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Venezuela: Aprobación de ‘Ley anti-ONG’ castiga la asistencia a víctimas y la defensa de los derechos humanos

Foto © Federico PARRA / AFP

COMUNICADO DE PRENSA

Venezuela: Aprobación de ‘Ley anti-ONG’ castiga la asistencia a víctimas y la defensa de los derechos humano

Tras la aprobación de la ‘Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro’ conocida como ‘ley anti-ONG’, por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela, con la intención de seguir castigando a las organizaciones de derechos humanos y a la sociedad civil en el país, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional dijo:

“La ‘ley anti-ONG’, que viola flagrantemente los derechos de asociación y participación en asuntos públicos, entre otros, es una nueva arremetida del gobierno de Nicolás Maduro contra quienes luchan por los derechos humanos en Venezuela. La aprobación de esta ley pone en riesgo la existencia y funcionamiento de las organizaciones comunitarias, humanitarias y de derechos humanos con artículos ambiguos que servirían de base para sancionarlas de forma desproporcionada y hasta arbitrariamente ilegalizarlas de forma masiva.

La aprobación de esta ley pone en riesgo la existencia y funcionamiento de las organizaciones comunitarias, humanitarias y de derechos humanos con artículos ambiguos que servirían de base para sancionarlas de forma desproporcionada y hasta arbitrariamente ilegalizarlas de forma masiva.

Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Es evidente que esta ley, como otras que buscan asfixiar el espacio cívico, forma parte de la política de represión de las autoridades venezolanas que pretende callar a quienes vienen denunciando desde hace años las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura sistemáticas por parte del gobierno, y que hoy más que nunca son vitales para documentar los crímenes de derecho internacional que se están cometiendo en la actualidad.”

“En la presente crisis postelectoral, las organizaciones de derechos humanos han liderado la denuncia de las decenas de muertes y miles de detenciones arbitrarias de manifestantes y activistas críticos al gobierno de Nicolás Maduro, y han seguido prestando ayuda humanitaria y acompañamiento comunitario en zonas de alta vulnerabilidad. La pretensión con la aprobación de esta ley es impedir que la sociedad civil venezolana siga acompañando a las víctimas, prestando asistencia que las autoridades no son capaces de satisfacer y denunciando la crisis humanitaria compleja en la que está sumida el país, así como los posibles crímenes de lesa humanidad orquestados por el gobierno de Nicolás Maduro. La aprobación de esta ley se suma a los mecanismos de persecución política que ya investiga el Fiscal de la Corte Penal Internacional”

La pretensión con la aprobación de esta ley es impedir que la sociedad civil venezolana siga acompañando a las víctimas, prestando asistencia que las autoridades no son capaces de satisfacer y denunciando la crisis humanitaria compleja en la que está sumida el país, así como los posibles crímenes de lesa humanidad orquestados por el gobierno de Nicolás Maduro.

Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Si desean concertar una entrevista, comunicarse con:

– Débora González , periodista, al +56 9 5776 6652 o a debora.gonzalez@amnistia.cl

Amnistía Internacional Chile

COMUNICADO DE PRENSA

Viernes 16 de agosto, 2024

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In #AmnistíaDice

Si no hay justicia, se siembra impunidad

Columna de Opinión
Por Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.

Hace tan sólo algunas semanas el Presidente Gabriel Boric afirmó que “en Chile no hay impunidad”. Sin embargo, a poco más de 2 meses de que se cumpla el quinto aniversario del ‘estallido social’, uno de los periodos con mayores violaciones de derechos humanos cometidos en Chile desde la dictadura de Pinochet, la justicia aún no llega.

El Estado de Chile está en deuda con miles de víctimas. Este aniversario no es menor, ya que al cumplirse cinco años muchas de las causas prescribirán a partir de octubre. Es decir, vencerá el plazo para seguir investigando aquellas causas donde no hay un mínimo de avances judiciales, dejando sin posibilidad de justicia y en la impunidad a un elevado número de personas.

Para esto, el poder ejecutivo se comprometió a reforzar la brigada de derechos humanos de la Policía de Investigaciones con el objetivo de dar celeridad a las investigaciones y mejorar la calidad de las mismas. Sin embargo, aún no sucede y un número importante de pericias audiovisuales siguen sin realizarse en relación a las denuncias de octubre de 2019.

Además, algunos de los casos que sí están en proceso han sufrido múltiples reprogramaciones, como es el caso particular de Renzo Inostroza, retrasando aún más la justicia. Tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial son quienes deben garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales establecidos hacia todas las personas y cumplir con las obligaciones internacionales al respecto.

Es ahora cuando el Poder Judicial tiene la autoridad para hacer justicia y no permitir que las investigaciones por violencia institucional prescriban. La impunidad sólo crea mayor desigualdad y descrédito en una sociedad que pide a gritos todo lo contrario. No son números, detrás de cada causa hay una persona y una familia cuya vida cambió para siempre y que necesita verdad, justicia y reparación.

En su reciente visita a Chile, Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces y abogados, expresó su preocupación justamente sobre “el lento avance de los casos relativos al uso excesivo de la fuerza y tortura por parte de Carabineros durante el estallido social”, en comparación “con el rápido avance en los casos de destrucción de bienes por los mismos hechos o hechos relacionados”.

