Hace tan sólo algunas semanas el Presidente Gabriel Boric afirmó que “en Chile no hay impunidad”. Sin embargo, a poco más de 2 meses de que se cumpla el quinto aniversario del ‘estallido social’, uno de los periodos con mayores violaciones de derechos humanos cometidos en Chile desde la dictadura de Pinochet, la justicia aún no llega.
El Estado de Chile está en deuda con miles de víctimas. Este aniversario no es menor, ya que al cumplirse cinco años muchas de las causas prescribirán a partir de octubre. Es decir, vencerá el plazo para seguir investigando aquellas causas donde no hay un mínimo de avances judiciales, dejando sin posibilidad de justicia y en la impunidad a un elevado número de personas.
Para esto, el poder ejecutivo se comprometió a reforzar la brigada de derechos humanos de la Policía de Investigaciones con el objetivo de dar celeridad a las investigaciones y mejorar la calidad de las mismas. Sin embargo, aún no sucede y un número importante de pericias audiovisuales siguen sin realizarse en relación a las denuncias de octubre de 2019.
Además, algunos de los casos que sí están en proceso han sufrido múltiples reprogramaciones, como es el caso particular de Renzo Inostroza, retrasando aún más la justicia. Tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial son quienes deben garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales establecidos hacia todas las personas y cumplir con las obligaciones internacionales al respecto.
Es ahora cuando el Poder Judicial tiene la autoridad para hacer justicia y no permitir que las investigaciones por violencia institucional prescriban. La impunidad sólo crea mayor desigualdad y descrédito en una sociedad que pide a gritos todo lo contrario. No son números, detrás de cada causa hay una persona y una familia cuya vida cambió para siempre y que necesita verdad, justicia y reparación.
En su reciente visita a Chile, Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces y abogados, expresó su preocupación justamente sobre “el lento avance de los casos relativos al uso excesivo de la fuerza y tortura por parte de Carabineros durante el estallido social”, en comparación “con el rápido avance en los casos de destrucción de bienes por los mismos hechos o hechos relacionados”.
A esto, además, se suma la permanencia en su cargo del Director General de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien junto a otros dos altos mandos tiene pendiente su formalización por su responsabilidad en las actuaciones de los policías en el control desproporcionado de las protestas de 2019. Es grave, preocupante e insostenible que dicha autoridad siga al mando, porque impide que lleve adelante su defensa sin inmiscuir a la institución en la investigación en su contra. La formalización está prevista para el 1 de octubre y, mientras tanto, Yáñez continúa al mando.
Es hora de dar una señal clara para Chile y el mundo: ninguna persona o institución está por sobre la ley. La formalización de los altos mandos de Carabineros es el primer paso para avanzar en justicia y contra la impunidad.
¿Es posible afirmar entonces que en Chile no hay impunidad teniendo todos estos antecedentes? Desgraciadamente no. Pero no importa cuánto tiempo pase ni cuántas puertas se cierren, en Amnistía Internacional seguimos con los ojos sobre Chile hasta que la justicia se haga realidad.
Agosto 19, 2024
Este artículo fue publicado en Radio Universidad de Chile en el marco de una alianza de colaboración entre Amnistía Internacional y el medio de comunicación.
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