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El académico de la UDP alerta que las lógicas del lobby han permeado a todos los poderes del Estado. Por tanto, para avanzar en modificaciones al sistema de nombramiento, más que poner foco a quién designa, se debe instalar una nueva metodología.

Bárbara Paillal

Vuelve a reflotar la necesidad de modificar el sistema de nombramientos del Poder Judicial. Esto, a raíz de los presuntos favores realizados por jueces de la Corte Suprema, que involucran a Mario Desbordes, según reveló Ciper recientemente en una reportaje sobre el caso Topógrafo.

Mientras el Ministerio Público ya abrió una investigación de oficio y el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella del INDH por presunto tráfico de influenciasparlamentarios, exautoridades e incluso desde el Poder Judicial llamados para avanzar hacia un sistema en el que prime el mérito y la carrera profesional para evitar que se ponga en tela de juicio la imparcialidad.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el director de Clínicas Jurídicas de la Universidad Diego Portales y profesor del Departamento de Derecho Procesal, Cristián Riego, explicó que a lo largo del tiempo se ha desarrollado “una actividad de lobby bastante organizada y que ha hecho derivar este sistema de uno tradicional a uno donde se manejan intereses muy fuertes. Entonces, es una especie de degradación de un sistema tradicional que ya no puede seguir funcionando como tal”.

Como un segundo elemento, el abogado apuntó al fenómeno mundial de la “pérdida de los valores liberales”. En este caso, el de la independencia judicial que, a su juicio, ya no es apreciado en el mundo político ni probablemente en la opinión pública.

“Los políticos, que hasta hace algún tiempo eran más cuidadosos con esto, hoy día ya no tienen ningún cuidado y buscan influir, y entienden que el mundo judicial es parte de la cancha de la lucha política. Esto no es chileno, está ocurriendo en todo el mundo, lo cual ha significado un deterioro de todos los sistemas de designaciones”, señaló.

Consultado por posibles modificaciones, el académido UDP declaró sentirse “escéptico, primero, porque si hay un cambio lo tendría que hacer el sistema político y creo que el sistema político hoy día no tiene ninguna sensibilidad o muy poca sensibilidad con los valores del sistema judicial. Entonces, ellos buscarían cómo cuotearse de manera más grosera los cargos judiciales y probablemente terminaríamos peor de lo que estamos.

Por lo tanto, para el académico es “difícil imaginar un cambio positivo” considerando además los malos resultados que han generado los órganos autónomos en otros países: “Si uno mira toda la experiencia que hay tanto en América Latina como en el sur de Europa, que son los países más parecidos a los nuestros, estos concejos se han transformado en espacios de lucha política y corporativa bastante grosera. Entonces, termina siendo un espacio de negociación”.

Pese a dicha experiencia, Riego sostuvo que se podría modificar el actual sistema “si existiese la voluntad de mejorar la transparencia y disminuir la negociación política o corporativa, porque en Chile existen ambas. Existe la negociación política, pero como pudimos ver en estos casos también existe la negociación corporativa, o sea, jueces que hacen lobby por otros jueces probablemente porque, a su vez, se esperan que esos jueces el día mañana le retribuyan los favores en otras designaciones, sus propias carreras o de otros amigos de ellos”.

Respecto a si dicho cambio brega por quitarle al Senado la potestad de ratificar las designaciones, Riego afirmó que efectivamente “la participación del Senado es muy negativa, sobre todo por la exigencia de una mayoría tan alta, los dos tercios creo que han hecho mucho daño. Una aprobación por mayoría sería menos perniciosa”.

Sin embargo, recalcó que también participa de dicho proceso el Poder Ejecutivo donde “hoy incluso hay peleas al interior del propio gobierno, si el que resuelve es La Moneda o es el Ministerio de Justicia, cómo se producen a su vez negociaciones, intercambio de favores, o sea, la verdad es que todo esto, la lógica del lobby y del tráfico de influencias ha permeado todas las instancias”.

A juicio del abogado lo más importante no es tanto quién va a designar, sino cuál va a ser el método: “Cualquiera sea la fórmula, lo que tiene que haber es una metodología que impida el tráfico de influencias y que focalice la atención y la evaluación en los méritos del candidato y, si se quiere considerar, también su inclinación ideológica que es algo que puede ser válido, pero en un contexto controlado lo que nos interesa es la inclinación ideológica, la filosofía judicial han dicho algunos, si es un juez más conservador o más liberal, eso me parece bien. Lo que no parece correcto es que se considere si ha favorecido o no ha favorecido algún interés particular, si es amigo o no amigo de fulanito que es lo que hoy día está jugando”.

Por: Bárbara Paillal

Profesor de la Universidad Diego Portales, Cristián Riego. Foto: UDP.

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Junio 13, 2024

Este artículo fue publicado originalmente en Radio Universidad de Chile.