A esto, además, se suma la permanencia en su cargo del Director General de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien junto a otros dos altos mandos tiene pendiente su formalización por su responsabilidad en las actuaciones de los policías en el control desproporcionado de las protestas de 2019. Es grave, preocupante e insostenible que dicha autoridad siga al mando, porque impide que lleve adelante su defensa sin inmiscuir a la institución en la investigación en su contra. La formalización está prevista para el 1 de octubre y, mientras tanto, Yáñez continúa al mando.

Es hora de dar una señal clara para Chile y el mundo: ninguna persona o institución está por sobre la ley. La formalización de los altos mandos de Carabineros es el primer paso para avanzar en justicia y contra la impunidad.

¿Es posible afirmar entonces que en Chile no hay impunidad teniendo todos estos antecedentes? Desgraciadamente no. Pero no importa cuánto tiempo pase ni cuántas puertas se cierren, en Amnistía Internacional seguimos con los ojos sobre Chile hasta que la justicia se haga realidad.

Amnistía Internacional Chile

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Agosto 19, 2024

Este artículo fue publicado en Radio Universidad de Chile en el marco de una alianza de colaboración entre Amnistía Internacional y el medio de comunicación.

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In Amnistía Internacional

Venezuela: Las empresas tecnológicas sientan un precedente peligroso con una aplicación para denunciar a manifestantes antigubernamentales

Foto © Laura Rangel

COMUNICADO DE PRENSA

Ante los informes sobre la aplicación respaldada por el gobierno venezolano, que ha actualizado para que sus usuarios puedan denunciar a personas que expresan su desacuerdo con el gobierno actual inmediatamente después de la controvertida reelección del presidente Nicolás Maduro, Matt Mahmoudi, director de la Iniciativa Silicon Valley de Amnistía Internacional, ha declarado:

“El hecho de que los desarrolladores de tecnología revisaran la aplicación para agregar esta nueva función y las plataformas tecnológicas la incluyeran después en fuentes ampliamente disponibles, plantea la pregunta siguiente: ¿están estas empresas cumpliendo sus responsabilidades en materia de derechos humanos?

De haber sido ser así, habrían evaluado el riesgo de que el gobierno venezolano utilice dicha aplicación no sólo para limitar el derecho de las personas a la libertad de expresión y de reunión pacífica, sino también para contribuir potencialmente a detención y reclusión ilegítimas y otros abusos graves contra los derechos humanos”.

Al alentar la denuncia de manifestantes y proporcionar una plataforma en la que esto se pueda hacer en gran escala, el gobierno venezolano corre el riesgo de violar el derecho internacional de los derechos humanos.

Matt Mahmoudi, director de la Iniciativa Silicon Valley de Amnistía Internacional

“Amnistía ha documentado en repetidas ocasiones cómo, con demasiada frecuencia, las empresas de tecnología siguen prácticas que afectan negativamente a los derechos humanos sin una evaluación adecuada de estos riesgos. Estas empresas tienen la responsabilidad de actuar con la debida diligencia y abordar de forma adecuada cualquier posible riesgo, algo que debería haber estado bastante claro en este caso, habida cuenta del largo historial de la administración venezolana en materia de represión de cualquier forma de disidencia.”

Información complementaria

Dirigiéndose a sus partidarios la semana pasada, el presidente Maduro alentó a la población venezolana a denunciar a través de VenApp, propiedad del gobierno, a las y los manifestantes que cuestionan su reelección.

Según grupos de derechos humanos, miles de personas han sido detenidas y más de una decena han muerto en la represión contra la oposición después de las elecciones.

Venezuela es objeto actualmente de una investigación de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, incluido el de persecución, y la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, de la ONU, ha denunciado la política de represión implementada por las autoridades.

VenApp fue presentada por el presidente Nicolás Maduro en 2022 con el aparente propósito de recibir denuncias públicas sobre asuntos como cortes de energía y emergencias médicas.

Al parecer, tras anunciarse la reelección de Maduro, se ha reacondicionado con una funcionalidad adicional que permite a quienes la utilizan denunciar a manifestantes.

La aplicación se ha eliminado de Google Play y App Store después de una protesta pública masiva, pero continúa activa para quienes ya la habían descargado en sus teléfonos.

Si desean concertar una entrevista, comunicarse con:

– Débora González , periodista, al +56 9 5776 6652 o a debora.gonzalez@amnistia.cl

Amnistía Internacional Chile

COMUNICADO DE PRENSA

O7 de agosto, 2024

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In Amnistía Internacional

Venezuela: Tras un periodo electoral marcado por la represión, es imperativo el compromiso con los derechos humanos

COMUNICADO DE PRENSA

En anticipación a las elecciones presidenciales previstas para el domingo 28 de julio de 2024, Amnistía Internacional denunció la escalada de represión que ha definido al periodo electoral y emitió una alerta sobre la situación en el país en las próximas semanas. En este sentido, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional declaró:

“Venezuela ha atravesado en los últimos años uno de los periodos más deplorables en la historia de los derechos humanos del país. Las autoridades que han ostentado el poder estatal desde, al menos, 2014 hasta hoy han cometido graves y masivas violaciones de derechos humanos, incluidos posibles crímenes de lesa humanidad, y han llevado al país a una emergencia humanitaria compleja que ha empujado a más del 25% de la población a salir de Venezuela, dejando atrás sus hogares y familias. Este contexto de represión, necesidad y búsqueda de una vida digna definen y caracterizan la inminente elección presidencial.”

