE estima que se configura el delito de soborno, previsto y sancionado en el artículo 250, en relación con los artículos 248 y 248 bis del Código Penal, en los términos expresados precedentemente.

Por: Diario UChile

Miércoles 07 de agosto, 2024

Este artículo fue publicado originalmente en Radio Universidad de Chile.

Foto: Aton Chile

La ministra de la Mujer recordó que los delitos de este tipo son imprescriptibles desde el 2019. “Existe una institucionalidad dedicada a proteger a las víctimas y que busca sacar del secreto familiar el abuso sexual infantil”, dijo Orellana.

Diario UChile

El Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando dio a conocer la sentencia contra Eduardo Macaya Zentilli, padre del senador y presidente de la UDI Javier Macaya, condenado por el delito de abuso sexual infantil reiterado.

El pasado miércoles 10 de julio el tribunal declaró culpable a Macaya Zentilli, por el delito de abuso sexual contra dos menores de edad. En el veredicto, el imputado fue absuelto de otras dos acusaciones por los mismos ilícitos.

Finalmente, se determinó que el empresario cumpla una sentencia de seis años por los delitos. En el juicio, la Fiscalía Regional de O’Higgins había pedido una pena de 12 años de cárcel por cuatro víctimas.

Ministra Orellana: “Siempre estaremos del lado de las víctimas”

En el marco de un punto de prensa por la presentación de las iniciativas legislativas en materia de equidad salarial, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, sostuvo que al Poder Ejecutivo no le corresponde expresarse sobre sus expectativas respecto a una sentencia judicial. No obstante, la secretaria de Estado relevó la importancia de que la ciudadanía esté en conocimiento de que los delitos de abuso sexual infantil son imprescriptibles, desde el 2019 en adelante”.

“Las víctimas que han sufrido delitos sexuales como niños, niñas y adolescentes desde el 2019 en adelante, no tienen plazo de prescripción, tienen derecho al tiempo que en el caso de las víctimas previas a la ley de imprescriptibilidad, corren otros plazos, pero existe una institucionalidad que está dedicada a proteger a las víctimas y que busca sacar del secreto familiar y de la impunidad el abuso sexual infantil que lamentablemente es muy extendido en nuestro país”, declaró la ministra.

De esa manera, Orellana destacó que desde el Gobierno siempre apoyarán “todas las acciones que tengan que ver con terminar la impunidad en el abuso sexual infantil, con apoyar a la denunciante y con no ejercer presiones indebidas a partir de la visibilidad en ningún sentido, pero siempre es del lado de las víctimas”.

Desde el Ministerio liderado por Orellana recomiendan para las mujeres el fono orientación en violencia 1455 del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, para los jóvenes el canal de atención digital Hablemos todos del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), para los tutores el Fono Infancia (800 200 818) y para quienes quieran denunciar el fono Denuncia Seguro (4242).

Por: Diario UChile

Julio 19, 2024

Este artículo fue publicado originalmente en Radio Universidad de Chile.

Foto: Aton.

La denuncia de una niña de 12 años destapó las graves acusaciones contra el empresario, la menor guardaba archivos en su celular que demostraban su culpabilidad. La fecha condenatoria quedó para el 19 de julio.

Diario UChile

Era el 26 de mayo de 2023 cuando en un domicilio en Vitacura una adolescente de 12 años de manera espontánea, a eso de las 20:00 horas, decidió revelar una situación a su padre. “Papá estoy bien, pero hace tres años Eduardo me tocó”.

El testimonio, según reveló el medio La Tercera, quedó plasmado como la primera denuncia que existe en el expediente judicial en contra de Eduardo Macaya Zentilli y que abrió una investigación penal por el delito de abuso sexual reiterado de menores.

El caso tomó ribetes de alta connotación pública, ya que el acusado es el padre del presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, y este miércoles fue declarado culpable. El empresario arriesga penas efectivas de cárcel, como han solicitado la Fiscalía y los querellantes.

Más de un año duró la investigación a cargo de la fiscal de Alta Complejidad, Javiera Oro, quien solicitó en su acusación la pena de 12 años de presidio efectivo.

Entre las piezas investigativas que se mantenían secretas están los testimonios de las víctimas y también de parientes que fueron los testigos de las primeras revelaciones de las niñas.

