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Columna de Opinión
Por María Gracia Sandoval, directora (s) de Campañas de Amnistía Internacional Chile.

En los últimos años, hemos celebrado importantes avances en los derechos de las mujeres, fruto del trabajo incansable de los movimientos feministas y de derechos humanos.

Entre ellos destacamos que el pasado año se aprobó la ley que establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, un paso importante que va más allá del enfoque de normativas anteriores que regulaban sólo la violencia intrafamiliar. Además, con anterioridad, se avanzó en la ley que establece un régimen de protección, y reparación integral para las víctimas de femicidio y sus familias, y en la ley que fijó la mayoría de edad como requisito esencial para la celebración del matrimonio.

A pesar de estos y otros avances, para muchas de nosotras la vida se sigue sintiendo como una carrera de obstáculos. Hoy sigue siendo urgente visibilizar las deudas pendientes y las múltiples expresiones de violencia, ya que los desafíos persisten tanto en la institucionalidad como en las políticas y prácticas públicas, y es ahí precisamente donde debemos poner el foco hoy. 

Dime qué espacio habitas, y te diré cómo en él se manifiesta la violencia de género.

En el hogar, muchas mujeres, niños, niñas y adolescentes continúan sufriendo violencia por parte de parejas y familiares. Según el último informe de Miles (2024) en un 67% de los casos la violencia sexual había ocurrido durante la infancia, mientras que un 33% ocurrió en la edad adulta. Además, en un 93% de las ocasiones, la violencia sexual fue perpetrada por una persona cercana a la víctima. Esto refuerza la urgente necesidad de protección y educación desde la infancia. A esto se suma la violencia psicológica, económica o digital. Asimismo, denunciar un caso de violencia de género sigue siendo un proceso difícil, donde muchas veces las víctimas enfrentan revictimización, exposición pública y falta de medidas efectivas de protección y reparación.

En los espacios laborales, también tenemos que saltar obstáculos: desde remuneraciones menores por el mismo trabajo hasta el infame “techo de cristal”, sin dejar de lado el acoso laboral. Afortunadamente, también ha habido avances en esta materia. En 2023, se incorporó al Código del Trabajo una norma que regula el trabajo a distancia y el teletrabajo, promoviendo la protección de la maternidad, la paternidad y la vida familiar. Además, en agosto del mismo año, entró en vigencia la ‘Ley Karin’, destinada a garantizar ambientes laborales seguros. Según la Dirección del Trabajo, esta ley ya ha recibido más de nueve mil denuncias, de las cuales el 67,8% fueron presentadas por mujeres. La mayoría corresponde a casos de acoso laboral, seguidos por acoso sexual y actos de violencia. En esta carrera sin duda quedan innumerables obstáculos por superar.

Al llegar a casa después de una larga jornada no nos acercamos a la meta, no hay posta ni refrescos ya que nos esperan las labores domésticas y de cuidados, a las que las mujeres dedicamos más de dos horas por sobre nuestros pares varones, según datos del INE.

En términos de autonomía y de derechos sexuales y reproductivos, la ley de aborto en tres causales, que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en caso de riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación, solo cubre un 3% de las situaciones por las que ocurre. Además, actualmente toca saltar innumerables vallas para acceder a este derecho, siendo una de las principales la objeción de conciencia. Según Corporación Humanas en 2023, el 45,8% de los médicos del sistema público se declara “objetor de conciencia” en casos de aborto por la causal de violación y en cinco hospitales del país no existe ningún profesional dispuesto a realizar el procedimiento por esta causal.

En ese sentido, no olvidamos la promesa del Presidente Boric de avanzar en la legalización del aborto. Desde Amnistía Internacional reiteramos que el Estado debe, a la brevedad, despenalizar el aborto voluntario en toda circunstancia y garantizar el acceso efectivo al mismo para revertir la deuda histórica que tiene con miles de mujeres, niñas y personas que pueden quedar embarazadas.

Por supuesto, no todas las mujeres enfrentamos estos obstáculos de la misma forma. Si perteneces a las disidencias sexuales, a un pueblo originario, si vives en la ruralidad, si eres migrante o defiendes el medioambiente, sumarás otras expresiones de violencia a las mencionadas.