 

“Los meses previos a estas elecciones han estado marcados por ataques incesantes al espacio cívico, decenas de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, represalias a comerciantes y prestadores de servicios a personas de la oposición, y medidas administrativas arbitrarias y abusivas. En un contexto de discursos amenazantes, censura y persecución, exigimos a las autoridades a garantizar y respetar de manera inequívoca los derechos de todas las personas en Venezuela durante y después de este 28 de julio.”

 

“Llamamos en los términos más contundentes posibles a que se liberen, inmediata e incondicionalmente, a todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos en el país, incluida Rocío San Miguel, Javier Tarazona y Carlos Julio Rojas. Exigimos además que se abstengan de realizar nuevas detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y actos de tortura contra quienes piensen diferente y contra quienes defienden los derechos humanos. La política de represión del gobierno debe cesar de inmediato.”

 

Asimismo, recordó Piquer que “en el actual contexto de escalada de la represión, la investigación en curso por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tendría competencia para investigar a los perpetradores de posibles detenciones, tortura, violencia basada en género y persecución cometidos en el contexto electoral. Todas las autoridades responsables de estos crímenes, incluida la cadena de mando, podrán y deberán ser sometidos a tribunales de justicia independientes e imparciales con todas las garantías del debido proceso.”

 

“La comunidad internacional debe sostener un compromiso irrestricto con las personas defensoras de derechos humanos que llevan adelante una tarea titánica por la protección de las personas en situación de mayor vulnerabilidad en Venezuela. Asimismo, esperamos que mantengan su atención y llamados a la acción hacia las autoridades de Venezuela, en apoyo a los esfuerzos de las víctimas, familiares y defensores de derechos humanos por conseguir verdad, justicia y reparación por los crímenes perpetrados en el país. En ese sentido, es fundamental que tales compromisos se demuestren con la renovación de los mandatos de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en el próximo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.”

Para más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con press@amnesty.org 

 

Más información:

 

Venezuela: Pedido global por la libertad inmediata e incondicional de todas las personas detenidas injustamente (Declaración, 4 de julio de 2024) www.amnesty.org/en/documents/amr53/8242/2024/es/

 

Venezuela: Alarmante escalada de la persecución contra las voces críticas y disidentes (Investigación, 10 de abril de 2024) www.amnesty.org/es/documents/amr53/7934/2024/es/

 

Venezuela: Información para el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: 139º período de sesiones, 9 octubre – 3 noviembre de 2023 (Investigación, 12 de septiembre de 2023) www.amnesty.org/es/documents/amr53/7195/2023/es/

 

Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela (Investigación, 14 de mayo de 2019) www.amnesty.org/es/documents/amr53/0222/2019/es/

Si desean concertar una entrevista, comunicarse con:

– Débora González , periodista, al +56 9 5776 6652 o a debora.gonzalez@amnistia.cl

Amnistía Internacional Chile

COMUNICADO DE PRENSA

Julio 25, 2024

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In Amnistía Internacional

Tres de cada cinco activistas juveniles sufren ciberacoso en todo el mundo por publicar contenidos de derechos humanos

Foto: lil artsy

COMUNICADO DE PRENSA

Tres de cada cinco niños, niñas y jóvenes defensores y defensoras de los derechos humanos sufren ciberacoso en relación con su activismo, según un nuevo análisis de 400 respuestas a un cuestionario de Amnistía Internacional distribuido a activistas juveniles de 59 países.