Todos sabemos que en las municipalidades, aunque no en todas de las 346 existentes en el país, se cometen los más aberrantes actos de corrupción, lo que ha sido confirmado por distintos contralores generales de la República y por ello es inexplicable que los políticos instalados en los poderes ejecutivo y legislativo, han decidido voluntariamente mantener vivitas y coleando las llamadas “corporaciones municipales”. Estas son asociaciones de derecho privado, sin fines de lucro, destinadas a la promoción y difusión del arte, la cultura y el deporte o el fomento de obras de desarrollo comunal y productivo.

Columna de opinión por Patricio Herman

La ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, de la dictadura cívico-militar, creó dichas traviesas y lucrativas “corporaciones”, las que según el texto del Diario Oficial, publicado el 31/03/1988, son fiscalizadas por las propias municipalidades y por los consejos regionales, lo cual, a la luz de los desfalcos que se han conocido durante años, es una soberana mentira. Quienes se han aprovechado de las mismas han sido diversos alcaldes que han hecho pingües negocios debido a que ellas son entes privados, por lo tanto sin control de autoridad superior. También se conoce el fraude que se comete con el pago de horas extraordinarias no trabajadas, aprobadas por los alcaldes, para funcionarios amiguis de los anteriores.

 

Recordamos que, a través de una de esas “corporaciones” truchas, con dinero traspasado por la municipalidad de Colina, se le compró en varios millones de dólares, precio superior al de mercado, a una señora determinada un terreno de 5 hectáreas, clasificado como de interés silvoagropecuario, el cual la administración municipal anterior lo puso a disposición del segundo gobierno de Piñera para que allí se construyera el famoso Hospital de la Zona Norte, ello a pesar de que el uso de suelo del predio no permitía el emplazamiento de ese equipamiento de salud.

 

La directora de obras municipales (DOM) de Colina, posiblemente para no enemistarse con el entonces alcalde Mario Olavarría, optó por no informarle que ese proyecto era ilegal y por tal razón el mismo fue declarado como tal por la Contraloría General de la República, con el agravante de que el dinero recibido por la vendedora no ha sido restituido por ella a la municipalidad. Por este motivo el ente fiscalizador trasladó todos los antecedentes al Ministerio Público, cuya Fiscalía Centro Norte ya está investigando esta curiosa e indebida transacción comercial que perjudica económicamente al municipio de Colina.

A todo esto, el hospital se tendrá que edificar en otra comuna de la Provincia de Chacabuco y al respecto Carlos Escobar, ex alcalde y posible nuevo alcalde de Lampa, sostiene que esta comuna tiene diversos predios aptos para dicho hospital público. Ello, en circunstancias de que algunos medios de prensa han sostenido que el gobierno habría resuelto edificar dicho hospital en la comuna de Huechuraba. Mario Olavarría, quien es candidato a alcalde de Lampa, aludiendo a la presunta decisión de que el hospital de construiría en Huechuraba, indicó en el medio Chicureohoy.cl que “Está bien, es una alternativa más al San José en la zona norte de la ciudad, pero no es la Provincia de Chacabuco, que es lo que se necesita. Es la provincia que más está creciendo, por lo tanto, va a necesitar un hospital, y la verdad es que la gente de Lampa, la gente de Colina, la gente de Tiltil queda muy a trasmano con un hospital en Huechuraba».   

 

La ley N° 18.883, publicada el 29/12/1989, como vemos también de la dictadura cívico-militar, referida a la aprobación del Estatuto Administrativo para los Funcionarios Municipales, estableció que el ingreso a los cargos de planta, en calidad de titular, se hará por concurso público con algunas excepciones. En materia de nombramientos de los directores de obras municipales (DOM), no existiendo un titular, los alcaldes deben darle la oportunidad a los funcionarios de la misma oficina para que postulen al cargo y si no hay interesados o bien porque ninguno  califica técnicamente, los alcaldes deben llamar a un abierto concurso público.

 

A la luz de la forzada renuncia del DOM de Viña del Mar, Julio Ventura, antes de que la alcaldesa Macarena Ripamonti lo destituyera por su deficiente gestión, sería necesario que el elegido para este importante cargo municipal sea el resultado de un amplio concurso público, ello por cuanto el titular de la DOM es el único que autoriza o rechaza permisos, a diferencia de los otros funcionarios que se desempeñan en esa DOM. Ventura estuvo durante 40 años desempeñándose como titular de la DOM, considerándose que en ese extenso periodo de tiempo se crean buenas relaciones con algunos solicitantes de permisos, lo cual es indeseable si buscamos un trato imparcial para todos los actores inmobiliarios.

 

Esperamos entonces que, para evitar que los DOM sean vitalicios, mediante un simple cambio en la ley N° 18.883, se fijen plazos máximos, podrían ser 6 años,  para el ejercicio del cargo de estas autoridades municipales, sin que, por razones obvias, se apliquen a los funcionarios que allí trabajen, y que las provechosas “corporaciones municipales” sean erradicadas para siempre, con el propósito de que las inversiones para sus proyectos sean decididas transparentemente por los respectivos Concejos y que los graciosos pagos de las horas extraordinarias tengan un razonable control de asignación mensual, tanto para los directores como para los funcionarios designados para supervigilar el funcionamiento de los actos administrativos de cada municipio.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.