El ejercicio de reconocer las desigualdades que enfrentamos a diario cansa tanto como correr una carrera de obstáculos y, lamentablemente, pareciera que nunca llegamos a la meta de una vida libre de violencia. A pesar de nuestras luchas y de todas las victorias que ya hemos celebrado juntas aún estamos lejos de ser iguales en derechos y en los hechos.

Este 8M no solo queremos celebrar los avances logrados, sino también visibilizar los obstáculos diarios que enfrentamos camino a una meta que a veces parece inalcanzable. Afortunadamente no estamos solas, somos millones en el mundo. Nos vemos en la marcha este sábado, donde juntas seguiremos alcanzando esta y tantas otras metas.

Amnistía Internacional Chile

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Marzo 05, 2025

Este artículo fue publicado en Radio Universidad de Chile en el marco de una alianza de colaboración entre Amnistía Internacional y el medio de comunicación.

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Columna de Opinión
Por Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.

Hace tan sólo algunas semanas el Presidente Gabriel Boric afirmó que “en Chile no hay impunidad”. Sin embargo, a poco más de 2 meses de que se cumpla el quinto aniversario del ‘estallido social’, uno de los periodos con mayores violaciones de derechos humanos cometidos en Chile desde la dictadura de Pinochet, la justicia aún no llega.

El Estado de Chile está en deuda con miles de víctimas. Este aniversario no es menor, ya que al cumplirse cinco años muchas de las causas prescribirán a partir de octubre. Es decir, vencerá el plazo para seguir investigando aquellas causas donde no hay un mínimo de avances judiciales, dejando sin posibilidad de justicia y en la impunidad a un elevado número de personas.

Para esto, el poder ejecutivo se comprometió a reforzar la brigada de derechos humanos de la Policía de Investigaciones con el objetivo de dar celeridad a las investigaciones y mejorar la calidad de las mismas. Sin embargo, aún no sucede y un número importante de pericias audiovisuales siguen sin realizarse en relación a las denuncias de octubre de 2019.

Además, algunos de los casos que sí están en proceso han sufrido múltiples reprogramaciones, como es el caso particular de Renzo Inostroza, retrasando aún más la justicia. Tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial son quienes deben garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales establecidos hacia todas las personas y cumplir con las obligaciones internacionales al respecto.

Es ahora cuando el Poder Judicial tiene la autoridad para hacer justicia y no permitir que las investigaciones por violencia institucional prescriban. La impunidad sólo crea mayor desigualdad y descrédito en una sociedad que pide a gritos todo lo contrario. No son números, detrás de cada causa hay una persona y una familia cuya vida cambió para siempre y que necesita verdad, justicia y reparación.

En su reciente visita a Chile, Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces y abogados, expresó su preocupación justamente sobre “el lento avance de los casos relativos al uso excesivo de la fuerza y tortura por parte de Carabineros durante el estallido social”, en comparación “con el rápido avance en los casos de destrucción de bienes por los mismos hechos o hechos relacionados”.

A esto, además, se suma la permanencia en su cargo del Director General de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien junto a otros dos altos mandos tiene pendiente su formalización por su responsabilidad en las actuaciones de los policías en el control desproporcionado de las protestas de 2019. Es grave, preocupante e insostenible que dicha autoridad siga al mando, porque impide que lleve adelante su defensa sin inmiscuir a la institución en la investigación en su contra. La formalización está prevista para el 1 de octubre y, mientras tanto, Yáñez continúa al mando.

Es hora de dar una señal clara para Chile y el mundo: ninguna persona o institución está por sobre la ley. La formalización de los altos mandos de Carabineros es el primer paso para avanzar en justicia y contra la impunidad.

¿Es posible afirmar entonces que en Chile no hay impunidad teniendo todos estos antecedentes? Desgraciadamente no. Pero no importa cuánto tiempo pase ni cuántas puertas se cierren, en Amnistía Internacional seguimos con los ojos sobre Chile hasta que la justicia se haga realidad.

Amnistía Internacional Chile

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Agosto 19, 2024

Este artículo fue publicado en Radio Universidad de Chile en el marco de una alianza de colaboración entre Amnistía Internacional y el medio de comunicación.