Más de 1400 activistas juveniles participaron en la encuesta, realizada en el marco de la campaña global Protejamos la Protesta de Amnistía Internacional.
Entre estas personas, 400 activistas juveniles de 13 a 24 años accedieron a que se publicaran sus datos.
Se dieron casos de acoso en forma de comentarios de odio, amenazas, hackeo y revelación de datos personales, con frecuencia vinculados a abusos y persecución política en el mundo físico, a menudo por parte de agentes estatales. La respuesta de las grandes plataformas tecnológicas fue escasa o nula, lo que terminó por silenciar a personas jóvenes.
Activistas juveniles de Nigeria y Argentina comunicaron los mayores índices de ciberacoso.
Otro joven activista por los derechos LBGTI —varón nigeriano de 21 años— afirmó: “La gente no está de acuerdo con mis opiniones progresistas liberales e inmediatamente consulta mi perfil. Al ver que soy un nigeriano queer residente en Nigeria, arremeten contra mí con virulencia. Suelo tener miedo de compartir mi opinión en aplicaciones como TikTok porque puedo volverme viral. Internet puede ser un lugar escalofriante”, expuso, añadiendo: “Alguien que se hacía pasar por gay me engatusó para que fuera a verlo tras un tiempo de relación de amistad, y entonces me atacó con sus amigos. Esto es Nigeria, no puedo ir a la policía a denunciar victimización secundaria”.
El 21% de las personas encuestadas afirma sufrir ataques de trols o amenazas cada semana y cerca de un tercio de activistas juveniles afirma haberse autocensurado debido a la violencia facilitada por la tecnología, mientras que otro 14% declara haber dejado de publicar sobre los derechos humanos y el activismo por completo.
Las personas encuestadas afirmaron enfrentarse a la mayoría de los abusos en Facebook; el 87% de las personas usuarias de la plataforma declararon haber sufrido experiencias de acoso, frente al 52% en X y el 51% en Instagram.
Las formas más comunes de ciberacoso son comentarios molestos e irrespetuosos de trols (60%) y mensajes directos molestos o amenazantes (52%).
El 5% de activistas juveniles afirma haberse enfrentado también al acoso sexual en Internet y declara que otras personas usuarias publicaron imágenes íntimas personales (tanto reales como generadas por inteligencia artificial) sin su consentimiento.
Para muchos de quienes respondieron a la encuesta, el acoso relacionado con el activismo online tampoco se limitaba al mundo digital. Casi un tercio de las personas encuestadas declaró haber sufrido formas de acoso en el mundo físico, tanto por parte de familiares y personas del ámbito privado como en forma de repercusiones negativas en el colegio, interrogatorios policiales y persecución política.
Aree*, activista no binaria de 20 años de Tailandia, compartió su experiencia de enfrentarse a enjuiciamientos por motivos políticos en cinco casos diferentes siendo aún menor de edad.
Abdul*, activista afgano de 23 años, denunció que le negaron el empleo en un hospital después de que las autoridades descubrieran su activismo en las redes sociales.
La guerra entre Israel y Gaza destaca actualmente como tema que atrae altos niveles de conductas abusivas en Internet, pero la amenaza del ciberacoso parece ser omnipresente en todas las cuestiones principales de derechos humanos. La paz y la seguridad, el Estado de derecho, la igualdad económica y de género, la justicia social y racial, y la protección del medioambiente actuaron como “temas desencadenantes” de ataques.
Sin embargo, la forma en que se ataca a activistas juveniles varía y parece estar estrechamente relacionada con las experiencias interseccionales de discriminación, lo que probablemente perjudique a las personas sobrevivientes de abusos basados en la identidad con mayor intensidad que el acoso basado en temas concretos.
El 21% de las personas encuestadas afirma haber sufrido acoso en relación con su género y el 20%, en relación con su raza o etnia. Porcentajes más bajos indicaron sufrir abusos relacionados con su origen socioeconómico, edad, orientación sexual o discapacidad.
“Al principio eran simplemente comentarios de odio, ya que mis publicaciones eran atrevidas y hablaban abiertamente de los derechos LGBT, lo que más tarde se convirtió en amenazas por mensaje privado y fue a más cuando me hackearon la cuenta”, declaró Paul, activista camerunés de 24 años, sobre los ataques recibidos por su activismo a favor del colectivo LGBTI, y añadió: “Llevo dos años viviendo en una situación de inseguridad total por el trabajo que desempeño como defensor de los derechos de mi comunidad en Internet”.
Para Paul y muchos otros activistas juveniles, el ciberacoso tiene profundos efectos sobre la salud mental. El 40% de las personas encuestadas afirma haber sentido impotencia y nerviosismo o tener miedo de utilizar las redes sociales. Algunas incluso se han considerado incapaces de realizar tareas cotidianas y se han sentido físicamente inseguras. En consecuencia, el apoyo psicológico es la opción más solicitada por activistas juveniles, por delante de mecanismos de denuncia más fáciles de utilizar y de la asistencia legal.
Muchos activistas juveniles expresaron su frustración ante la falta de una respuesta adecuada a sus denuncias de acoso por parte de las principales plataformas de redes sociales, afirmando que los comentarios abusivos permanecían en las plataformas largo tiempo después de haberlos denunciado.
Algunas personas encuestadas consideraban también que las plataformas de redes sociales desempeñaban un papel activo a la hora de silenciarlas; hubo activistas que notificaron la retirada de mensajes sobre la guerra de Gaza, en consonancia con informes anteriores sobre contenidos en defensa de los derechos de la población palestina sometidos a moderación posiblemente discriminatoria en diversas plataformas.
Otras personas señalaron que las plataformas permitían llevar a cabo campañas de intimidación y censura dirigidas por el Estado, lo que mina las esperanzas del activismo de dar solución al problema de la violencia mediada por la tecnología a través de la reglamentación gubernamental.
Amnistía Internacional ya había documentado anteriormente la represión de la expresión pacífica en Internet por parte de Estados como India, Filipinas y Vietnam, y actualmente llama a acciones de solidaridad global en apoyo de mujeres y activistas LGBTI que se enfrentan a la violencia en Internet respaldada por el Estado en Tailandia.
*Los nombres de activistas juveniles se han modificado para proteger la identidad de las personas entrevistadas.
Amplíen su información sobre el trabajo de Amnistía Internacional para proteger los derechos de niños, niñas y jóvenes en Internet:

Si desean concertar una entrevista, comunicarse con:

 – Ilsen Jara, directora de comunicaciones de Amnistía Internacional Chile al +569 6427 8411 o a ilsen.jara@amnistia.cl 

– Débora González , periodista, al +56 9 5776 6652 o a debora.gonzalez@amnistia.cl

Amnistía Internacional Chile

COMUNICADO DE PRENSA

Julio 03, 2024

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In Amnistía Internacional

Amnistía Internacional lanza una nueva campaña sobre el derecho al aborto

COMUNICADO DE PRENSA

Amnistía Internacional lanza una nueva campaña en la que pide a la población de todo el mundo que ayude a hacer visible para todas las personas el apoyo público al derecho al aborto.

Durante los últimos 30 años se han producido grandes avances en la lucha por el derecho al aborto, con leyes que han cambiado la situación a mejor en más de 60 países. Sin embargo, aún queda mucho por lograr, mientras los progresos se encuentran amenazados.