La grabación:

El padre de la adolescente de 12 años, tras escuchar que Macaya la había tocado, le pidió más detalles. Ahí fue cuando ella le dijo que había sostenido ya una conversación con sus primas, quienes confesaron haber sido blanco también de actos de significación sexual por parte del empresario, actos que ocurrían en el fundo “Santa Elena” s/n, donde él vivía junto a su esposa y dos de sus hijos en el sector Placilla de San Fernando.

Hasta ahí el progenitor de la menor de edad contaba con su relato; sin embargo, acto seguido la propia víctima sacó su celular y le mostró imágenes que ella había grabado hacía algunas semanas, se sostiene en la acusación del Ministerio Público que fue el lunes 1 de mayo (feriado), en que el imputado estaba realizando tocaciones a una de sus primas más pequeñas.

La adolescente tomó el registro, según se estableció en la investigación, justamente con el propósito de tener pruebas de lo que había hecho “el tata Eduardo” con ella y para que dejara de hacerlo con su prima.

Previo a la denuncia penal que se realizó el 30 de mayo, algunas parientes mujeres de la adolescente de 12 años ya sabían lo que estaba ocurriendo, ya que la víctima había reenviado videos a una de sus tías como una forma de pedir ayuda. Esta última adulta, de más de 40 años, declaró durante el proceso judicial que un día que estaban en la casa de su madre su sobrina le dijo que le quería contar algo que le había pasado tres años atrás, “cuando ella tenía entre 8 y 9 años, en la casa de Eduardo en Placilla”. Ahí, continúa el relato, la niña habría referido los actos de connotación sexual de los que había sido víctima y ldice que le tiene que mandar algo.

“Cuando voy viendo los videos quedé de una pieza”, sostiene esta testigo, que en ese mismo acto pasó a convertirse en víctima para la Fiscalía. “Me paré, me fui a la cocina donde estaba mi mamá y se los mostré (los videos), y le dije que esto también me lo había hecho Eduardo cuando chica”, declaró la profesional de más 40 años.

Durante el transcurso de la investigación se apuntó a otras tres víctimas, todas de sexo femenino y menores de 14 años. “Quedamos en shock con mi mamá”, declaró la mujer. Es ahí cuando dice que se preocuparon por las otras niñas que la adolescente había sindicado como víctimas, entre las que se encontraba la niña de los videos. También confiesa que les preocupó “lo que significaba esta situación para la familia”.

Evitar la denuncia:

En el expediente judicial del caso hay varios testigos que dan cuenta de la renuencia de la familia más directa del imputado de denunciar. Que se iba a pegar un tiro, que la familia se dividiría y que era mejor evitar la denuncia y mantener todo “en familia”.

De hecho, en el expediente hay referencias a que cuando la tía de la adolescente de 12 años les dijo que se debía proteger a los niños que estaban en peligro, una de las parientes más directas del acusado la había emplazado a que si ella de verdad quería que Eduardo Macaya, el patriarca, se fuera a la cárcel y sufriera vejaciones sexuales por parte de otros reos, ya que “ese era el castigo” de una persona que comete delitos de esa índole.

Toda esta tensión e inacción de la familia terminó cuando R. recibió la revelación de su hija. De hecho, hay registros de que este último increpó al acusado. Fue ahí cuando el empresario se habría enterado de la existencia de los videos y de la inminente denuncia en su contra.

Según la profesional de más de 40 años Macaya la habría llamado y le dijo que se había enterado de todo, que él sabía que los niños no mienten, “y que si me había hecho algo, que lo perdonara, me decía: qué puedo hacer por ti, eso lo repetía; le dije que las cosas estaban claras, que viera los videos, que estaba tocando a su (pariente), decía que no se acordaba, le dije que se autodenunciara y ahí terminó la conversación”.

Peritajes:

Entre las pruebas que se llevaron a juicio oral -el que se declaró reservado- está el peritaje a los videos que fue realizado por la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI. Entre otras cosas concluye que efectivamente de las imágenes se desprende una conducta de abuso sexual de menor de 14 años y que -de hecho- en el propio registro se ve la actitud de la niña que rechaza los actos a los que la está sometiendo su pariente directo.

