“Es alarmante ver cómo las autoridades del Ministerio Público y el Organismo Judicial a cargo de estos casos no solamente han implementado una estrategia perversa de persecución penal infundada y de intimidación, sino que además dan paso libre, con total indiferencia e impunidad, a la discriminación y la violencia basada en género en contra de las mujeres operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos criminalizadas”. dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Las personas que participaron profesionalmente en la lucha contra la impunidad y la corrupción enfrentan acciones coordinadas destinadas a perseguirlas judicialmente y encarcelarlas de forma arbitraria, a través de cargos infundados y presentados en procedimientos penales sin las garantías de un juicio justo. Estas acciones conforman un patrón de criminalización y hostigamiento que a su vez constituyen violaciones de derechos humanos atribuibles al MP y el OJ.
Basado en entrevistas y el análisis de una decena de casos, el informe expone las características de este patrón y los impactos de estas prácticas ilegitimas bajo el derecho internacional de los derechos humanos. El informe relata en detalle las historias de la exjueza Erika Aifán, la exfiscal y presa de conciencia Virginia Laparra, las exauxiliares fiscales Paola Escobar y Aliss Morán, y la abogada y exmandataria de la CICIG, Claudia González, todas sometidas a procesos injustos sólo por haber realizado funciones legítimas dentro del sistema de justicia penal.
“En lugar de ser protegidas, estas mujeres están expuestas a un castigo adicional solamente por haberse atrevido a enfrentar la impunidad y los roles de género tradicionalmente establecidos”, agregó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional .
Patrón de violaciones de derechos humanos
La investigación evidencia que las personas operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos suelen enfrentar al mismo tiempo numerosas demandas penales, administrativas o disciplinarias. Amnistía Internacional considera que el número extremadamente elevado de denuncias penales simultáneas y carentes de una base fáctica o legal suficiente analizadas en el informe, juntamente con el hecho de que estas denuncias son promovidas por las autoridades con la única intención de castigar y silenciar a personas operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos, convierte estos casos en demandas estratégicas contra la participación pública, también conocidas, por sus siglas en inglés, como SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation).
El informe detalla que, a lo largo del proceso penal, las personas criminalizadas enfrentan un sinfín de violaciones a sus derechos a mano de del MP y del OJ. Amnistía Internacional ha documentado por ejemplo que las autoridades han abusado de la detención preventiva, ordenando esta medida sin respetar los estándares internacionales al respecto, y han permitido detenciones prolongadas de personas que no son presentadas ante un juez sino hasta semanas después de su arresto en violación de normas nacionales e internacionales. A ello se suman vulneraciones de la presunción de inocencia, al derecho de defensa, repetidas restricciones injustificadas de la publicidad de las audiencias y un patrón de retrasos injustificados de los procesos y audiencias. Además, llama la atención que algunos tipos específicos de delitos se usan con más frecuencia en los procesos de criminalización como los de abuso de autoridad, revelación de información e incumplimiento de deberes y que un número significativo de estos casos están siendo conocidos solamente por un reducido número de Juzgados de Primera Instancia Penal.
En paralelo, las personas criminalizadas enfrentan un acoso continuo en espacios públicos, y en la esfera digital. Los ataques en redes sociales, provenientes de hordas de cuentas coordinadas (Netcenters), incluyen insultos, mensajes denigrantes hacia ellas y sus familias, vigilancia, e incluso amenazas de detención, daños o muerte. Estos ataques son activados estratégicamente por sus autores en momentos claves del proceso judicial para incrementar la intimidación y el hostigamiento hacia las personas criminalizadas.
La información recabada por Amnistía Internacional muestra que las denuncias destinadas a poner fin a estos tipos de hostigamiento están estancadas o desechadas. Adicionalmente, las mismas cuentas que ejecutan los ataques en la esfera digital han filtrado en redes sociales, con plena impunidad, información de los casos que
sólo debe estar en conocimiento de las autoridades, anunciando anticipadamente, por ejemplo, operativos u otras acciones de dichas autoridades.
De manera muy preocupante, la organización también documentó que estas tácticas se han ampliado, fortalecido y repetido de forma tal que han abarcado cada vez a más personas operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos a lo largo de los últimos años, generando un profundo efecto inhibidor en las y los profesionales del sector justicia en el país.
