Tras la aprobación de la ‘Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro’ conocida como ‘ley anti-ONG’, por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela, con la intención de seguir castigando a las organizaciones de derechos humanos y a la sociedad civil en el país.

Hace tan sólo algunas semanas el Presidente Gabriel Boric afirmó que “en Chile no hay impunidad”. Sin embargo, a poco más de 2 meses de que se cumpla el quinto aniversario del ‘estallido social’, uno de los periodos con mayores violaciones de derechos humanos cometidos en Chile desde la dictadura de Pinochet, la justicia aún no llega.