Evitar la denuncia:
En el expediente judicial del caso hay varios testigos que dan cuenta de la renuencia de la familia más directa del imputado de denunciar. Que se iba a pegar un tiro, que la familia se dividiría y que era mejor evitar la denuncia y mantener todo “en familia”.
De hecho, en el expediente hay referencias a que cuando la tía de la adolescente de 12 años les dijo que se debía proteger a los niños que estaban en peligro, una de las parientes más directas del acusado la había emplazado a que si ella de verdad quería que Eduardo Macaya, el patriarca, se fuera a la cárcel y sufriera vejaciones sexuales por parte de otros reos, ya que “ese era el castigo” de una persona que comete delitos de esa índole.
Toda esta tensión e inacción de la familia terminó cuando R. recibió la revelación de su hija. De hecho, hay registros de que este último increpó al acusado. Fue ahí cuando el empresario se habría enterado de la existencia de los videos y de la inminente denuncia en su contra.
Según la profesional de más de 40 años Macaya la habría llamado y le dijo que se había enterado de todo, que él sabía que los niños no mienten, “y que si me había hecho algo, que lo perdonara, me decía: qué puedo hacer por ti, eso lo repetía; le dije que las cosas estaban claras, que viera los videos, que estaba tocando a su (pariente), decía que no se acordaba, le dije que se autodenunciara y ahí terminó la conversación”.
Peritajes:
Entre las pruebas que se llevaron a juicio oral -el que se declaró reservado- está el peritaje a los videos que fue realizado por la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI. Entre otras cosas concluye que efectivamente de las imágenes se desprende una conducta de abuso sexual de menor de 14 años y que -de hecho- en el propio registro se ve la actitud de la niña que rechaza los actos a los que la está sometiendo su pariente directo.
Esta acusación contó con la oposición de la defensa de Macaya, que durante todo el proceso penal, incluido el juicio, ha sostenido su inocencia. De hecho, en la apelación con la que se consiguió modificar la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario tras el pago de una fianza de $150 millones, sus abogados refieren a que el caso se sostiene por “una única denuncia”.
Varios de los testigos, se desprende de las declaraciones allegadas al expediente, intentan justificar el actuar “cariñoso” del acusado, debido a que así se ponía cuando “estaba ebrio”. Aun así, el propio Macaya ha sostenido que jamás ocurrieron los hechos y apuntó a que si su hijo no fuera senador la causa no existiría.
“Hoy debo romper este silencio porque confío en que el juicio oral que se inicia demostrará mi completa inocencia. Quiero decir que nunca buscamos una instancia de juicio abreviado o un acuerdo con el Ministerio Público, porque no estoy dispuesto a reconocer participación en hechos que nunca han ocurrido y que han afectado y expuesto a las personas que más quiero y que son probablemente las que me he preocupado de cuidar a lo largo de todo este tiempo”, dijo el acusado a la salida del tribunal el pasado 17 de abril.
Pese a todo, la fiscal Javiera Oro en la acusación ante el Tribunal Oral de San Fernando aseguró que existían al menos cuatro hechos con distintas víctimas que daban cuenta de conductas reiteradas de abuso sexual, que el acusado había actuado sobre seguro debido a la confianza que existía entre él y las menores de edad -por su parentesco- y que además el escenario de las conductas habían sido distintos lugares del fundo de la “Villa Macaya”, específicamente la casa principal, que habita hasta el día de hoy junto a su esposa.
