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Presidente Gabriel Boric. Foto: ATON.

El Gobierno destacó el despliegue de más de 10 mil 500 funcionarios de Carabineros y la PDI que realizarán controles en puntos “estratégicos” de las ciudades, como carreteras y fiestas costumbristas, pero con especial foco en las fondas.

Bárbara Paillal

Un saldo de 23 fallecidos dejó este último fin de semana previo a Fiestas Patrias. La cifra levantó alertas en las autoridades del Gobierno encargadas de la seguridad, quienes apuntaron a fortalecer el mensaje de “autocuidado“, y las labores de fiscalización y orden público de cara a esta festividades XL, considerando que en su mayoría estos “siniestros” responden a causales como un alto consumo de alcohol, exceso de velocidad y peatones imprudentes.

En el marco de su participación en “Fondahuel“, una iniciativa municipal que invita a celebrar en un ambiente familiar libre de humo y alcohol, el Presidente Gabriel Boric reafirmó el llamado a celebrar con responsabilidad.

“Vamos a hacer majaderos en insistir en que asistan sólo a eventos que están autorizados con las medidas de seguridad y sanitarias apropiadas, a no manejar si han consumido alcohol. Es demasiado importante, la vida de ustedes y la de personas que no conocen están en juego en una decisión tan sencilla como en usar las sillas y alzadores para trasladar a los niños y niñas. Y por favor, por favor, no tomar la, no tengo otra palabra que no sea pelotuda de decisión, de mirar el celular mientras uno está manejando”, señaló.

En esa línea, sostuvo que: “En esto hay que ser duros, hay que ser claros, porque insisto, la vida de ustedes o de alguien que no conocen está en juego. Y la verdad es que desde el viernes hasta la fecha, como sociedad, no hemos estado bien en esta materia. Tenemos 23 personas fallecidas desde el viernes hasta hoy en accidentes de tránsito”.

Para evitar que la cifra de homicidios continúe en aumento, el Presidente Gabriel Boric destacó que habrán distintos servicios y funcionarios públicos desplegados por todo el territorio nacional. En detalle, se trata de más de 10 mil 500 funcionarios de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI) que realizarán controles en puntos “estratégicos” de las ciudades como carreteras (1.500), fiestas costumbristas, pero con especial foco en fondas como La Pampilla.

De hecho, en el marco del Plan 18 Seguro y previo al evento de la Región de Coquimbo, que contempla a lo menos 100 mil personas, asistió el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para inaugurar la 7ma Comisaría Temporal, que funcionará entre este lunes 16 y el domingo 22 de septiembre.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, detalló que “en esta comisaría van a haber 190 efectivos de Carabineros de Chile. Van a estar acompañados de 34 medios logísticos, además se ha traído tecnología, un camión con conexión satelital para facilitar la labor de Carabineros que además va a ser complementada con la labor de la PDI, el esfuerzo que hace el municipio a través de los guardias municipales y las empresas de seguridad”.

Este despliegue, cuenta además con un “punto morado” que busca informar y orientar sobre los canales de denuncia de violencia de género. Además, de una oficina de guardia para niños, niñas y adolescentes.

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, relevó que durante Fiestas Patrias suben las llamadas de emergencia, y recordó que los números de emergencia son el 133 y el Fono Familia 149. “Esa llamada puede salvar una vida, puede salvar a un niño o niña de verse expuesto a una situación que no va a olvidar nunca y salvar a una mujer de poder enfrentar un posible femicidio”, dijo Orellana.

Este tipo de comisarías (13 en todo el país) también cumplirá funciones en el Parque O’Higgins con presencia de más de 240 funcionarios de Carabineros.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, destacó la presencia del Estado en el marco de las festividades: “Antes de estos servicios extraordinarios de seguridad, teníamos totalmente normalizado que en las Fiestas Patrias cundían las personas ebrias en las calles, los atropellamientos, había en fondas como ésta personas que se emborrachaban y al día siguiente estaban ahí de nuevo y retomaban el consumo de alcohol. Con el tiempo hemos decidido como sociedad que no es broma”.

Cabe destacar que distintas carteras reforzarán sus competencias: el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones tendrá fiscalizaciones en los puntos más altos de siniestralidad, según la información de años anteriores, el Ministerio de Salud -a través de las Seremis de Salud- realizarán visitas de fiscalización sanitaria a los lugares que contemplen la venta de alimentos.

Y, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) tendrá despliegues en los que se aplicarán alcotest y narco test con una planificación de 114 operativos a conductores que no se limitarán a la noche.