Desde Argentina hasta Benín, pasando por Irlanda o Francia, visionarias defensoras y defensores de los derechos humanos han conseguido grandes avances en el reconocimiento formal del derecho al aborto. Las protestas de mujeres contra los talibanes en Afganistán, las protestas de #MahsaAmini en Irán y las protestas de #GreenWave en Latinoamérica dan también testimonio de la extraordinaria valentía de los y las activistas que reclaman los derechos sexuales y reproductivos.

Sin embargo, en estos momentos, el mundo está presenciando también los crecientes esfuerzos por frustrar ese progreso, por deshacer los logros duramente ganados y promover en su lugar políticas y leyes que niegan a millones de personas sus derechos sexuales y reproductivos.

La campaña de Amnistía Internacional “1000 maneras de apoyar el derecho al aborto”, que se lanza hoy a través de todos los canales de redes sociales de la organización, ofrece maneras atractivas e influyentes para que todo el mundo se sume, realizando esfuerzos en todo el planeta para oponer resistencia a la erosión de los derechos y proteger el derecho al aborto.

“En países como Ghana, Polonia, Venezuela y Estados Unidos, profesionales de la medicina, la enfermería y la educación, así como activistas, que defienden el derecho al aborto y proporcionan servicios esenciales para salvar vidas, sufren amenazas, intimidación, denigración, estigmatización y procesamientos injustos. Pese a ello, se alzan por nuestro derecho universal a la dignidad en los ámbitos más íntimos del sexo y la reproducción: les debemos nuestro apoyo manifiesto y nuestra solidaridad visible”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“La campaña de Amnistía sobre el derecho al aborto proporciona una plataforma con la que apoyar claramente a personas en donde quiera que estén y expresar un apoyo público al derecho al aborto de la manera que más convenga a dichas personas: una colaboración en TikTok con seres queridos, una encuesta entre un círculo de amistades o la firma de una petición pública. Formas sencillas, orientadas a la acción, que, al adoptarlas de forma conjunta, eleven la visibilidad pública del generalizado, pero a menudo descartado, apoyo global al derecho al aborto. Si mantenemos nuestra unión —de forma visible y clara— podemos hacer que a quienes ocupan el poder les resulte mucho más difícil ignorar nuestras reclamaciones.”

Hace dos años, el 24 de junio de 2022, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la sentencia Roe v. Wade, que hasta entonces había garantizado el derecho constitucional al aborto.

“Al enfrentarnos a discursos públicos amplificados contra el aborto, y con las políticas y la legislación contra el aborto ganando terreno en determinados países, debemos mantenernos firmes. Por quienes necesitan atención relativa al aborto, y por quienes proporcionan esa atención, a menudo en contextos de odio, nuestra  solidaridad y nuestro apoyo deben ser tangibles, inequívocos y visibles”, ha manifestado Agnès Callamard.

A lo largo del último año, Amnistía Internacional ha publicado varios informes centrados en el derecho al aborto en el mundo, sobre cuestiones como la despenalización del aborto en Marruecos, los obstáculos al derecho al aborto en Irlanda del Norte, y la necesidad de reconocer y proteger a quienes defienden el derecho al aborto. Más recientemente, la organización publicó un informe en el que exponía con detalle cómo las organizaciones que defienden la salud y los derechos reproductivos han informado de que su contenido relacionado con el aborto ha sido eliminado o marcado como contenido sensible, mientras que a algunas incluso las han suspendido temporalmente de plataformas como Facebook, Instagram y TikTok.

Si desean concertar una entrevista, comunicarse con:

 – Ilsen Jara, directora de comunicaciones de Amnistía Internacional Chile al +569 6427 8411 o a ilsen.jara@amnistia.cl 

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Amnistía Internacional Chile

COMUNICADO DE PRENSA

Junio 24, 2024

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In Amnistía Internacional

En el Día Mundial del Refugiado, los Estados deben priorizar los derechos humanos de las personas en busca de protección en las Américas

