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Ministra del Interior, Carolina Tohá. Foto: Aton.

Para la ministra del Interior, tanto las exautoridades como los partidos políticos a cargo del gobierno del expresidente Piñera deben clarificar los antecedentes en los que se ha visto involucrado el ex secretario de Estado y figura de la UDI.

Diario UChile

La ministra del Interior, Carolina Tohá, llamó a la oposición a pronunciarse por la vinculación del exministro Andrés Chadwick con el abogado Luis Hermosilla, quien permanece en prisión preventiva tras ser formalizado en el marco del denominado caso Audios.

La titular de Interior sostuvo que “el exministro Chadwick está enfrentando múltiples acusaciones y temas que están en investigación. Él tendrá que definir la manera en que se defiende”.

“Lo importante es que las figuras que cumplen roles o que han cumplido roles importantes en el Estado, y particularmente en su caso como ministro del Interior, hay instituciones que tienen que responder por estas actuaciones”, dijo Tohá.

En ese sentido, la secretario de Estado insistió en que “las instituciones y partidos políticos que estuvieron a cargo de ese gobierno (de Piñera)” deberían dar “respuestas”.

“Tienen que darle al país una respuesta de qué hay detrás de estos antecedentes y de cómo operaba (Chadwick) en esa época, durante ese gobierno”, cerró Tohá.

Andrés Chadwick, quien se desempeñó como vocero y ministro del Interior durante los gobiernos de Sebastián Piñera, ha sido vinculado a Hermosilla en el caso Audios, por lo que su condición de testigo podría variar.

Según La Tercera, uno de los documentos revelados que podría comprometer a la figura de la UDI consiste en una serie de conversaciones de Whatsapp entre el abogado (Hermosilla) y el controlador de la corredora de bolsa (Daniel Sauer) -ambos en prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber por corrupción-, ocurridas entre marzo y abril del 2023.

Ese periodo es justamente el tiempo en que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) había suspendido por 30 días las operaciones de STF Capital, por no cumplir con las exigencias legales y normativas sobre el envío de estados financieros auditados e indicadores de cobertura patrimonial. En ese caso tendría injerencia el otrora secretario de Estado.

Por: Diario UChile

Lunes 16 de septiembre, 2024

Este artículo fue publicado originalmente en Radio Universidad de Chile.

Abogado Luis Hermosilla en la cuarta jornada de su formalización en Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Foto: Aton.

La querellante en el caso Audios se inclinó por la medida cautelar más gravosa para que el abogado no se fugue del país. Sobre los hechos que involucran a Andrés Chadwick dijo: “Quisiera escuchar algún pronunciamiento por parte de la derecha”.

Diario UChile

La diputada del Partido Socialista por la Región de Atacama y una de las querellantes en la causa judicial del caso Audios, Daniella Cicardini, abogó porque en esta cuarta jornada de formalización del abogado Luis Hermosilla se establezca prisión preventiva como medida cautelar, como una señal hacia la ciudadanía y para recuperar la credibilidad de las instituciones.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la parlamentaria recalcó que estamos frente a “verdaderas redes de corrupción y de tráfico de influencias (…) que podrían tener vínculos con el mundo político, judicial, económico, con el SII, la Tesorería General de la República y la PDI”. Hipótesis que, por cierto, fue parte de las conclusiones a las que llegó la Comisión Investigadora del Caso Hermosilla en la Cámara Baja,

“Cuando vemos todo este entramado evidentemente nos convencimos de que quedábamos cortos con las herramientas fiscalizadoras del Congreso Nacional y avanzamos en una querella con el diputado (Daniel) Manouchehri”, explicó.

Respecto a la medida cautelar, Cicardini sostuvo que: “Nosotros esperamos avanzar en una prisión preventiva no solo por la gravedad de los hechos, sino también por la situación de reiteración y, además, porque hay audios del mismo señor Hermosilla que señalan que si se llegan a enterar de toda esta red de corrupción hay que arrancarse e irse a Jamaica con los pasajes, y lo que nosotros no queremos es que este personaje se fugue de nuestro país. Por lo tanto, lo mínimo es que podamos resguardar esta investigación y llegar hasta las últimas consecuencias con el mayor rigor de la ley para todos quienes resulten responsables. Es uno de los casos de corrupción más grandes que hemos vivido en nuestro país“.