Esta acusación contó con la oposición de la defensa de Macaya, que durante todo el proceso penal, incluido el juicio, ha sostenido su inocencia. De hecho, en la apelación con la que se consiguió modificar la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario tras el pago de una fianza de $150 millones, sus abogados refieren a que el caso se sostiene por “una única denuncia”.

Varios de los testigos, se desprende de las declaraciones allegadas al expediente, intentan justificar el actuar “cariñoso” del acusado, debido a que así se ponía cuando “estaba ebrio”. Aun así, el propio Macaya ha sostenido que jamás ocurrieron los hechos y apuntó a que si su hijo no fuera senador la causa no existiría.

“Hoy debo romper este silencio porque confío en que el juicio oral que se inicia demostrará mi completa inocencia. Quiero decir que nunca buscamos una instancia de juicio abreviado o un acuerdo con el Ministerio Público, porque no estoy dispuesto a reconocer participación en hechos que nunca han ocurrido y que han afectado y expuesto a las personas que más quiero y que son probablemente las que me he preocupado de cuidar a lo largo de todo este tiempo”, dijo el acusado a la salida del tribunal el pasado 17 de abril.

Pese a todo, la fiscal Javiera Oro en la acusación ante el Tribunal Oral de San Fernando aseguró que existían al menos cuatro hechos con distintas víctimas que daban cuenta de conductas reiteradas de abuso sexual, que el acusado había actuado sobre seguro debido a la confianza que existía entre él y las menores de edad -por su parentesco- y que además el escenario de las conductas habían sido distintos lugares del fundo de la “Villa Macaya”, específicamente la casa principal, que habita hasta el día de hoy junto a su esposa.

Por: Diario UChile

Julio 11, 2024

Este artículo fue publicado originalmente en Radio Universidad de Chile.

Foto: Aton.

El padre del senador y timonel de la UDI, Javier Macaya, fue absuelto de otras dos acusaciones por los mismos ilícitos. La Fiscalía Regional de O’Higgins pidió una pena de 12 años de cárcel, pero por cuatro víctimas.

Diario UChile

Este miércoles el Tribunal Oral Penal de San Fernando declaró culpable a Eduardo Macaya Zentilli, padre del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, por el delito de abuso sexual contra dos menores de edad. La sentencia se conocerá el próximo 19 de julio.

En el veredicto conocido durante esta jornada, el tribunal absolvió a Macaya Zentelli por otras dos acusaciones por los mismos ilícitos. En el juicio, la Fiscalía Regional de O’Higgins pidió una pena de 12 años de cárcel, pero por cuatro víctimas.

El empresario de 72 años, se encontraba con la medida cautelar de arresto domiciliario. Si bien estuvo cerca de un mes en prisión preventiva durante 2023, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua revocó esta decisión ante el pago de $150 millones de fianza.

Macaya Zentilli, ingeniero agrónomo, fue formalizado luego de que la familia de una niña de 12 años lo denunciase por actos reiterados de connotación sexual.

La fiscal de Alta Complejidad de la Región de O’Higgins, Javiera Oro, indicó que se le imputó la comisión del delito en calidad de reiterado en contra de cuatro víctimas. La lectura de la sentencia será el 19 de julio.

Por: Diario UChile

Julio 10, 2024

Este artículo fue publicado originalmente en Radio Universidad de Chile.

El académico de la UDP alerta que las lógicas del lobby han permeado a todos los poderes del Estado. Por tanto, para avanzar en modificaciones al sistema de nombramiento, más que poner foco a quién designa, se debe instalar una nueva metodología.

Bárbara Paillal

Vuelve a reflotar la necesidad de modificar el sistema de nombramientos del Poder Judicial. Esto, a raíz de los presuntos favores realizados por jueces de la Corte Suprema, que involucran a Mario Desbordes, según reveló Ciper recientemente en una reportaje sobre el caso Topógrafo.

Mientras el Ministerio Público ya abrió una investigación de oficio y el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella del INDH por presunto tráfico de influenciasparlamentarios, exautoridades e incluso desde el Poder Judicial llamados para avanzar hacia un sistema en el que prime el mérito y la carrera profesional para evitar que se ponga en tela de juicio la imparcialidad.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el director de Clínicas Jurídicas de la Universidad Diego Portales y profesor del Departamento de Derecho Procesal, Cristián Riego, explicó que a lo largo del tiempo se ha desarrollado “una actividad de lobby bastante organizada y que ha hecho derivar este sistema de uno tradicional a uno donde se manejan intereses muy fuertes. Entonces, es una especie de degradación de un sistema tradicional que ya no puede seguir funcionando como tal”.