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La cuenta pública que se avecina ha generado mucha expectación y hay razones para aquello. Las palabras del Presidente Boric respecto a que ésta será la última instancia del gobierno para ponerse metas, son reales y, por lo mismo, la atención está puesta en su próximo discurso. ¿Qué prometerá el Presidente? ¿Prometerá volver a su programa de gobierno?

Columna de opinión por Rodrigo Bustos Bottai

Recordemos que su programa está marcado por un fuerte sello de respeto de los derechos humanos. Claramente ese sello se ha ido destiñendo en la medida de que las víctimas de la represión policial siguen esperando una reparación del daño ocasionado, la institución de Carabineros sigue sin ser reformada y la ciudadanía sigue sin respuestas respecto a las demandas por mejorar la salud, pensiones, educación, etc.

 

“Creo que es importante recordar el malestar y las demandas que había detrás del estallido social” mencionó recientemente el Presidente Boric e incluso advirtió que “las demandas incumplidas terminarán pasando la cuenta”. Y aquí coincidimos bastante con el Presidente y esperamos que persista en sacar adelante algunos proyectos que irían en beneficio de la ciudadanía como el que pretende que haya pensiones dignas y el Congreso ponga de su parte para que esto se concrete.

 

Las demandas por las que la gente salió a las calles siguen vigentes y las víctimas de las violaciones de derechos humanos que se cometieron en ese periodo siguen sin ser reparadas. ¿De esto se hará cargo el Presidente Boric en la cuenta pública?

 

El Presidente también reconoció que “hubo violaciones a los derechos humanos durante las protestas sociales. No tiene sentido desconocerlo”, añadió. Es destacable que la máxima autoridad del país dé validez a lo sucedido. Ahora es esperable que en la Cuenta Pública dé un paso más allá y plantee la creación de una Comisión de Verdad u otra instancia relevante encargada de recabar los antecedentes respecto a las violaciones de derechos humanos perpetradas en la crisis social. Esto contribuirá a establecer la existencia de los hechos para actuar en consecuencia y para contrarrestar los discursos negacionistas que toman fuerza cada cierto tiempo.

Junto a lo anterior, ¿será ahora el momento para que el Presidente anuncie una política de reparación integral para las víctimas de violaciones de derechos humanos? Bien sabemos que han existido algunos programas de apoyo para estas personas, pero estos han sido limitados y no constituyen una política de reparación con perspectiva de derechos humanos. Si este plan no se concreta en este gobierno que prometió hacerlo y cuando se cumplen cinco años del estallido social, ¿cuándo se hará realmente? Prácticamente, es ahora o nunca.

 

Por último, es muy probable que el Presidente no se pronuncie respecto a la urgencia de avanzar en la reforma de Carabineros, aunque en sus últimas declaraciones reconoció que “carabineros no estaba preparado para lo que sucedió en el 2019”. Sabemos que la reforma policial quedó totalmente rezagada como si fuera una ofensa a la institución y no constituye una necesidad para la sociedad. Por el contrario, tenemos la certeza de que la reforma aparte de constituir una garantía de no repetición frente a los graves abusos cometidos durante el estallido social, implica un proceso de fortalecimiento de las policías para que cumplan sus labores de manera eficiente y apegada a los estándares internacionales de derechos humanos.

 

Es esperable al menos que en la cuenta pública el Presidente se comprometa a hacer todo lo que esté en sus manos para no retroceder más en materia de seguridad y derechos humanos, y que las reglas de uso de la fuerza se aprueben considerando los estándares mínimos como el principio de proporcionalidad, y que se prohíba a las policías apuntar y disparar armamento menos letal directamente al rostro, a la cabeza o al torso por sobre la parte baja del abdomen de cualquier persona.

 

El ultimátum que se autoplanteó el Presidente Boric respecto a la relevancia de esta cuenta pública es innegable. Ya no habrá otras posibilidades reales para hacer cambios importantes o para retomar el rumbo. Si el Presidente quiere dejar un legado a favor de la dignidad, la justicia y la seguridad, tendrá que elegir muy bien sus batallas. Este 1 de junio sabremos qué camino tomará y desde Amnistía Internacional seguiremos vigilantes.