En esa línea, y en su rol de querellante, la parlamentaria indicó que ha recibido advertencias de parte de sus colegas parlamentarios. “En el Congreso, en los pasillos, hemos recibido, quizás uno puede decir son consejos bien intencionados, pero también hay algunos con tonos que a lo menos llaman profundamente la atención, el ‘tengan cuidado, salgan de ahí’, son voces que reiteradamente a lo menos yo he escuchado y recibido por parte de mis colegas de manera muy transversal”, expuso.

“Hay algunos que deben estar muy preocupados. Vuelvo a insistir, acá vemos que hay tentáculos del caso Hermosilla que deben también penetrar en el mundo político, hay algunos que no están durmiendo bien y les incomoda que nosotros fuéramos parte de esta querella porque vamos a tener acceso a la carpeta, de hecho, tuvimos varios intentos descarados de la defensa para sacarnos del juicio“, aseguró.

En relación a un artículo publicado por el medio Ex-Ante, en el que se desliza la posibilidad de que pierdan el escaño al ser querellantes en este caso, la diputada respondió que es una afirmación “sin ninguna justificación y argumento jurídico ni legal“: “Les puedo decir que, primero, nosotros fuimos ratificados por la Corte de Apelaciones, segundo, no tenemos ningún impedimento ni inhabilidad constitucional, porque además nosotros no somos los abogados que patrocinan este caso ni tampoco estamos buscando una indemnización”.

Sobre los hechos que involucran Andrés Chadwick y la gravedad de que la defensa de su acusación constitucional haya sido financiada con dineros ilegales, Cicardini respondió que “acá no tenemos a cualquier político, es un político connotado de la derecha, de la UDI principalmente, un político que participó de la campaña de Pinochet y que en reiteradas oportunidades fue parte de gobiernos de derecha, como en el del presidente Piñera, y no en cualquier puesto, fue vocero de Gobierno, fue ministro del Interior y él fue acusado constitucionalmente, cuando justamente quienes lo defendieron fueron financiados por recursos de lavado de activos que era Factop“.

Con estos antecedentes, “a lo menos nosotros quisiéramos escuchar algún pronunciamiento por parte del sector de la derecha que han tenido un silencio cómplice y obviamente nosotros estamos analizando si es que esto tiene mérito constitucional para que, por ejemplo, en el caso de (Jean Pierre) Matus pueda también tener alguna acción como una acusación constitucional“.

Respecto al dilema que suscita en el mundo político el levantar el secreto bancario, la parlamentaria afirmó que: “Es un tema que le incomoda a un sector económico de nuestro país, al poder económico que también tiene sus tentáculos en el poder político. El caso Hermosilla deja en evidencia de porqué es tan importante avanzar en la ruta del dinero porque, ojo, en este caso también podría estar vinculado el Poder Judicial”.

“Con el caso Hermosilla, hoy día tenemos la oportunidad de recuperar la credibilidad de las instituciones y la fe publica del sistema completo porque esa sería la señal que esperaría el chileno y chilena en uno de los mayores casos de corrupción”, finalizó.

Revisa la entrevista completa acá:

Por: Diario UChile

Lunes 26 de agosto, 2024

Este artículo fue publicado originalmente en Radio Universidad de Chile.

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Ángela Vivanco. Foto: Marcelo Hernandez/Aton Chile

El diputado Manouchehri (PS) tachó de “graves” las gestiones del esposo de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en elecciones de cargos del Poder Judicial. Y respaldó la idea de cambiar el sistema de nombramientos en tal pilar del Estado.

Camilo Vega Martinez

La ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, protagoniza un nuevo capítulo del caso Audios, y esta vez involucra también a su pareja, Gonzalo Migueles. Los chats encontrados en el celular del abogado Luis Hermosilla destaparon una nueva arista de la investigación, en medio de cuestionamientos al Poder Judicial por el proceso de nombramiento de jueces.

Ciper dio a conocer que Migueles le habría ofrecido al fiscal Carlos Palma -en su momento postulante a la jefatura del Ministerio Público- un doctorado y reemplazar a Xavier Armendáriz en la Fiscalía Centro Norte. Oferta que ocurrió en medio del proceso de elección del fiscal nacional que terminó con Ángel Valencia en el cargo. La idea de Migueles era contar con el apoyo de Palma al candidato que ya había sido designado por La Moneda y que requería la ratificación del Senado.

Este no es el único conflicto en el que Gonzalo Migueles se habría visto involucrado. Además, habría intentado interferir en la nominación del conservador de Viña del Mar, llamando a uno de los postulantes (Carlos Swett) para que desistiera en favor de quién sí logró el nombramiento.