En la proyección, las autoridades cifran en más de un millón cien mil los vehículos que saldrán de la Región Metropolitana durante el fin de semana XLDesde el pasado viernes, ya han salido 272 mil  (20% de ellos a través de la ruta 5 norte).

Por: Bárbara Paillal

Lunes 16 de septiembre, 2024

Este artículo fue publicado originalmente en Radio Universidad de Chile.

El 9 de septiembre de 2024 jueces de la Tercera Sala de la Corte Suprema (1) revocaron fallos de la Corte de Apelaciones de Santiago, y sentenciaron que la Armada y Carabineros de Chile pueden exhibir en sus dependencias retratos de los golpistas Merino, Mendoza y de su sucesor Stange. Al hacerlo reinstalan el debate sobre los deberes del Poder Judicial en materia de protección de las víctimas del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 ¿Indica este fallo que el espíritu golpista se está anidando de nuevo en la Corte Suprema?

Columna de opinión por Eric Eduardo Palma, profesor de Historia Constitucional, U. de Chile

El espíritu golpista de la Suprema se incubó cuando la Corte avaló la comisión del delito de rebelión en que incurrieron los miembros de la Junta Militar según la normativa del Código Penal vigente al 11 de septiembre de 1973 (2). Sin perjuicio de considerar que los ministros del más alto tribunal de la República pudieron incurrir, a su vez, en la figura penal de los artículos 134, 135 y 136 del mismo Código (3).

La discusión sobre el respeto de la independencia del Poder Judicial por la dictadura civil-militar es un tema ya zanjado: el régimen intervino la judicatura al crear los Tribunales Especiales del Trabajo (4), al exonerar mediante sumarios secretos a jueces y remover funcionarios identificados como adherentes de la Unidad Popular (5) y al crear una instancia de reclamación por caducidad del contrato de trabajo integrada por miembros de las Fuerzas Armadas (6).

Esta intervención fue avalada por la Corte Suprema de la época, cuyas presidencias manifestaron su total e irrestricto apoyo al Gobierno Militar. Cabe recordar que el presidente Urrutia Manzano puso a Pinochet la banda presidencial en 1974 (7).

Inmersa en su espíritu golpista la Corte Suprema no sólo avaló la intervención, no sólo colaboró con entusiasmo, sino, lo que es todavía más grave, fomentó la severa política represiva del régimen civil-militar. En efecto, relata el asesor jurídico de la Junta Militar, Duvauchelle, que se propuso a la Corte promulgar un Decreto Ley que le entregara competencia para conocer recursos contra las sentencias de los Consejos de Guerra que implicaran la pena de muerte, pero ella lo rechazó: “[…] ya que sus miembros era partidarios de que el Gobierno Militar actuara primero con dureza hacia los extremistas, y después se podría conversar sobre el proyecto de decreto ley” (Duvauchelle, 2019, 97).

El espíritu golpista del máximo Tribunal implicó también que no representara públicamente la falta de acatamiento de sus fallos, a pesar de lo comprometido por la Junta Militar. Mediante una circular interna de noviembre de 1976 advirtió a los jueces que por decreto ley 1065 de 1975, Carabineros estaba obligado a prestar su auxilio a las autoridades judiciales, sin poder calificar el fundamento de la petición de apoyo de la fuerza pública. Como se aprecia, esta circular cuestiona gravemente el principal argumento sostenido públicamente para avalar la independencia del Poder Judicial (8).

También se manifiestó en el hecho que admitiera incluso la represión de menores inimputables. En 1974 desconoció los argumentos de la Corte de Apelaciones de Santiago y revocó el fallo de un recurso de amparo que disponía la libertad de un menor de 15 años. Desechó los argumentos de la Corte de Apelaciones que sostuvo al acoger el recurso: 1. Que el menor debía ser puesto en libertad. 2. Que el Tribunal de Menores competente debía velar por su integridad, porque en este caso no eran aplicables las excepciones propias del estado de sitio 3. Que se debían aplicar al fallar esta causa las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que eran protectoras y limitaban el alcance del efecto del estado de sitio.

La proyección en el tiempo de esta identificación y defensa de la dictadura implicó que tardíamente, tan sólo el 9 de septiembre del año 2013, admitió en una Declaración sus desviaciones, calificando su conducta como: “3.- […]  una dejación de funciones jurisdiccionales, por lo que es tiempo de dejarlo en claro a todos los miembros actuales y futuros de la institución y a las generaciones ciudadanas que vengan, para que ese comportamiento no se repita, por contradecir un Estado de Derecho propio de una República democrática”.