Foto © Lucas Aguayo Araos/Agencia Anadolu vía Getty Images

COMUNICADO DE PRENSA

En ocasión del Día Mundial del Refugiado, Amnistía Internacional emitió una carta abierta dirigida a los Estados parte de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, actualmente reunidos en Bogotá, exhortándoles a poner los derechos humanos al centro de su nuevo plan de acción regional para la próxima década.
“Cada año, presenciamos cómo cientos de miles de personas en las Américas se ven forzadas a abandonar sus hogares huyendo de violencia, los impactos del cambio climático y violaciones masivas de derechos humanos. Ante esta dolorosa realidad, que va en aumento, la nueva hoja de ruta que están preparando los Estados signatarios de la Declaración de Cartagena para el período 2024-2034 debe renovar su compromiso inequívoco de proteger a las personas refugiadas, solicitantes de asilo y apátridas en nuestra región,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Entre el 19 y 20 de junio, los Estados parte de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados estarán reunidos en Bogotá para celebrar la tercera reunión de consulta temática del año, con miras a la adopción en diciembre, del Plan de Acción y Declaración de Chile que fijará el marco de su actuación para la siguiente década. La discusión estará dedicada a la situación de las personas desplazadas en la región por los impactos del cambio climático y otros desastres. Las consultas previas, celebradas en abril en México y en mayo en Brasil, trataron de la protección de las personas en situación de movilidad y apatridia, y de la inclusión e integración de estas personas mediante soluciones alternativas, integrales y sostenibles.
En este contexto, la carta abierta de Amnistía Internacional hace énfasis particular en los retos que persisten para garantizar la protección de las personas venezolanas y haitianas que huyen de las graves crisis humanitarias y de derechos humanos que asolan sus países de origen. Además, resalta las oportunidades que ofrece la Declaración de Cartagena para proporcionar protección a las personas desplazadas debido a los impactos del cambio climático de aparición lenta o repentina y desastres.
Amnistía Internacional celebra que un número importante de Estados de la región hayan incorporado a sus legislaciones la definición de persona refugiada de la Declaración de Cartagena. Sin embargo, la organización deplora que, en la práctica, en la mayoría de estos países las autoridades rara vez recurren a ella para proteger a las personas que lo necesitan, dejando a millones de personas en situaciones de alta vulnerabilidad y desprotección. Al contrario de los retrocesos en países como Chile o Perú, los Estados parte de la Declaración de Cartagena deben retomar el liderazgo global en materia de protección de personas refugiadas que 40 años atrás supuso la firma de dicha Declaración, en especial a las mujeres refugiadas. Amnistía Internacional exhorta a los Estados a actuar en línea con sus obligaciones internacionales y nacionales en materia de protección internacional y derechos humanos e incorporar una perspectiva interseccional, antirracista y de género.
“Es hora de que los Estados de las Américas se pongan a la altura de los tiempos y se comprometan a proteger a las poblaciones más marginalizadas de la región. Hoy más que nunca, esperamos de los Estados respuestas coordinadas, duraderas y enmarcadas en el respeto de la dignidad de las personas que buscan y requieren protección. Reconocer y darle plena vigencia a la Declaración de Cartagena sería un paso en la dirección correcta,” agregó Ana Piquer.
Información de contexto
La Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984 es uno de los instrumentos jurídicos más importantes de las últimas décadas en materia de protección en América Latina y el Caribe. Desde 2004, la región ha adoptado planes de acción decenales –el Plan de Acción de México de 2004 y el Plan de Acción de Brasil de 2014 – para abordar los desafíos cambiantes del desplazamiento. Desde hace años, Amnistía Internacional ha utilizado este instrumento para exigir la protección internacional y protección complementaria de personas con necesidades de protección en las Américas.
En 2024 se cumple el 40 aniversario de la Declaración de Cartagena, que da lugar al proceso de Cartagena+40, auspiciado por el gobierno de Chile con el apoyo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en el cual los países de América Latina y el Caribe se han comprometido a producir: tres consultas regionales, una por cada eje temático, entre abril y junio; la negociación y adopción de una Declaración política y un Plan de Acción de Chile 2024-2034, cuyas negociaciones se darán en Ginebra entre septiembre y noviembre; y un evento ministerial, que tendrá lugar en el marco de la CEPAL, en Chile, entre el 11-12 de diciembre de 2024, y será el cierre del proceso.
Para más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con press@amnesty.org
 
 
Información adicional:
Américas: Amicus curiae presentado por Amnistía Internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre emergencia climática y derechos humanos, (investigación, 15 de diciembre de 2023), www.amnesty.org/es/documents/amr01/7332/2023/es/
Americas: Carta abierta ante la cumbre regional sobre migración “Por una vecindad fraterna y con bienestar” en Chiapas el 22 de octubre de 2023, (carta abierta, 20 de octubre de 2023), www.amnesty.org/es/documents/amr01/7334/2023/es/
Venezuela: Necesidades de protección internacional para las personas venezolanas (investigación, 19 de octubre de 2023), www.amnesty.org/es/documents/amr53/7331/2023/es/
Américas: Los Estados deben poner fin al trato racista a la población haitiana solicitante de asilo (investigación, 20 de junio de 2023), www.amnesty.org/es/latest/news/2023/06/end-racist-treatment-haitian-asylum-seekers/

Si desean concertar una entrevista, comunicarse con:: 

 – Ilsen Jara, directora de comunicaciones de Amnistía Internacional Chile al +569 6427 8411 o a ilsen.jara@amnistia.cl

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Amnistía Internacional Chile

COMUNICADO DE PRENSA

Junio 19, 2024

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Orgullo y refugio

COLUMNA DE OPINIÓN

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Junio es el mes del orgullo y el 20 de este mismo mes es el día mundial de las personas refugiadas. ¿Te imaginas lo que implica tener que huir obligadamente de tu país y pertenecer a la comunidad LGBTIQA+?

Por María Belén Bravo, Coordinadora Jurídica de Amnistía Internacional Chile.

De acuerdo a la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) el número de personas forzadas a huir por la guerra, conflictos violentos o persecución, ascendió a 120 millones en este año. El escenario en el que viven  las personas desplazadas forzadamente es arduo y delicado, pero si además la persona que busca refugio es de una identidad, expresión de género y/o característica sexual diversa, la discriminación, persecución, violencia y criminalización aumenta, generando que se enfrenten a mayores situaciones de riesgo y vulnerabilidad, además de los obstáculos para acceder a la regularización o protección internacional.

