Etiqueta

Chile

Browsing

El Ministerio de Ciencia presentó el nuevo proyecto de ley donde advierte que “es crucial garantizar que la IA se utilice de forma ética y responsable”. Expertos consideran que el país puede posicionarse como pionero en la materia en la región.

Camilo Vega Martinez

El fuerte avance de la Inteligencia Artificial en el mundo provocó en distintas partes una discusión necesaria. ¿Cómo legislar sobre su uso sin frenar el desarrollo tecnológico? Chile se ha instalado como un país pionero en Latinoamérica en la materia, con la reciente actualización de la Política Nacional de Inteligencia Artificial y más aún con la presentación de parte del Gobierno actual del proyecto de ley que regula dicha tecnología.

Si bien en el Congreso Nacional ya se discutía un proyecto presentado por el diputado Tomás Lagomarsino, el Gobierno por medio del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación decidió tomar la iniciativa. En los últimos días, la ministra Aisén Etcheverry presentó tanto la actualización a la Política Nacional de Inteligencia Artificial como el nuevo proyecto en el que hacen énfasis en la relevancia del desarrollo de dicha tecnología, sus aspectos positivos en diversas áreas (salud, educación, entre otras) y la importancia de un uso adecuado.

Para que dichos beneficios se materialicen, es crucial garantizar que la IA se desarrolle y utilice de forma ética y responsable”, señala el Ejecutivo en el proyecto. Una propuesta aplaudida por entendidos en el tema.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de ChileLorena Donoso, abogada experta en Derecho de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, abordó los principios de este proyecto de ley. Lo primero, destacando las consultas que realizó el Ejecutivo a la comunidad científica para desarrollarlo.

“Se tiene que desarrollar la IA con primacía de lo humano, o sea, en el fondo proscribir las inteligencias artificiales que de manera indebida afecten a los derechos fundamentales de las personas”, partió comentando la integrante del Laboratorio de Inteligencia Artificial, Metaverso y Neuroderechos de la Fundación Encuentros del Futuro, organizadores del Congreso Futuro.

“En segundo lugar, la transparencia algorítmica que es un poco ajena o ilusoria, más bien habría que pensar en auditabilidad, en un control de los efectos de las IA. Revelar los algoritmos que están detrás de una inteligencia artificial parece un poco ilusorio, habría que ver cuál es el alcance que le dan en el proyecto. Y la responsabilidad del desarrollador o productor, o sea, aspectos bien genéricos”, agregó Donoso.

Una de las principales características de esta iniciativa es la regulación en base a factores de riesgo. Estos se dividen en inaceptable (prohibido), de alto riesgo, riesgo limitado y sin riesgo evidente. En conversación con Semáforo, el doctor en tecnologías multimedias, David Ruete, expresó al respecto que “cuando hablamos de sistemas prohibidos, estamos hablando de sistemas de categorización biométrica, por ejemplo” y recordó el caso del polémico escaneo del iris en nuestro país y en otros del mundo.

El sistema de alto riesgo son este tipo de sistemas biométricos que podrían servir, pero que tienen que estar bajo ciertos parámetros regularizados y especialmente con una supervisión humana”, señaló Ruete.

Por su parte, Lorena Donoso expresó que “el tema es identificar bien cuáles son los riesgos”. “Para eso hay que tener evidencia científica relativa a los riesgos, por ejemplo, de las tecnologías de la información y la comunicación en su interacción con el ser humano”, aseguró.

Legislar sin frenar el desarrollo

 

La aprobación a la idea de legislar sobre la Inteligencia Artificial es transversal. Desde la empresa Minverso,  remarcaron la importancia de regular sin poner freno al desarrollo de estas tecnologías avanzadas. “Debería equilibrar dos variables”, partió señalando Rodrigo González, fundador y CEO de la startup.

“Es importante fomentar la transparencia, la responsabilidad y la protección de datos. Pero de igual forma tiene que ser flexible para que fomente la innovación y asegurar estar a la vanguardia del desarrollo tecnológico”, agregó.

Una visión en la que concuerda Lorena Donoso al ser consultada desde el punto de vista legal. “Hay dos premisas importantes, la libertad de investigación y la necesidad de fomentar el desarrollo tecnológico. La idea es regular estableciendo bordes, no meterse al detalle de la regulación porque en ese caso ya empiezas a poner trabas a la investigación científica y tecnológica”, explicó la abogada.