Todavía más valioso para entender el tiempo presente es el contenido del numeral cuatro de la Declaración: “4: Consecuente con lo anterior, esta Corte Suprema ha comprometido sus mejores esfuerzos en el esclarecimiento de esta clase de delitos, e insta a todos los jueces de la República y funcionarios del Poder Judicial a persistir en tal tarea, como también al reconocimiento y promoción de los Derechos Humanos, tal cual lo prescribe la Constitución Política de la República” (9).

Once años después de la Declaración del año 2013, y bajo la persistente resistencia de la Corte a pedir perdón por la conducta de sus miembros, la prensa informó que la Tercera Sala del máximo Tribunal revocó el 9 de septiembre de 2024 las sentencias de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ordenaban a la Armada retirar los retratos de Toribio Merino, y a Carabineros, los de César Mendoza y Rodolfo Stange en tanto que integrantes de la Junta Militar golpista.

La Tercera Sala, acogiendo argumentos del Consejo de Defensa del Estado y de la Armada, estimó que los cuadros en cuestión son retratos que: “forman parte de una galería de numerosas imágenes que muestran, en orden cronológico, las fotografías institucionales de quienes han desempeñado el más alto cargo jerárquico en las aludidas reparticiones”. Que en tanto retratos no eran un homenaje como se sostuvo en el recurso interpuesto.

Nos parece que este fallo atenta contra la declaración del 9 de septiembre de 2013, y nos pone de lleno en el recuerdo del espíritu golpista desplegado a partir del 11 de septiembre de 1973.

Tal como ocurrió con el fallo del año 1974 sobre detención de menores de edad, en que la Suprema desatendió los argumentos de la Corte de Apelaciones que protegían los derechos humanos de la víctima, la tercera Sala, ignorando sus deberes de “reconocimiento y promoción de los Derechos Humanos” a que se refiere la declaración del año 2013, no se hizo cargo de lo sostenido por la Corte de Apelaciones que refutando el argumento puramente cronológico ordenó sacar los retratos de las dependencias de la Armada y Carabineros: “Que en ese orden de ideas, el único fundamento entregado para no acceder al retiro de una fotografía y retrato, es que se encuentran ubicadas junto a las de otras personas que desempeñaron igual cargo que el del señor Merino. Que tal distinción se torna en ilegal a la luz de la garantía de no repetición consagrada en el artículo 63.1 de la Convención sobre Derechos Humanos y aplicable a nuestro país de conformidad al artículo 5 de la Constitución […] Que de este modo, como ha sido sostenido por esta Corte en los ingresos Rol 79.361-2019 y Rol 37.319-2021, la garantía de no repetición, que se traduce en definitiva, en medidas tendientes a que no vuelvan a ocurrir violaciones a los derechos humanos, se contrapone a la acción de la recurrida al mantener en exhibición fotografías y retratos de quien forman parte de un gobierno de facto durante el cual se incurrieron en delitos de lesa humanidad […]  el hecho de ser expuesto junto a otros comandantes en jefe, no parece suficiente justificación para mantener exhibida la imagen de quien fue parte de una Junta Militar, que como gobierno de facto incurrió en actos de vulneración de derechos humanos”.

El fallo de la Tercera Sala, a once años de la Declaración del 9 de septiembre de 2013, muestra que el mandato del numeral 4 no ha calado hondo en el seno de la Suprema. Al parecer hay en ella quienes no se sienten obligados a respetar y promover los derechos humanos.

Al optar la Tercera Sala por una interpretación que favorece la mantención de los retratos, sin hacerse cargo del sufrimiento de las víctimas y del respeto cabal de la garantía de no repetición, está dañando severamente su deber jurídico de interpretar el Derecho de acuerdo con el principio pro persona (interpretación expansiva de los derechos humanos, interpretación restrictiva de las limitaciones).

Es de esperar que esta decisión se corrija, y que ella no sea sino un pálido reflejo del espíritu golpista que dañó severamente la independencia del Poder Judicial y el derecho de las víctimas a ser protegidas de la acción criminal de los golpistas encabezados por al almirante Merino, el general Mendoza y su sucesor el general Stange.-

 

(1) Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. Ángela Vivanco M., Sr. Mario Carroza E., el Ministro Suplente Sr. Juan Manuel Muñoz P., la Abogada Integrante Sra. María Angélica Benavides C, así como la Ministra Suplente Sra. María Carolina Catepillán L., y los Abogados Integrantes Sr. Enrique Alcalde R. y Sr. Pedro Águila.

(2) Guzmán (2023) Los sucesos del 11 de septiembre de 1973 y el delito de rebelión, rev, Estudios de la Justicia, núm. 39, págs. 229-240.