 

En este sentido, Amnistía Internacional ha señalado que hay 64 países en todo el mundo cuyas leyes tipifican la homosexualidad como delito, siendo África la región con el mayor número de estados que criminaliza estas relaciones. Por otra parte,  países como Brunéi, Irán, Mauritania, Arabia Saudí, Yemen o Uganda y en los estados del norte de Nigeria puede condenarse a la pena de muerte a una persona por mantener relaciones sexuales con otra de su mismo sexo. En este escenario hay personas que huyen por el solo hecho de ser LGBTIQA+ o también por ausencia de medidas y políticas de los Estados al no protegerlas de la violencia ejercida por otros ciudadanos. Al respecto, el derecho internacional es claro y sostiene que las personas que tienen un temor fundado a la persecución debido a la identidad de género u orientación sexual, deben ser protegidas como refugiadas.

Lamentablemente, la gran mayoría de las personas refugiadas LGBTIQA+ se exponen a sufrir las mismas amenazas y violencia de género en el país de asilo que en su país de origen, en donde incluso se les niegan sus derechos. Es fundamental que los países de asilo garanticen la protección jurídica, la seguridad y el acceso a derechos y servicio esenciales para las personas de esta comunidad, además de respetar los principios de no discriminación e inclusión que contribuyen a la protección de los derechos humanos.

 

De acuerdo a las distintas publicaciones de organizaciones de derechos humanos como ACNUR y Amnistía Internacional, sostienen que la desprotección que viven estas personas va en aumento y los Estados tienen una deuda pendiente para regular su efectiva protección. Las Naciones Unidas han establecido que el 20 de junio es el día para honrar a las personas refugiadas y desplazadas de todo el mundo. Es un día que nos invita a la reflexión individual y colectiva, y hoy tenemos la oportunidad de ayudar y contribuir a que la situación de las personas refugiadas LGBTIQA+ no sea invisibilizada, asegurando la existencia de espacios seguros para todas la personas, partiendo desde el hogar y las personas que nos rodean. Es importante detenerse y escuchar las historias detrás de cada persona, no callarse ante las situaciones de discriminación y alzar la voz siempre que sea necesario.

 

¿Qué significa LGBTIQA+? son las siglas que hace referencia al conjunto de lesbianas, gays, personas trans, bisexuales, intersexuales, queer- no binarie y asexuales, además se agrega “+” como referencia a toda la diversidad sexual y de género que no son mencionadas en las siglas, por ejemplo personas pansexuales.

Si desean concertar una entrevista, comunicarse con:: 

 – Ilsen Jara, directora de comunicaciones de Amnistía Internacional Chile al +569 6427 8411 o a ilsen.jara@amnistia.cl

– Débora González , periodista, al +56 9 5776 6652 o a debora.gonzalez@amnistia.cl

Amnistía Internacional Chile

COLUMNA DE OPINIÓN

Junio 19, 2024

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In Amnistía Internacional

Global: El ‘apartheid’ de género debe ser reconocido como crimen de derecho internacional

Foto: © FilippoBacci

AMNISTÍA INTERNACIONAL

“El apartheid de género debe ser reconocido como crimen de derecho internacional a fin de intensificar los esfuerzos para combatir los regímenes institucionalizados de opresión y dominación sistemáticas impuestas por motivos de género”, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

“El apartheid de género debe ser reconocido como crimen de derecho internacional a fin de intensificar los esfuerzos para combatir los regímenes institucionalizados de opresión y dominación sistemáticas impuestas por motivos de género”, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

“La comunidad internacional no ha reconocido, admitido ni abordado adecuadamente la dominación y la opresión institucionalizadas y sistemáticas de las mujeres, las niñas y las personas LGBTI. Pedimos que se reconozca el apartheid de género en el derecho internacional para subsanar una deficiencia importante de nuestro marco jurídico mundial. Nunca se debe permitir a nadie violentar, segregar, silenciar o excluir a una persona por su género”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“Sin embargo, generaciones y generaciones de mujeres y niñas, en todo el mundo, son sometidas a violencia, dominación y opresión institucionalizadas y sistemáticas. Un número incalculable de ellas han sido asesinadas, y a muchas más se les niega la dignidad, la libertad y la igualdad en su vida cotidiana. Es verdaderamente vergonzoso que el mundo no haya reconocido la opresión y la dominación sistemáticas basadas en el género como crimen de derecho internacional ni haya respondido adecuadamente a su gravedad”.

Nunca se debe permitir a nadie violentar, segregar, silenciar o excluir a una persona por su género.

Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional

“Hoy nos unimos a los llamamientos de valientes pioneras como las mujeres de Afganistán, Irán y otros lugares que lideran el camino para exigir que se reconozca el apartheid de género en el derecho internacional”.

“Los Estados deben prestar atención a este llamamiento. Hay que dar nombre esta forma de opresión institucionalizada. Se debe crear un mandato para su investigación y enjuiciamiento, y se debe establecer la pena debida por su comisión. Debemos ese reconocimiento, rigor y respeto a las activistas en primera línea de la lucha por los derechos y la igualdad de género, y debemos esa justicia a las víctimas y sobrevivientes del apartheid de género”.

Amnistía Internacional aboga por el reconocimiento legal del apartheid de género —es decir, la constante institucionalizada de dominación y opresión sistémicas basadas en el género— para abordar lo que constituye una laguna importante en el derecho internacional.

