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COMUNICADO DE PRENSA

Ante la noticia de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha solicitado órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, y los dirigentes de Hamás Yahya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Israel y en el Estado de Palestina, concretamente en la Franja de Gaza ocupada, desde al menos el 7 de octubre de 2023, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado:

 

“Nadie está por encima del derecho internacional: ni dirigentes de grupos armados, ni cargos gubernamentales —elegidos o no— o militares. Ninguna persona, con independencia de la causa que defienda, está por encima de la ley.

La medida adoptada por la Fiscalía de la CPI transmite un mensaje importante a todas las partes del conflicto dentro y fuera de Gaza, y es que deberán rendir cuentas por los daños ruinosos causados a la población de Gaza e Israel.

 

Los presuntos responsables de crímenes de derecho internacional en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados deben ser juzgados y obligados a rendir cuentas, con independencia del poder que tengan o el puesto de autoridad que ocupen.

 

Además, la solicitud de órdenes de detención por la Fiscalía de la CPI ante la situación en el Estado de Palestina es una oportunidad largamente esperada para poner fin al círculo vicioso de impunidad que ha imperado durante décadas en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, y para restablecer la credibilidad del sistema de justicia internacional en su conjunto.

 

Todos los Estados deben respetar la legitimidad de la Corte y abstenerse de todo intento de intimidar o presionar a sus magistrados para que éstos puedan realizar su trabajo con plena independencia e imparcialidad.

 

Mientras la Fiscalía continúa sus investigaciones, la Sala de Cuestiones Preliminares deberá examinar sin demora y tomar una decisión sobre estas primeras solicitudes de órdenes de arresto. Todos los Estados, incluidos los que no son partes en el Estatuto de la CPI, deben respetar esta decisión. Cuando los magistrados de la Corte aprueban una orden de detención, todos los Estados Partes en el Estatuto deben garantizar el cumplimiento de esa orden.”

Información complementaria

 

En las solicitudes presentadas para pedir órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, se alegan crímenes de guerra de causar inanición a la población civil, realizar ataques directos a civiles así como homicidio intencional y causar deliberadamente gran sufrimiento, y crímenes de lesa humanidad de exterminio —incluso causando inanición— y persecución, entre otros, con arreglo al Estatuto de Roma, cometidos en la Franja de Gaza al menos desde el 8 de octubre de 2023.

 

En cuanto a los dirigentes de Hamás Yahya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh, la Fiscalía alega crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra de exterminio, asesinato, violación y otras formas de violencia sexual, toma de rehenes y actos de tortura y otros malos tratos en el contexto de cautiverio, entre otros.

 

Estas solicitudes aún deben ser examinadas y aprobadas por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte para que se dicten las órdenes de detención. La Fiscalía añadió que hay investigaciones en curso. Eso significa que podría haber más solicitudes, contra otras personas y por otros presuntos crímenes.

 

Amnistía Internacional lleva tiempo pidiendo a la Fiscalía de la CPI que adopte de inmediato medidas concretas para acelerar la investigación abierta en marzo de 2021 en relación con posibles crímenes según el Estatuto de Roma de la CPI cometidos desde el 13 de junio de 2014 en Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental. El 29 de octubre y de nuevo en noviembre de 2023, la Fiscalía de la CPI emitió tardíamente declaraciones que confirmaban que la investigación en curso sobre la situación en Palestina abarcaría los actos cometidos por todos los bandos en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados a partir del 7 de octubre.

 

Hasta ahora, las autoridades israelíes no han llevado a cabo investigaciones prontas, exhaustivas e independientes sobre los crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército israelí en todos los Territorios Palestinos Ocupados. Y las autoridades palestinas no han investigado los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos por Hamás y otros grupos armados.