(3) Artículo 121. Los que se alzaren a mano armada contra el Gobierno legalmente constituido con el objeto de promover la guerra civil, de cambiar la Constitución del Estado o su forma de gobierno, de privar de sus funciones o impedir que entren en el ejercicio de ellas al Presidente de la República o al que haga sus veces, a los miembros del Congreso Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia, sufrirán la pena de reclusión mayor, o bien la de confinamiento mayor o la de extrañamiento mayor, en cualesquiera de sus grados

Art 122. Los que, induciendo a los alzados, hubieren promovido o sostuvieren la sublevación y los caudillos principales de ésta, serán castigados con las mismas penas del artículo anterior, aplicadas en sus grados máximos.

Art 134.  Los empleados públicos que debiendo resistir la sublevación por razón de su oficio, no lo hubieren hecho por todos los medios que estuvieren a sus alcances, sufrirán la pena de inhabilitación absoluta temporal para cargos y oficios públicos en cualquiera de sus grados.

ART. 136. Los que aceptaren cargos o empleos de los sublevados, serán castigados con inhabilitación absoluta temporal para cargos y oficios públicos en su grado mínimo y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales

(4) Palma (1998), Sobre la intervención del Poder Judicial en Chile luego del 11 de septiembre de 1973, Jueces para la Democracia, España.

(5) Matus da noticia que: “Entre 1973 y 1975, más de 250 magistrados y funcionarios fueron trasladados, removidos u obligados a renunciar, según un estudio realizado por el Colegio de Abogados en 1986. Entre ellos, unos veinte fiscales y ministros de las cortes de Apelaciones; más de cincuenta jueces, secretarios de juzgados, relatores y secretarios de Corte; y unos 180 miembros del Escalafón Secundario (funcionarios, receptores, defensores públicos y notarios (Matus, A, 1999, El libro negro de la Justicia en Chile, Planeta).

(6) Palma (2023), Las Actas Constitucionales de 1976. La dictadura chilena y la creación de normas iusfundamentales, Tirant lo Blanch.

(7) Astudillo, Fernando (2022) Independencia del Poder Judicial. ¿Dónde y a quien hacer la crítica? en

https://www.diarioconstitucional.cl/cartas-al-director/independencia-del-poder-judicial-donde-y-a-quien-hacer-la-critica/#goog_rewarded

(8) Palma (2023), Las Actas Constitucionales de 1976. La dictadura chilena y la creación de normas iusfundamentales, Tirant lo Blanch

(9)https://radio.uchile.cl/2013/09/06/corte-suprema-reconoce-omisiones-durante-la-dictadura-pero-evita-la-palabra-perdon/

https://www.pjud.cl/institucional/base-historica-de-autos-acordados#celda2946

https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/68319

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.

Viernes 13 de septiembre, 2024

Este artículo fue publicado originalmente en Radio Universidad de Chile.

Columna de opinión por Eric Eduardo Palma, profesor de Historia Constitucional, U. de Chile

Se ha cumplido un año, agosto de 2023, desde que se inundaron cientos de casas de alto precio, mal emplazadas en una zona inundable de la ciudad de Curicó y con motivo de ello el canal Chilevisión, con el periodista Julio César Rodríguez como conductor, nos invitó con otras personas, para que entregáramos nuestra opinión al respecto.

Columna de opinión por Patricio Herman

Otros medios digitales también nos solicitaron que nos refiriéramos al asunto. El proyecto inmobiliario es conocido como Parque Zapallar y la tragedia se produjo porque, tanto los agentes públicos como el actor privado, conscientemente vulneraron la normativa preventiva contenida en el respectivo Plan Regulador Comunal (PRC). Quien desaprensivamente construyó, pensando solo en las ganancias a recibir, es la empresa familiar de Rodrigo Galilea.

Este instrumento local habla de riesgo de inundación por posible desborde del estero Gaiquillo y pasó, lo que tarde o temprano tenía que pasar, para desgracia de las todas familias que compraron al contado o con créditos hipotecarios esos inmuebles. La totalidad de las autoridades regionales y comunales tenían la obligación de saber que el terreno comprado por Galilea, suponemos que en un precio muy reducido justamente por la afectación en comento, no era apropiado para construir viviendas, pero creyendo aquellas que las fuerzas de la naturaleza no iban a impactar ese sector, miraron para el lado porque se trataba de un buen negocio para el actual presidente del partido político Renovación Nacional.