En esa misma línea, la experta se refirió a lo que considera deben ser las bases de una ley en la materia. “En el ámbito de la Inteligencia Artificial, debería regir también normas generales en relación a que se deberían regular los usos de la IA y no la IA en sí misma. En el fondo, no me parece que haya inteligencias artificiales que sean objeto de una regulación específica”, partió detallando al respecto.

“Ahora tenemos ejemplos en que si el elemento concreto es regulado porque es considerado altamente riesgoso, por ejemplo las armas, pero en este momento no creo que tengamos evidencia científica como para considerar a una IA tan riesgosa como para estimar que per se el operar inteligencia artificial sea una actividad riesgosa. Por tanto deberíamos tener la regulación en relación a los usos y no a la inteligencia artificial per se”, continuó al respecto Donoso.

Por su parte, David Ruete afirmó que aspectos básicos a considerar en una regulación son “clasificaciones, qué vamos a prohibir y que no”. “Qué cosa vamos a utilizar, aunque estén prohibidas, pero con, por ejemplo, una excepción del gobierno o un visto bueno. También debe haber obligaciones de los proveedores y de los usuarios. Y las sanciones, que por lo menos en la ley europea están más o menos claras”, comentó.

Los niveles de restricción establecidos en el proyecto de ley, de acuerdo con lo que señalan desde Minverso, busca “proteger a los consumidores y a la sociedad de los riesgos potenciales, sin imponer restricciones a las formas menos riesgosas de la IA que pueden estar al servicio de impulsar la innovación y desarrollo económico del país”.

Chile a la vanguardia

 

El desarrollo tecnológico en el país, la presencia de la Política Nacional de Inteligencia Artificial, la circular sobre uso responsable de herramientas de IA en el sector público y la presentación de este nuevo proyecto de legislación ponen a Chile como pionero en la región. Otro ejemplo que refuerza esta idea es que Chile fue el primer país en el mundo en implementar la RAM, metodología de la UNESCO creada para ayudar a los Estados a identificar su nivel de preparación frente a las IA. Fueron 300 especialistas los que trabajaron en ella, dando paso a la actualización de la Política Nacional.

Desde Minverso, fueron enfáticos al indicar que “en Chile tenemos la oportunidad de posicionarnos como líderes en el desarrollo de la IA en la región”. “Nos falta la determinación para avanzar y para esto es clave avanzar en regulación, pero también en inversión que fomente la investigación y el desarrollo”, sostuvo Rodrigo González ante la consulta.

Lorena Donoso en tanto destacó trabajos en los que Chile ha marcado la pauta en torno a las IA. “Casi todos los países han adoptado el modelo chileno en materia de inteligencia artificial en derecho. El diccionario de derecho que se utiliza, es un diccionario creado por los profesores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Fuimos pioneros y sobre ese diccionario han trabajado los distintos países”, ejemplificó la abogada.

Mayo 9, 2024

Este artículo fue publicado originalmente en Radio Universidad de Chile.

COLUMNA DE OPINIÓN
Por Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.

La muerte del conscripto en Putre, la amputación de la mano de otro joven y los abusos que relataron los conscriptos que realizaban su servicio militar en Huamachuco, parecen asombrar poco a la opinión pública. Al menos no lo que se hubiese esperado considerando la gravedad de la situación.

Lo anterior puede ser porque nos estamos acostumbrando a tragedias así o porque sufrir este tipo de tratos forma parte de lo esperable en el contexto del servicio militar. Sin ir más lejos, a través de redes sociales, muchas personas escribieron comentarios muy ofensivos e inapropiados hacia los jóvenes. Algunas personas se atrevieron a mofarse e incluso a encararlos por su “falta de valentía”.

Hacer el servicio militar no debe significar jamás que los jóvenes pueden ser víctimas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Respecto a una situación similar a la que acabamos de ver en Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue enfática en su sentencia de 2017 en el caso Ortiz Hernández y otros versus Venezuela. La Corte sostuvo que “si bien la actividad militar conlleva en sí misma un riesgo por la naturaleza de sus funciones, el Estado se encuentra en la obligación de proteger la vida e integridad personal de los miembros de las fuerzas armadas en todos los aspectos de la vida militar, incluyendo los entrenamientos para afrontar situaciones de guerra o conflicto, así como el mantenimiento de la disciplina militar, entre otros”.