 

Las pruebas recopiladas por Amnistía Internacional demuestran que las fuerzas israelíes están cometiendo violaciones flagrantes del derecho internacional humanitario desde el 7 de octubre de 2023, mediante ataques indiscriminados o directos contra civiles y contra bienes de carácter civil en la Franja de Gaza ocupada, que deben ser investigados como crímenes de guerra. Las autoridades israelíes tampoco han acatado las medidas dictadas por la Corte Internacional de Justicia para prevenir el genocidio impidiendo deliberadamente el acceso a ayuda humanitaria suficiente. Amnistía Internacional ha documentado asimismo ataques indiscriminados o directos contra civiles y bienes de carácter civil perpetrados por las fuerzas armadas israelíes durante los conflictos de 2008-2009, 2014 y 2021.

 

La organización de derechos humanos también ha documentado violaciones del derecho internacional cometidas por Hamás y otros grupos armados palestinos desde el 7 de octubre, incluidos homicidios deliberados de civiles, toma de rehenes y ataques indiscriminados con cohetes contra Israel. Amnistía Internacional pide a Hamás y otros grupos armados palestinos que pongan en libertad sin condiciones a todos los civiles que continúan retenidos como rehenes en Gaza. La toma de rehenes es un crimen de guerra. Amnistía Internacional ha documentado de forma sistemática violaciones del derecho internacional cometidas por Hamás y otros grupos armados en Gaza, que incluyen tortura y otros malos tratos, ataques indiscriminados con cohetes contra Israel y otros ataques que han causado muertes de palestinos en la Franja de Gaza ocupada.

Amnistía Internacional Chile

COMUNICADO DE PRENSA

Mayo 22, 2024

Photo: ©Amnesty Germany/Jarek Godlewski

Simon Crowther, asesor jurídico de Amnistía Internacional, asistirá a la próxima vista judicial de Julian Assange, que se celebrará ante el Tribunal Superior de Reino Unido el 20 de mayo, para observar los procedimientos como observador jurídico experto.

El desenlace de esta vista determinará si Julian Assange tiene más oportunidades para defender su caso ante los tribunales británicos o si ha agotado todos los recursos en Reino Unido, lo que desembocará en su extradición o en una solicitud ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

“Ahora que el tribunal vuelve a reunirse para determinar la suerte de Julian Assange, repetimos las enormes repercusiones que hay en juego si es extraditado a Estados Unidos: el riesgo de que sea sometido a violaciones de derechos humanos y el perjuicio duradero que se causará a la libertad de prensa mundial”, ha manifestado Simon Crowther.

 

“Si es extraditado, Assange puede enfrentarse a decenas de años de cárcel y al peligro de ser recluido en régimen de aislamiento prolongado en una prisión de máxima seguridad con malos servicios de salud. Es sencillamente imposible garantizar su seguridad y bienestar, al igual que Estados Unidos no los garantiza a las decenas de miles de personas que están actualmente encarceladas en el país. Assange ya ha pasado cinco años encarcelado en Reino Unido, gran parte de ellos de forma arbitraria.”

 

“Las autoridades estadounidenses parecen totalmente decididas a que Assange sirva de ejemplo por exponer los presuntos crímenes de guerra que han cometido, en lugar de defender y respetar los valores de la libertad de expresión. Recibir información gubernamental delicada de fuentes exteriores y difundirla en aras del interés público no es un delito. Se trata de actividades fundamentales para el trabajo de periodistas y editores. La opinión pública tiene el derecho absoluto a saber si su gobierno está infringiendo el derecho internacional. Estados Unidos debe retirar todos los cargos formulados contra Assange, y Reino Unido debe detener los procedimientos de extradición, lo que permitirá que Assange sea liberado sin demora de la custodia británica.”

Información complementaria

Tras el aplazamiento, el 26 de marzo, de la vista judicial, el Tribunal Superior de Reino Unido ha confirmado la celebración de una vista el 20 de mayo, tras haber recibido nuevas garantías diplomáticas de Estados Unidos el 16 de abril.

 

El 3 de mayo, Amnistía Internacional emitió una declaración pública sobre la importancia del principio de publicidad de los actos judiciales y el acceso de observadores judiciales a las vistas de Julian Assange.

Amnistía Internacional Chile

Link publicación original: VER AQUÍ

Mayo 16, 2024