En este episodio el influyente y arrogante sector privado no reclamó en contra de la “permisología”, sencillamente porque no hubo burocracia en la tramitación del permiso y la Contraloría Regional del Maule dio a conocer una serie de ilegalidades cometidas por la desobediente empresa del parlamentario, señalando que el proyecto se llama Conjunto Residencial Parque Zapallar en Curicó, confirmando que se trataba de más de 400 viviendas.

El principal culpable fue el chanta funcionario público, de nombre Carlos Figueroa, quien ejercía el cargo de Director de Obras Municipales (DOM) sujeto que, sin ponderar lo que hacía, como un perrito faldero, para congraciarse con el solicitante, otorgó el permiso de edificación a la empresa Galilea S.A. Ingeniería y Construcción, persona jurídica que también sabía que era de alto riesgo construir en ese sector. Naturalmente Figueroa, por otros motivos, antes de la fatalidad, había sido destituido de la función municipal de ejercía.

Debido a que la empresa que embaucó a los compradores de las casas se ha desentendido de su responsabilidad, ellos interpusieron una demanda en los tribunales, la que, a la luz de los indiscutibles hechos, aunque tarde, tendrá que favorecer a los desventurados vecinos, los que con las indemnizaciones de rigor, tendrán que rehacer sus vidas. Asimismo hemos sabido que este luctuoso caso de corrupción inmobiliaria ha sido tratado en la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara de Diputados, sin conocerse el resultado de la investigación que hicieron los parlamentarios.

Por lo relatado, queda en evidencia que Galilea carece de los atributos mínimos necesarios para desempeñarse en el ámbito de los proyectos inmobiliarios y por ello, en nuestra opinión, lo mejor para él, es que siga desempeñándose como político, actividad bien remunerada que no requiere ser especialista en nada, no obstante le da sumo protagonismo y visibilidad a quienes la ejercen.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.

Martes 20 de agosto, 2024

Este artículo fue publicado originalmente en Radio Universidad de Chile.

Patricio Herman-presidente-Fundación Defendamos la Ciudad-A2

Patricio Herman

Presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad

Abogado Luis Hermosilla en la cuarta jornada de su formalización en Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Foto: Aton.

La querellante en el caso Audios se inclinó por la medida cautelar más gravosa para que el abogado no se fugue del país. Sobre los hechos que involucran a Andrés Chadwick dijo: “Quisiera escuchar algún pronunciamiento por parte de la derecha”.

Diario UChile

La diputada del Partido Socialista por la Región de Atacama y una de las querellantes en la causa judicial del caso Audios, Daniella Cicardini, abogó porque en esta cuarta jornada de formalización del abogado Luis Hermosilla se establezca prisión preventiva como medida cautelar, como una señal hacia la ciudadanía y para recuperar la credibilidad de las instituciones.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la parlamentaria recalcó que estamos frente a “verdaderas redes de corrupción y de tráfico de influencias (…) que podrían tener vínculos con el mundo político, judicial, económico, con el SII, la Tesorería General de la República y la PDI”. Hipótesis que, por cierto, fue parte de las conclusiones a las que llegó la Comisión Investigadora del Caso Hermosilla en la Cámara Baja,

“Cuando vemos todo este entramado evidentemente nos convencimos de que quedábamos cortos con las herramientas fiscalizadoras del Congreso Nacional y avanzamos en una querella con el diputado (Daniel) Manouchehri”, explicó.

Respecto a la medida cautelar, Cicardini sostuvo que: “Nosotros esperamos avanzar en una prisión preventiva no solo por la gravedad de los hechos, sino también por la situación de reiteración y, además, porque hay audios del mismo señor Hermosilla que señalan que si se llegan a enterar de toda esta red de corrupción hay que arrancarse e irse a Jamaica con los pasajes, y lo que nosotros no queremos es que este personaje se fugue de nuestro país. Por lo tanto, lo mínimo es que podamos resguardar esta investigación y llegar hasta las últimas consecuencias con el mayor rigor de la ley para todos quienes resulten responsables. Es uno de los casos de corrupción más grandes que hemos vivido en nuestro país“.

En esa línea, y en su rol de querellante, la parlamentaria indicó que ha recibido advertencias de parte de sus colegas parlamentarios. “En el Congreso, en los pasillos, hemos recibido, quizás uno puede decir son consejos bien intencionados, pero también hay algunos con tonos que a lo menos llaman profundamente la atención, el ‘tengan cuidado, salgan de ahí’, son voces que reiteradamente a lo menos yo he escuchado y recibido por parte de mis colegas de manera muy transversal”, expuso.