Durante esta jornada fueron diversas las reacciones en el mundo político en torno a este caso. El diputado Luis Cuello (PC) aseguró que se trata de una “Caja de Pandora”.

Nos parece bastante delicado que se estén ofreciendo favores para obtener ciertas nominaciones. Esto tiene que abrir un debate nuevo respecto a cuál es el mejor mecanismo para nombrar los ministros de la Corte Suprema”, señaló el parlamentario.

En tanto, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado del Partido Socialista y presidente de la Comisión Investigadora del caso Hermosilla, Daniel Manouchehri, concordó con Cuello respecto a que esta sería “la punta del iceberg” de una “posible red de corrupción”.

El socialista fue tajante al indicar que esto “no es solo un lobby respecto a un nombramiento”. “En nuestra legislación y en cualquier legislación mundial se llama soborno”, aseveró.

“Son hechos extremadamente graves por cuanto este tipo de definiciones tienen que ser independientes. Un funcionario público no debería estar involucrado en este tipo de situaciones”, declaró.

Si bien hay voces que ya han puesto en entredicho la designación del actual fiscal nacional, Manouchehri descartó aquello. “En el caso específico de este ofrecimiento era respecto del candidato que competía con Ángel Valencia en ese momento. La principal responsabilidad que tiene justamente el fiscal nacional y todo el Ministerio Público es que estos casos no terminen en impunidad”, aseguró.

Consenso en cambiar el sistema

La discusión de fondo sobre este caso es la manera en que se nombran los cargos en el Poder Judicial. Aspecto que fue abordado por el ministro de Justicia, Luis Cordero, quién reconoció que hay un consenso entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional para impulsar un cambio al sistema.

“La Corte Suprema desde el año 2015 viene sosteniendo que el régimen de nombramientos en general, no me estoy refiriendo solo a jueces, sino que también a auxiliares de la administración de justicia como notarios y conservadores es un régimen que debe cambiar”, mencionó el secretario de Estado.

Según recoge el ministro Cordero, la Corte Suprema ha señalado que las funciones de gobierno judicial deben separarse de la función jurisdiccional y deben estar en una institución distinta. En las dos propuestas constitucionales fallidas se instaló esta idea, diferenciándose solamente en si la separación debía ser en una institución adicional o tres.

Propuesta que reflotó en el informe de la Comisión Investigadora del caso Hermosilla y que mencionó a nuestro medio el diputado Manouchehri. “Hay modelos que se han estudiado como el Consejo para la Magistratura. Poder dividir la administración jurisdiccional de la parte administrativa. Eso debe estudiarse en el debate parlamentario”, afirmó.

Sin embargo, también fue enfático al señalar que: “Ninguna medida va a ser suficiente mientras exista corrupción en las altas esferas del Estado. Podemos tomar todas las medidas, pero si no tenemos la capacidad de dar un estándar ético y moral a las personas que ocupan estos cargos, no habrá movida que permita evitar estos casos en el futuro”.

El descargo de los implicados

A través de un comunicado de prensa, Ángela Vivanco descartó tener conocimiento de los hechos por los que se acusa a su marido. “Son mensajes personales de él. Aquí ha habido un exceso de buena fe, por una parte, que desgraciadamente no fue considerado de la misma manera por la otra parte”, señaló en su carta.

La ministra de la Corte Suprema afirmó que en conversaciones familiares “no tengo ninguna noticia”. Una postura similar adoptada por Migueles en declaraciones a Ciper, donde señala que al no ser un funcionario público ni ningún tipo de autoridad: “Cualquier opinión o consejo que haya dado a terceros solo me representa a mí”.

No obstante, el citado reportaje también detalla una reunión en casa de Vivanco y Migueles con participación del fiscal Carlos Palma, relación que este último catalogó como esporádica.

Para el diputado Manouchehri, los argumentos de los implicados son “escandalosos”. “Ella dice que el desprestigio del Poder Judicial estaría dado porque se hubiese filtrado este supuesto intento de soborno y no por el supuesto intento de soborno propiamente tal”, indicó.

El legislador del Partido Socialista abordó la afectación a las instituciones del Estado, consecuencia de los casos de corrupción destapados en el último tiempo. “Hoy día está en juego la credibilidad de todo el sistema judicial y la credibilidad de nuestro sistema democrático. La única manera de poder reparar el daño hecho es que los responsables paguen con cárcel”, sentenció Manouchehri.

Por: Camilo Vega Martinez

Link publicación original: Ver Aquí

Junio 17, 2024

Este artículo fue publicado originalmente en Radio Universidad de Chile.