En el caso de los conscriptos de Putre además hay denuncias de maltrato y tortura. Los jóvenes, quienes estaban bajo la custodia del Estado, han señalado que fueron sometidos a golpes de pies y puños por parte de sus superiores, esto mientras dormían, comían, desarrollaban una instrucción o durante las caminatas. Relatan también que se les exponía a fecas de ratones en los espacios de preparación y consumo de alimentos. Todo esto jamás debe naturalizarse. Al contrario debe despertar empatía por el dolor de estos jóvenes y sus familias.

El Estado de Chile debe emprender varias acciones al respecto, por una parte, debe investigar oportuna y exhaustivamente lo sucedido, y si corresponde debe sancionar a los responsables, incluyendo a toda la línea de mando del Ejército. Por cierto, debe reparar a las víctimas y proporcionar garantías de no repetición para evitar que estos hechos se vuelvan a repetir.

 

En el esclarecimiento de los hechos es imprescindible que se realice el protocolo de Minnesota, el cual corresponde aplicar en casos de muerte en custodia del Estado y el protocolo de Estambul, el cual es pertinente para acreditar denuncias de tortura.

Por otra parte, es tiempo de hacer una revisión completa respecto a cómo se está realizando el servicio militar; adecuar los protocolos internos para prevenir actos de tortura y tomarse en serio la formación en derechos humanos en el Ejército y en todas las instituciones de las Fuerzas Armadas.

 

Hay que recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirma que el Estado tiene el deber de adoptar medidas preventivas de diversa índole, entre ellas de carácter administrativo o legislativo, a fin de reducir el nivel de riesgo al que se enfrentan los miembros de las fuerzas armadas en el marco de la vida militar.

 

Por cierto, es de extrema gravedad la denuncia de nueve conscriptos en la que indican que para tramitar la baja voluntaria debieron firmar un acta, la que sostenía que jamás recibieron apremios físicos, sicológicos, ni ningún tipo de maltrato. Si esta acusación es cierta estaríamos ante un intento de encubrir los hechos por parte del Ejército.

 

Es esperable que las acciones que se han anunciado a favor de esclarecer los hechos prosperen adecuadamente. Entre ellas está la querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la designación de una ministra en visita por parte de la Corte Suprema y la Comisión Investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados. El Estado debe hacer todo lo necesario para llegar a la verdad, reparar a las víctimas y dar garantías de que el sufrimiento de estos jóvenes no lo vivirán otros conscriptos. Esta vez el “nunca más” debe ser una realidad.

Amnistía Internacional Chile

Link publicación original:

Mayo 10, 2024

Por Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.

El  deleznable homicidio de tres funcionarios de Carabineros el pasado 27 de abril apresuró la agenda de seguridad y de paso la discusión de las reglas del uso de la fuerza por parte de las policías y Fuerzas Armadas. Sin duda, legislar sobre esto es importante, necesario y urgente. Sin embargo, no es posible olvidar que se debe legislar con profunda responsabilidad y en base a evidencia.

 

Este proyecto de ley que ingresó en abril del año pasado se aprobó en general el pasado viernes en la Cámara de diputados y diputadas por 144 votos a favor. Este texto llama la atención y prende las alertas por varios motivos. En primer lugar, porque el principio de ‘proporcionalidad’ brilla por su ausencia haciendo oídos sordos a los estándares internacionales de derechos humanos. Y, en segundo lugar, porque rechazó la indicación sobre ‘evitar apuntar y disparar armamento menos letal directamente al rostro, a la cabeza o al torso por sobre la parte baja del abdomen de cualquier persona”. 

El principio de proporcionalidad indica que tanto el tipo de fuerza empleada como su intensidad dependen del grado de resistencia o agresión que debe enfrentar quien la usa. Tratándose de funcionarios estatales que ostentan el monopolio del uso de la fuerza, esto es un mínimo irrenunciable a fin de impedir excesos y arbitrariedades.

 

De hecho, el principio de proporcionalidad constituye una barrera frente a intromisiones indebidas en el ámbito de los propios derechos, lo cual resulta imprescindible cuando revisamos la historia reciente de Chile y vemos como la desproporción en el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado ya ha causado gravísimas violaciones de derechos humanos en manifestaciones masivas y pacíficas como sucedió en octubre de 2019.