“Hay algunos que deben estar muy preocupados. Vuelvo a insistir, acá vemos que hay tentáculos del caso Hermosilla que deben también penetrar en el mundo político, hay algunos que no están durmiendo bien y les incomoda que nosotros fuéramos parte de esta querella porque vamos a tener acceso a la carpeta, de hecho, tuvimos varios intentos descarados de la defensa para sacarnos del juicio“, aseguró.

En relación a un artículo publicado por el medio Ex-Ante, en el que se desliza la posibilidad de que pierdan el escaño al ser querellantes en este caso, la diputada respondió que es una afirmación “sin ninguna justificación y argumento jurídico ni legal“: “Les puedo decir que, primero, nosotros fuimos ratificados por la Corte de Apelaciones, segundo, no tenemos ningún impedimento ni inhabilidad constitucional, porque además nosotros no somos los abogados que patrocinan este caso ni tampoco estamos buscando una indemnización”.

Sobre los hechos que involucran Andrés Chadwick y la gravedad de que la defensa de su acusación constitucional haya sido financiada con dineros ilegales, Cicardini respondió que “acá no tenemos a cualquier político, es un político connotado de la derecha, de la UDI principalmente, un político que participó de la campaña de Pinochet y que en reiteradas oportunidades fue parte de gobiernos de derecha, como en el del presidente Piñera, y no en cualquier puesto, fue vocero de Gobierno, fue ministro del Interior y él fue acusado constitucionalmente, cuando justamente quienes lo defendieron fueron financiados por recursos de lavado de activos que era Factop“.

Con estos antecedentes, “a lo menos nosotros quisiéramos escuchar algún pronunciamiento por parte del sector de la derecha que han tenido un silencio cómplice y obviamente nosotros estamos analizando si es que esto tiene mérito constitucional para que, por ejemplo, en el caso de (Jean Pierre) Matus pueda también tener alguna acción como una acusación constitucional“.

Respecto al dilema que suscita en el mundo político el levantar el secreto bancario, la parlamentaria afirmó que: “Es un tema que le incomoda a un sector económico de nuestro país, al poder económico que también tiene sus tentáculos en el poder político. El caso Hermosilla deja en evidencia de porqué es tan importante avanzar en la ruta del dinero porque, ojo, en este caso también podría estar vinculado el Poder Judicial”.

“Con el caso Hermosilla, hoy día tenemos la oportunidad de recuperar la credibilidad de las instituciones y la fe publica del sistema completo porque esa sería la señal que esperaría el chileno y chilena en uno de los mayores casos de corrupción”, finalizó.

Revisa la entrevista completa acá:

Por: Diario UChile

Lunes 26 de agosto, 2024

Este artículo fue publicado originalmente en Radio Universidad de Chile.

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“Los 43 de Ayotzinapa: un crimen de Estado”, serie de Max

La serie, que aborda uno de los episodios más violentos de la historia reciente del continente, llegará a la plataforma Max el próximo 5 de septiembre. Una revisión minuciosa a 10 años del caso, cuya resolución no estuvo exenta de irregularidades.

Catalina Araya

El 27 de septiembre del 2014 es una fecha que quedó inscrita en la historia del continente americano. Esa noche, un grupo de estudiantes normalistas de Ayotzinapa se hallaban en Iguala, ciudad mexicana ubicada al norte del estado de Guerrero, durante la previa a la conmemoración de la Masacre de Tlatelolco.

Sin embargo, lo que comenzó como una toma pacífica por parte de los jóvenes de algunos autobuses para movilizarse hacia la Ciudad de México terminó constituyéndose en uno de los episodios más sangrientos del último tiempo. Esto, luego de que un grupo de policías municipales abrieran fuego indiscriminadamente contra los estudiantes, dejando un saldo de 9 muertos, 17 heridos y 43 desaparecidos cuyo paradero todavía no se esclarece.

Este 2024 se cumplen los primeros diez años de esta historia, cuya trama involucró corrupción, vínculos entre las autoridades y el narcotráfico y la incansable lucha de un grupo de familias que se resisten al olvido.

Es en ese contexto que llegará a la plataforma Max la producción “Los 43 de Ayotzinapa: un crimen de Estado“, una serie documental de cinco capítulos que se estrenará en Latinoamérica el próximo 5 de septiembre, y cuyo objetivo es diseccionar todas las partes que componen este insólito hecho.