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Mayo 17, 2024

Este artículo fue publicado originalmente en Radio Universidad de Chile.

Patricio Herman-presidente-Fundación Defendamos la Ciudad-A2

Patricio Herman

Presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad

Fiscal nacional, Angel Valencia.

Jaime Naranjo emplazó duramente al líder del Ministerio Público y su compañero de tienda, Tomás de Rementería, criticó las declaraciones destempladas. Por su parte, Jorge Brito (RD) instó a “construir un nuevo paradigma entre civiles y militares”.

Fernanda Araneda

Una ola de críticas surgieron en contra del Ministerio Público y la PDI tras la absolución del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, en una causa por lavado de activos.

 

En su veredicto, que fue dado a conocer la mañana del lunes, las tres magistradas que componen el 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago acusaron una falta de rigurosidad en el trabajo de los organismos persecutores, cuestión que resonó en los diputados Jaime Naranjo (PS) y Carmen Hertz (PC).

 

En un punto de prensa, los parlamentarios señalaron que hoy existe una grave crisis al interior del Ministerio Público y apuntaron directamente a la figura del fiscal nacional, Ángel Valencia.

 

“Ante los ojos de la opinión pública, así como el fiscal (Jorge) Abbot quedó como el fiscal que contribuyó a que la relación entre el negocio y la política no se investigara; pareciera ser que el actual fiscal está por tapar la corrupción en nuestro país y no por investigarla. Creo que tenemos un serio problema al interior de la Fiscalía y principalmente en quién la encabeza”, estimó el diputado Naranjo.

 

En contraste, su compañero de tienda e integrante de la Comisión de Defensa, Tomás de Rementería, aseguró que aunque hay que revisar la labor que realizó Fiscalía en el caso Fuente-Alba, las críticas al Ministerio Público y al fiscal nacional, Ángel Valencia, han sido destempladas.

 

“Han habido muchos que han rasgado vestiduras sobre el rol del Ministerio Público, pero acá el Ministerio Público tuvo una causa, jugó sus recursos a una posición y la posición no fue considerada como tal por el tribunal existiendo recursos pendientes”, indicó el también integrante de la Comisión de Defensa, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile. 

 

“Se ha llegado muy lejos decir que acá hay una concomitancia del fiscal nacional. En eso no hay una prueba en absoluto y de hecho, esta causa empezó mucho antes de que Ángel Valencia se convirtiera en fiscal nacional. Yo creo que algunas críticas han sido bastante destempladas, incluso llegando al límite de lo absurdo”, afirmó.

 

El diputada socialista además recalcó que aún se trata de un proceso en curso, donde la Fiscalía puede pedir la anulación del juicio y que sumado a ello, hay una arista paralela por malversación de fondos públicos en la justicia militar.

 

“Tenemos que tener claro que las causas contra Fuente-Alba no se han terminado porque él hizo un mal uso de los fondos reservados del Ejército. No se configuró el lavado de activos, que es por lo que fue absuelto, pero hay otros delitos por los que podría ser sancionado aún”, planteó.

Jorge Brito (RD): “La confianza que teníamos en los tribunales se va deteriorando”

 

Desde el Frente Amplio, el también integrante de la Comisión de Defensa, Jorge Brito, coincidió en que aún restan instancias para saber qué pasará en el caso de Fuente-Alba, pero al mismo tiempo declaró que “es doloroso ver que el trabajo de años y la confianza que teníamos en los tribunales civiles se va deteriorando producto del fallo que conocimos”.

 

“Para nosotros es evidente que los gastos reservados de la defensa nacional terminaron siendo mal utilizados y es por eso que confiamos en que se repare y en última instancia, se logre una condena ejecutoria en contra de quienes, teniendo la responsabilidad de proteger a Chile, terminaron robándonos”, añadió.

 

Por otra parte, respecto al rol que jugó Fiscalía en el proceso de investigación, el diputado Brito afirmó que siguió de cerca las diligencias y “entendíamos que iban bien encaminadas”. “Sin embargo, no sabemos en qué se basó el tribunal para dictar esta sentencia, que insisto, para nosotros es solo transitoria, pues esperamos la definitiva”.

 

Finalmente, en cuanto a las investigaciones judiciales que actualmente se llevan en contra de otros miembros de las Fuerzas Armas, Brito señaló que “son más de 40 altos oficiales y todos los últimos excomandantes en jefe y sin embargo, cada uno tiene mérito distinto, algunos son por gastos en viajes al extranjero y otros derechamente porque se depositaron dineros en efectivo”, dijo.

 

“Si tenemos comandantes en jefe susceptibles al poder del dinero, es un problema para el estado de derecho y también para la defensa nacional, así que estamos empecinados en construir un nuevo paradigma entre civiles y militares”, concluyó.

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Mayo 15, 2024

Este artículo fue publicado originalmente en Radio Universidad de Chile.