Como un segundo elemento, el abogado apuntó al fenómeno mundial de la “pérdida de los valores liberales”. En este caso, el de la independencia judicial que, a su juicio, ya no es apreciado en el mundo político ni probablemente en la opinión pública.

“Los políticos, que hasta hace algún tiempo eran más cuidadosos con esto, hoy día ya no tienen ningún cuidado y buscan influir, y entienden que el mundo judicial es parte de la cancha de la lucha política. Esto no es chileno, está ocurriendo en todo el mundo, lo cual ha significado un deterioro de todos los sistemas de designaciones”, señaló.

Consultado por posibles modificaciones, el académido UDP declaró sentirse “escéptico, primero, porque si hay un cambio lo tendría que hacer el sistema político y creo que el sistema político hoy día no tiene ninguna sensibilidad o muy poca sensibilidad con los valores del sistema judicial. Entonces, ellos buscarían cómo cuotearse de manera más grosera los cargos judiciales y probablemente terminaríamos peor de lo que estamos.

Por lo tanto, para el académico es “difícil imaginar un cambio positivo” considerando además los malos resultados que han generado los órganos autónomos en otros países: “Si uno mira toda la experiencia que hay tanto en América Latina como en el sur de Europa, que son los países más parecidos a los nuestros, estos concejos se han transformado en espacios de lucha política y corporativa bastante grosera. Entonces, termina siendo un espacio de negociación”.

Pese a dicha experiencia, Riego sostuvo que se podría modificar el actual sistema “si existiese la voluntad de mejorar la transparencia y disminuir la negociación política o corporativa, porque en Chile existen ambas. Existe la negociación política, pero como pudimos ver en estos casos también existe la negociación corporativa, o sea, jueces que hacen lobby por otros jueces probablemente porque, a su vez, se esperan que esos jueces el día mañana le retribuyan los favores en otras designaciones, sus propias carreras o de otros amigos de ellos”.

Respecto a si dicho cambio brega por quitarle al Senado la potestad de ratificar las designaciones, Riego afirmó que efectivamente “la participación del Senado es muy negativa, sobre todo por la exigencia de una mayoría tan alta, los dos tercios creo que han hecho mucho daño. Una aprobación por mayoría sería menos perniciosa”.

Sin embargo, recalcó que también participa de dicho proceso el Poder Ejecutivo donde “hoy incluso hay peleas al interior del propio gobierno, si el que resuelve es La Moneda o es el Ministerio de Justicia, cómo se producen a su vez negociaciones, intercambio de favores, o sea, la verdad es que todo esto, la lógica del lobby y del tráfico de influencias ha permeado todas las instancias”.

A juicio del abogado lo más importante no es tanto quién va a designar, sino cuál va a ser el método: “Cualquiera sea la fórmula, lo que tiene que haber es una metodología que impida el tráfico de influencias y que focalice la atención y la evaluación en los méritos del candidato y, si se quiere considerar, también su inclinación ideológica que es algo que puede ser válido, pero en un contexto controlado lo que nos interesa es la inclinación ideológica, la filosofía judicial han dicho algunos, si es un juez más conservador o más liberal, eso me parece bien. Lo que no parece correcto es que se considere si ha favorecido o no ha favorecido algún interés particular, si es amigo o no amigo de fulanito que es lo que hoy día está jugando”.

Por: Bárbara Paillal

Profesor de la Universidad Diego Portales, Cristián Riego. Foto: UDP.

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Junio 13, 2024

Este artículo fue publicado originalmente en Radio Universidad de Chile.

Fiscal nacional, Angel Valencia.

Jaime Naranjo emplazó duramente al líder del Ministerio Público y su compañero de tienda, Tomás de Rementería, criticó las declaraciones destempladas. Por su parte, Jorge Brito (RD) instó a “construir un nuevo paradigma entre civiles y militares”.

Fernanda Araneda

Una ola de críticas surgieron en contra del Ministerio Público y la PDI tras la absolución del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, en una causa por lavado de activos.