“Como equipo, tenemos que hacer una investigación bastante profunda en cada uno de los territorios. Buscamos casos que creemos que pueden ser relevantes, que sean de impacto para la sociedad y que además no solamente tengan un impacto local, sino que también puedan tener uno regional”, comentó Esteban Vidal, integrante de Warner Bros. Discovery en Chile y productor ejecutivo del documental, cuyo primer episodio fue presentado en el marco de SANFIC Industria. “Este caso en particular, el de Ayotzinapa, tiene muchas aristas comunes con otros casos de Latinoamérica. Por eso nos pareció que podía ser una historia relevante para la región“.

Sin embargo, también explicó que la temporalidad igualmente fue un factor determinante: “Estábamos cerca de que se cumplieran 10 años y nos parecía que era un hito importante que podía hacer que el proyecto creciera y viajara de mejor forma. Ya con ese parámetro, teniendo una historia que creíamos que era potente, que necesitaba una actualización en base a estos 10 años y con la temporalidad en la ventana, empezamos a buscar productores que creíamos que podían acercarse bien a este proyecto”, afirmó Vidal sobre los detalles prácticos detrás del título.

Un detalle que, además, se volvía importante a la hora de concretar una de las características más relevantes de la serie, y que tiene que ver con el acceso a la mayor cantidad de voces en torno a esta historia.

Apostar por la pluralidad

Bajo esa premisa es que comenzaron a trabajar junto a la productora Par, quienes ya tenían en su currículum una serie de proyectos relacionados a temáticas similares, como el atentado del 11M en Madrid y la ETA. Antecedentes que hacían mucho más factible la comunicación con fuentes cuya disponibilidad requería de mayor trabajo.

Para Vidal, uno de los grandes resultados de esa prevención fue la entrevista con Tomás Zerón, encargado de llevar a cabo la investigación gubernamental en torno a la desaparición de los 43 estudiantes que terminó siendo condenado por crear un montaje para cerrar el caso. Tras ser acusado por los delitos de tortura, violación de derechos humanos y desaparición forzada, escapó de México a Israel, donde reside actualmente.

“Lograron tener ese acceso impresionante que nos permitió tener voces protagonistas de todas las aristas y líneas que tocan la historia”, resumió el productor sobre el trabajo realizado. “Tenemos voces del gobierno de Peña Nieto, del gobierno de AMLO, a los familiares, a gente que fue secuestrada y que fueron torturados. Periodistas, testigos… O sea, el gran trabajo y la gran complejidad de este proyecto fue fundamentalmente eso. Investigación, acceso y poder dar el gran abanico de visiones para entregarle al espectador la imagen macro para que pueda sacar sus propias conclusiones en base a todos estos antecedentes, en un caso que es de una complejidad superior”.

De hecho, es eso lo que el chileno define como la mayor virtud de la serie documental: “Para tener a todos los gobiernos hablando en este documental, a personas que fueron acusadas, que fueron torturadas, y más complejo aún incluso, a familiares de los desaparecidos, hay que tratar de acercarse a estas personas de la forma más abierta y más honesta, y darles un espacio para que tengan voz. Por eso, yo creo que lo que hace que esto haya funcionado de la forma en que está funcionando, es que nosotros abordamos ese tipo de acercamiento“, explicó.

“Si nosotros vamos sesgados, coartando ciertas libertades, o complejizando la forma de acercarnos a estas voces, va a ser difícil, vamos a asustarlos. Tenemos que darles espacio y voz. Por eso, para nosotros es muy importante como plataforma y como productores abrir espacio, dejar que pueda opinar y dejar que cuenten su verdad. Y al momento de estructurar este documental, tratar también de respetar eso“, sumó.

La importancia de visibilizar

Otro aspecto valorizado por el productor tiene que ver con la relevancia que tiene el hecho de que historias como estas, de un alto valor social, sean incluidas en una plataforma de alcance global. “Nosotros sabíamos que es un documental con una gran intensidad, y que además tiene cinco episodios que cada vez se van complejizando más porque la cantidad de cosas que van pasando son bastante fuertes, además de bastante complejas. Sabíamos que esto podía pasar, pero también tenemos la venia y la puerta para poder exponer estos temas que creemos que son relevantes“, comentó Vidal.

“Tratamos de aprovechar ciertos espacios para presentar estos proyectos que sabemos que tienen complejidad, que quizás no son para maratonear con la familia, pero creemos que sí son súper importantes que se expongan. Y ahí hay un diferencial de la plataforma, y es que estamos buscando proyectos relevantes, humanos, que hablen de temas que generen debate“, agregó.

Finalmente, concluyó que “el tema es complejo y estamos dispuestos a enfrentarlo y a tomarlo porque creemos que es relevante y que son temas que hay que hacer. Eso, en las plataformas actuales, es un lujo y estamos peleándolo y defendiéndolo para que siga ocurriendo“.