Discriminación y violencia de género
Las personas criminalizadas suelen enfrentar acciones específicas de discriminación, violencia de género y racismo. Este fenómeno afecta de manera particular a las mujeres operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos que se han atrevido a luchar contra la corrupción y retar los roles que tradicional y socialmente son asignados a la “masculinidad” en la procuración de justicia.
Los testimonios recibidos por Amnistía Internacional incluyen gestos y discursos misóginos de las partes que intervienen en el marco de los procesos, así como múltiples mensajes y montajes difundidos en redes sociales, todos destinados a restarles valor como profesionales y como mujeres.
Lamentablemente, la investigación evidencia que las autoridades han faltado a sus obligaciones con relación a la prevención y sanción de la discriminación y violencia, al no poner fin a estas prácticas que ocurrieron en más de una ocasión durante las audiencias en el marco de los procesos penales seguidos en contra de las mujeres operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos criminalizadas, y al no investigar adecuadamente las denuncias relacionadas con la violencia en línea.
“El juez hubiera tenido que parar al querellante adhesivo por sus comentarios misóginos, la violencia verbal, o sus cuestionamientos sobre nuestras vidas personales porque el caso no se relacionaba con esto, pero no lo hizo. Hasta un fiscal se reía. Nosotras tuvimos que pararles”, dijo una abogada y defensora de derechos humanos entrevistada para este informe.
Esta desprotección, junto con otros aspectos relacionados con los roles de género y de cuidado que asumen, también ha tenido impactos diferenciados para las mujeres criminalizadas, que afectan diversos aspectos de sus vidas.
Justicia descarrilada, sociedad en riesgo
El patrón de criminalización analizado revela, de manera inquietante, no solamente retrocesos en la lucha contra la impunidad, sino el descarrilamiento de la justicia en el país.
Tanto la ley guatemalteca como las normas internacionales de derechos humanos establecen que las y los jueces y fiscales deben de poder ejercer sus labores sin presiones. Sin embargo, en los casos analizados el Ministerio Público y el Organismo Judicial no han protegido la independencia de sus funcionarios, a pesar de que se trata de un elemento fundamental para garantizar el adecuando funcionamiento de la justicia y los derechos humanos de la población.
La organización observa con suma preocupación que los cuatro casos de criminalización expuestos en el informe derivan de señalamientos e investigaciones de hechos de corrupción en el seno mismo del sistema de administración de justicia, incluyendo el nombramiento de magistrados.
Amnistía Internacional considera que la criminalización sistemática de las personas operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos que han fortalecido la lucha contra la corrupción es peligrosa en cuanto pone en entredicho el correcto desarrollo de las funciones judiciales y fomenta la impunidad, lo cual a su vez pone en riesgo el acceso a la justicia de las personas víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos. Además, tiene un efecto amedrentador que va más allá del foro jurídico, e impacta negativamente en la libertad de expresión y el derecho de defender derechos humanos de la sociedad en su conjunto.
“El hecho de que las mujeres que han denunciado, investigado o conocido de estos casos de corrupción son las que están hoy en el banquillo de las acusadas e incluso hayan enfrentado la cárcel, es sintomático de un sistema de justicia enfermo. Urge que las autoridades guatemaltecas cambien el rumbo para sanar sus instituciones, colocando en su centro los derechos de todas las personas en Guatemala, de acuerdo con el derecho internacional, y pongan fin a esta persecución penal por motivos políticos”, agregó Ana Piquer.
Entre sus recomendaciones, Amnistía Internacional insta a las autoridades a desestimar las denuncias penales infundadas y que tengan como objetivo o resultado menoscabar el trabajo de las personas operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos, atemorizarlas o castigarlas por su labor, e investigar el hostigamiento judicial, así como todas las formas de acoso, discriminación y violencia de género descritos en el informe.
Además, es fundamental que las autoridades adopten políticas y medidas para identificar, evitar y sancionar la discriminación y la violencia de género en contra de mujeres operadoras de justicia, defensoras de derechos humanos y periodistas, incluso en entornos digitales.
La organización también recomienda adoptar medidas para facilitar la reintegración del personal del MP forzado a renunciar, despedido arbitrariamente o sancionado injustamente en el contexto descrito antes, así como velar porque que los procesos de selección de magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Corte de Apelaciones se basen en la idoneidad, méritos e independencia de las y los aspirantes al cargo y sean transparentes.