Por Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.

Para entrevistas contactar a: 

Débora González , periodista, al +56 9 5776 6652 o a debora.gonzalez@amnistia.cl

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.

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Mayo 30, 2024

Este artículo fue publicado originalmente en Radio Universidad de Chile.

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Por Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.

El  deleznable homicidio de tres funcionarios de Carabineros el pasado 27 de abril apresuró la agenda de seguridad y de paso la discusión de las reglas del uso de la fuerza por parte de las policías y Fuerzas Armadas. Sin duda, legislar sobre esto es importante, necesario y urgente. Sin embargo, no es posible olvidar que se debe legislar con profunda responsabilidad y en base a evidencia.

 

Este proyecto de ley que ingresó en abril del año pasado se aprobó en general el pasado viernes en la Cámara de diputados y diputadas por 144 votos a favor. Este texto llama la atención y prende las alertas por varios motivos. En primer lugar, porque el principio de ‘proporcionalidad’ brilla por su ausencia haciendo oídos sordos a los estándares internacionales de derechos humanos. Y, en segundo lugar, porque rechazó la indicación sobre ‘evitar apuntar y disparar armamento menos letal directamente al rostro, a la cabeza o al torso por sobre la parte baja del abdomen de cualquier persona”. 

El principio de proporcionalidad indica que tanto el tipo de fuerza empleada como su intensidad dependen del grado de resistencia o agresión que debe enfrentar quien la usa. Tratándose de funcionarios estatales que ostentan el monopolio del uso de la fuerza, esto es un mínimo irrenunciable a fin de impedir excesos y arbitrariedades.

 

De hecho, el principio de proporcionalidad constituye una barrera frente a intromisiones indebidas en el ámbito de los propios derechos, lo cual resulta imprescindible cuando revisamos la historia reciente de Chile y vemos como la desproporción en el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado ya ha causado gravísimas violaciones de derechos humanos en manifestaciones masivas y pacíficas como sucedió en octubre de 2019.

 

Por otro lado, qué podemos esperar de una ley que no es categórica y explícita en prohibir que se disparen armas menos letales como por ejemplo perdigones de goma, al rostro, cabeza y torso de las personas, teniendo tan reciente el legado de impunidad y no reparación de las más de 400 personas víctimas de lesiones oculares durante el ‘estallido social’.

Por último y afortunadamente, la indicación que pedía devolver a la justicia militar los casos en que uniformados incurrieran en un delito cumpliendo labores de orden público se rechazó. Pero sólo por 72 votos a favor, 71 en contra y una abstención por inadmisibilidad. Hoy, donde hay quienes pretenden retroceder a tiempos donde en Chile había dos justicias, reafirmamos con más fuerza que nunca que se debe limitar el uso de la justicia militar a delitos estrictamente militares y excluir de manera explícita los casos de violaciones de derechos humanos o crímenes de derecho internacional.

  

Sería esperable aplicar los aprendizajes de los terribles acontecimientos que ha vivido Chile en su larga historia y, sin embargo, parece que la premura por legislar no permite detenerse a pensar y establecer medidas respetuosas y responsables, sin apresuramiento ni aprovechamiento político. Desde Amnistía Internacional llevamos tiempo insistiendo en la necesidad de ocuparnos de la seguridad a nivel país, pero preocupémonos en serio, y no de cualquier manera.

 

Los parlamentarios y parlamentarias, al momento de legislar deben adecuar la legislación interna a los estándares internacionales de derechos humanos y garantizar que no se vulneren los derechos fundamentales de la ciudadanía.  Para ello es indispensable la reposición en esta ley del principio de proporcionalidad, así como prohibir los disparos de armamento menos letal directamente al rostro. Es lo mínimo. No incluir estas indicaciones podría conllevar consecuencias nefastas como mayor represión, abusos, mutilaciones y hasta muertes. El Congreso debe velar porque este proyecto de ley sea aprobado considerando los puntos mencionados.

Mayo 9, 2024

Este artículo fue publicado en Radio Universidad de Chile en el marco de una alianza de colaboración entre Amnistía Internacional y el medio de comunicación.