La aproximación más cercana en el marco internacional vigente es la persecución por motivos de género que el derecho internacional, como en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, reconoce como crimen de lesa humanidad. Sin embargo, la intención y el alcance de ese crimen difieren significativamente del apartheid. Si bien pueden ser objeto de ambos crímenes grupos específicos, el concepto de persecución por sí solo no capta del todo el ámbito y el alcance de la dominación sistémica ni la naturaleza institucionalizada e ideológica de los abusos que pueden cometerse en un sistema de apartheid.

Hoy nos unimos a los llamamientos de valientes pioneras como las mujeres de Afganistán, Irán y otros lugares, que lideran el camino para exigir que se reconozca el apartheid de género en el derecho internacional.

Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional

“El mundo debe reconocer de una vez el apartheid de género en el derecho internacional para extender plenamente la protección de la ley a las mujeres, las niñas y las personas LGBTQI, y para aunar y apoyar los esfuerzos encaminados a erradicar este crimen atroz dondequiera que se cometa”, concluyó Agnès Callamard.

“El proyecto de Convención sobre los Crímenes de Lesa Humanidad, tratado de gran envergadura que se debate actualmente en la ONU, representa una oportunidad importante para revitalizar la lucha por la justicia de género. Los Estados Miembros de la ONU deben aprovechar esta ocasión para incorporar el apartheid de género en el derecho internacional, así como para buscar otras oportunidades, como en el Consejo de Derechos Humanos, para reforzar el concepto”.

Información complementaria

El concepto de apartheid por motivos de género fue articulado por primera vez por defensoras afganas de los derechos humanos y entidades y personas aliadas feministas como respuesta al sometimiento de las mujeres y las niñas, y a los ataques sistemáticos contra sus derechos a manos de los talibanes en la década de 1990. Su uso se ha extendido desde que los talibanes recuperaron el control de Afganistán en 2021. Varias feministas iraníes y personas expertas de la ONU también han argumentado que la discriminación u opresión institucionalizada de las mujeres en la República Islámica de Irán constituye o podría constituir apartheid de género. La campaña internacional en favor del reconocimiento del apartheid de género en el derecho internacional ha recibido un amplio apoyo de activistas feministas y personas y entidades aliadas a nivel mundial, incluidas cuatro mujeres galardonadas con el Premio Nobel de la Paz.

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– Débora González , periodista, al +56 9 5776 6652 o a debora.gonzalez@amnistia.cl

Amnistía Internacional Chile

COMUNICADO DE PRENSA

Junio 17, 2024

Este artículo fue publicado en Amnistia.cl .

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In Amnistía Internacional

Aprobar la reforma a la Ley Antidiscriminación puede salvar vidas

AMNISTÍA INTERNACIONAL

La semana pasada se votó en la Cámara de Diputados y Diputadas el proyecto que modifica la Ley Antidiscriminación, más conocida como Ley Zamudio. y, en contra de lo esperado de una sociedad que desea avanzar hacia mayor inclusión e igualdad, fue rechazada con 63 votos a favor, 69 en contra y 13 abstenciones. ¿Está todo perdido? No.

Por Bernardita Boock, presidenta de la junta directiva de Amnistía Internacional Chile.

El proyecto pasa ahora a una comisión mixta para su revisión tras la cual deberá entregar un informe final. Un texto que, por cierto, había sido aprobado por el Senado en el año 2021. Sin embargo, el debate llevado a cabo durante esta instancia ha demostrado grandes falencias. Parte de las argumentaciones y discursos presentados no se basaron en evidencia y lograron tergiversar el verdadero fondo de este proyecto, que es la prevención y sanción de actos discriminatorios por motivos de raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología u opinión, la religión, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.

Además, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, todos los instrumentos internacionales han incluido cláusulas que prohíben las conductas discriminatorias, recayendo en los Estados la obligación de modificar sus legislaciones nacionales con el objetivo de garantizar de forma efectiva este derecho.

Es, por tanto, el Estado de Chile quien tiene la obligación de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos a la igualdad y la no discriminación en base al derecho internacional. Y, lo que ha sucedido en este debate, es decir, votar en contra de algunos aspectos de esta ley, es votar en contra de los estándares del derecho internacional.

La ley se quedó corta, y así lo hemos estado señalando desde su aprobación en el 2012, sin embargo, esta modificación al proyecto de ley lleva años postergada. En un contexto en que los discursos de odio van en aumento y continúan marcando aún más las desigualdades de nuestra sociedad, es de suma urgencia que Chile avance en esta materia, de lo contrario las consecuencias podrían ser nefastas.

Cabría esperar que se apruebe esta modificación a la ley por el bien de la sociedad en su conjunto.  Es por eso que hacemos un llamado a la comisión mixta para que legisle responsablemente, con argumentos sólidos y de acuerdo con las obligaciones del Estado.

Asimismo, llamamos a la ciudadanía a reflexionar y no dejarse envenenar por discursos que perpetúan el odio, a establecer diálogos y encontrar puntos comunes con quienes les rodean para construir una sociedad libre de discriminación. No se trata de ideología, sino de humanidad, es el norte hacia donde debemos caminar si queremos que nuestra sociedad se base en la empatía y no en el odio.

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– Débora González , periodista, al +56 9 5776 6652 o a debora.gonzalez@amnistia.cl

Este artículo fue publicado en Radio Universidad de Chile en el marco de una alianza de colaboración entre Amnistía Internacional y el medio de comunicación.

Amnistía Internacional Chile

COMUNICADO DE PRENSA

Junio 14, 2024

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