 

Por otro lado, qué podemos esperar de una ley que no es categórica y explícita en prohibir que se disparen armas menos letales como por ejemplo perdigones de goma, al rostro, cabeza y torso de las personas, teniendo tan reciente el legado de impunidad y no reparación de las más de 400 personas víctimas de lesiones oculares durante el ‘estallido social’.

Por último y afortunadamente, la indicación que pedía devolver a la justicia militar los casos en que uniformados incurrieran en un delito cumpliendo labores de orden público se rechazó. Pero sólo por 72 votos a favor, 71 en contra y una abstención por inadmisibilidad. Hoy, donde hay quienes pretenden retroceder a tiempos donde en Chile había dos justicias, reafirmamos con más fuerza que nunca que se debe limitar el uso de la justicia militar a delitos estrictamente militares y excluir de manera explícita los casos de violaciones de derechos humanos o crímenes de derecho internacional.

  

Sería esperable aplicar los aprendizajes de los terribles acontecimientos que ha vivido Chile en su larga historia y, sin embargo, parece que la premura por legislar no permite detenerse a pensar y establecer medidas respetuosas y responsables, sin apresuramiento ni aprovechamiento político. Desde Amnistía Internacional llevamos tiempo insistiendo en la necesidad de ocuparnos de la seguridad a nivel país, pero preocupémonos en serio, y no de cualquier manera.

 

Los parlamentarios y parlamentarias, al momento de legislar deben adecuar la legislación interna a los estándares internacionales de derechos humanos y garantizar que no se vulneren los derechos fundamentales de la ciudadanía.  Para ello es indispensable la reposición en esta ley del principio de proporcionalidad, así como prohibir los disparos de armamento menos letal directamente al rostro. Es lo mínimo. No incluir estas indicaciones podría conllevar consecuencias nefastas como mayor represión, abusos, mutilaciones y hasta muertes. El Congreso debe velar porque este proyecto de ley sea aprobado considerando los puntos mencionados.

Mayo 9, 2024

Este artículo fue publicado en Radio Universidad de Chile en el marco de una alianza de colaboración entre Amnistía Internacional y el medio de comunicación.

Foto principal de: Mateo Lanzuela

Tras el deleznable homicidio de tres funcionarios de Carabineros el pasado 27 de abril, la organización envía una carta abierta al fiscal nacional, Ángel Valencia, advirtiendo la posible intromisión indebida en la independencia de los fiscales, Xavier Armendáriz y Ximena Chong, y del deber ineludible del Estado de investigar, procesar y en su caso condenar a quienes hayan perpetrado violaciones de derechos humanos.

 

“La injerencia indebida y los múltiples ataques que han recibido los fiscales Armendáriz y Chong, quienes actualmente están liderando la investigación judicial contra el Alto Mando de Carabineros de Chile, ponen en grave riesgo dicha indagación y suma al desgaste de las cientos de víctimas que siguen esperando justicia. Proteger su autonomía es crucial para asegurar que los graves crímenes cometidos sean puestos en manos de la justicia”, expresa Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

[blockquote text=”La injerencia indebida y los múltiples ataques que han recibido los fiscales Armendáriz y Chong, quienes actualmente están liderando la investigación judicial contra el Alto Mando de Carabineros de Chile, ponen en grave riesgo dicha indagación y suma al desgaste de las cientos de víctimas que siguen esperando justicia.” show_quote_icon=”yes” quote_icon_color=”#af492d”]
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Para Amnistía Internacional es preocupante que esos hechos lamentables pudieran haber afectado la independencia del Ministerio Público y forzado un aplazamiento de la audiencia de formalización de dicha causa, que estaba prevista para el 7 de mayo.

 

“Nos llama la atención que el aplazamiento se produzca justo después del homicidio de tres oficiales de Carabineros, a una semana de la audiencia de formalización y en medio de múltiples intentos de los altos mandos por demorar dicha instancia. Este viraje repentino del Ministerio Público, conduce a pensar que el aplazamiento, lejos de tener un fundamento jurídico, habría estado motivado por presiones externas e injerencias indebidas”, afirma Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional Chile.

[blockquote text=”Nos llama la atención que el aplazamiento se produzca justo después del homicidio de tres oficiales de Carabineros, a una semana de la audiencia de formalización y en medio de múltiples intentos de los altos mandos por demorar dicha instancia.” show_quote_icon=”yes” quote_icon_color=”#af492d”]
Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional Chile