 

En su veredicto, que fue dado a conocer la mañana del lunes, las tres magistradas que componen el 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago acusaron una falta de rigurosidad en el trabajo de los organismos persecutores, cuestión que resonó en los diputados Jaime Naranjo (PS) y Carmen Hertz (PC).

 

En un punto de prensa, los parlamentarios señalaron que hoy existe una grave crisis al interior del Ministerio Público y apuntaron directamente a la figura del fiscal nacional, Ángel Valencia.

 

“Ante los ojos de la opinión pública, así como el fiscal (Jorge) Abbot quedó como el fiscal que contribuyó a que la relación entre el negocio y la política no se investigara; pareciera ser que el actual fiscal está por tapar la corrupción en nuestro país y no por investigarla. Creo que tenemos un serio problema al interior de la Fiscalía y principalmente en quién la encabeza”, estimó el diputado Naranjo.

 

En contraste, su compañero de tienda e integrante de la Comisión de Defensa, Tomás de Rementería, aseguró que aunque hay que revisar la labor que realizó Fiscalía en el caso Fuente-Alba, las críticas al Ministerio Público y al fiscal nacional, Ángel Valencia, han sido destempladas.

 

“Han habido muchos que han rasgado vestiduras sobre el rol del Ministerio Público, pero acá el Ministerio Público tuvo una causa, jugó sus recursos a una posición y la posición no fue considerada como tal por el tribunal existiendo recursos pendientes”, indicó el también integrante de la Comisión de Defensa, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile. 

 

“Se ha llegado muy lejos decir que acá hay una concomitancia del fiscal nacional. En eso no hay una prueba en absoluto y de hecho, esta causa empezó mucho antes de que Ángel Valencia se convirtiera en fiscal nacional. Yo creo que algunas críticas han sido bastante destempladas, incluso llegando al límite de lo absurdo”, afirmó.

 

El diputada socialista además recalcó que aún se trata de un proceso en curso, donde la Fiscalía puede pedir la anulación del juicio y que sumado a ello, hay una arista paralela por malversación de fondos públicos en la justicia militar.

 

“Tenemos que tener claro que las causas contra Fuente-Alba no se han terminado porque él hizo un mal uso de los fondos reservados del Ejército. No se configuró el lavado de activos, que es por lo que fue absuelto, pero hay otros delitos por los que podría ser sancionado aún”, planteó.

Jorge Brito (RD): “La confianza que teníamos en los tribunales se va deteriorando”

 

Desde el Frente Amplio, el también integrante de la Comisión de Defensa, Jorge Brito, coincidió en que aún restan instancias para saber qué pasará en el caso de Fuente-Alba, pero al mismo tiempo declaró que “es doloroso ver que el trabajo de años y la confianza que teníamos en los tribunales civiles se va deteriorando producto del fallo que conocimos”.

 

“Para nosotros es evidente que los gastos reservados de la defensa nacional terminaron siendo mal utilizados y es por eso que confiamos en que se repare y en última instancia, se logre una condena ejecutoria en contra de quienes, teniendo la responsabilidad de proteger a Chile, terminaron robándonos”, añadió.

 

Por otra parte, respecto al rol que jugó Fiscalía en el proceso de investigación, el diputado Brito afirmó que siguió de cerca las diligencias y “entendíamos que iban bien encaminadas”. “Sin embargo, no sabemos en qué se basó el tribunal para dictar esta sentencia, que insisto, para nosotros es solo transitoria, pues esperamos la definitiva”.

 

Finalmente, en cuanto a las investigaciones judiciales que actualmente se llevan en contra de otros miembros de las Fuerzas Armas, Brito señaló que “son más de 40 altos oficiales y todos los últimos excomandantes en jefe y sin embargo, cada uno tiene mérito distinto, algunos son por gastos en viajes al extranjero y otros derechamente porque se depositaron dineros en efectivo”, dijo.

 

“Si tenemos comandantes en jefe susceptibles al poder del dinero, es un problema para el estado de derecho y también para la defensa nacional, así que estamos empecinados en construir un nuevo paradigma entre civiles y militares”, concluyó.

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Mayo 15, 2024

Este artículo fue publicado originalmente en Radio Universidad de Chile.