Persona sujetando cartel con rostro de uno de los desaparecidos en una concentración ©Montecruzfoto

Por: Catalina Araya

Sábado 24 de agosto, 2024

Este artículo fue publicado originalmente en Radio Universidad de Chile.

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COREOGRAFICAS 24. Foto Registro PUNCH (2021) Fernanda Ruiz

La convocatoria está a cargo del Departamento de Danza y la Dirección de Creación Artística de la institución. La iniciativa buscará a coreógrafas y coreógrafos con no más de 10 años de trayectoria hasta el 20 de septiembre.

Diario UChile

Propiciar la creación de una serie de instancias de exhibición de obra, instando a las y los nuevos creadores de danza a aproximarse a espacios de escenificación y exhibición. Ese es el objetivo de “Coreográficas 24”, un encuentro organizado por el Departamento de Danza de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y la Dirección de Creación Artística (DiCREA) de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la misma casa de estudios.

“Estamos entusiasmados de anunciar el lanzamiento de ‘Coreográficas 24’, un espacio que surge de nuestra continua búsqueda por fortalecer y visibilizar la creación artística en todas las disciplinas y en específico, la danza contemporánea emergente en Chile. Este encuentro, que se llevará a cabo en el emblemático Teatro Nacional Chileno, está diseñado para ofrecer una plataforma única a coreógrafas y coreógrafos en sus primeras etapas de carrera o en fase de consolidación”, explicó Fernando Gaspar, director de Creación Artística de la Universidad de Chile, sobre esta iniciativa que hoy abrió su convocatoria.

A la instancia, que finalizará con un encuentro en el Teatro Nacional Chileno los días 12, 13 y 14 de diciembre, se podrán postular obras en pequeño formato (entre 5 y 20 minutos), que propongan un lenguaje corporal particular manifiesto y un despliegue de las materialidades (espacio, luz, sonido, objetos) que ponga en relieve la propuesta artística.

“A pesar de que estamos en el espacio de la coreografía, se pueden postular obras que están cruzadas con otras disciplinas o en un espacio más indeterminado, porque en la actualidad ya no hablas de composición coreográfica propiamente tal, sino que eso está cruzado por muchas otras áreas del ámbito artístico”, señaló Paulina Mellado, académica del Departamento de Danza y Premio a las Artes Escénicas Nacionales Presidente de la República 2022. “Y la otra característica importante de ‘Coreográficas 24’ es la emergencia, es decir, que en esta instancia puedan desplegarse quienes están recién partiendo y tienen menos posibilidades de mostrar su trabajo”, destacó la también directora y coreógrafa.

COREOGRAFICAS 24. Foto: Registro de obra Hijo pródigo (1955) por Domingo Ulloa. Crédito Archivo Central Andrés Bello

“Pensamos que ‘Coreográficas 24’ puede marcar un acontecimiento referencial de encuentro de la danza emergente a nivel local, una coordenada sostenida en el tiempo, un rito. Por esta razón, no lo hemos concebido como una instancia académica, sino como un lugar móvil en que convergen y dialogan las más diversas voces de la creación”, sumó Rolando Jara, también académico del Departamento de Danza.

Este proyecto se inició el año 2022 cuando, junto a la profesora Paulina Mellado, estábamos en la dirección del Departamento de Danza. La idea era generar un encuentro coreográfico que diera cuenta de la producción actual, especialmente la de la creación de compañías emergentes. Nos interesaba la obra coreográfica, su materialidad, su poética, antes que otras instancias que se han expandido en el campo, como lo son, por ejemplo, la apertura de obras en proceso o las prácticas abiertas”, recordó Jara sobre esta iniciativa que retomaron este año junto a DiCREA y que, a partir de la idea original, “se ha abierto a la interacción con centros culturales, colectivos y figuras relevantes de la danza en distintas regiones del país, que nos permita desarrollar una convocatoria lo más amplia posible”.

Para Paulina Mellado, en tanto, la inquietud por organizar una instancia como “Coreográficas 24” está motivada, a su vez, por lo que significó para las y los artistas de la danza los “Encuentros Coreográficos” que se desarrollaron en la década de los 80 y principios de los 90. “Para mí, y para muchos y muchas de mi generación, esa experiencia fue importantísima, al punto de que yo no sé si habría la escena que existe ahora sin esos encuentros”, afirmó la académica, relevando de dichas instancias no sólo la oportunidad de mostrar lo que en esa época se estaba haciendo en el ámbito de la danza, sino también su periodicidad y permanencia en el tiempo.

Cabe destacar que la convocatoria, que se extenderá entre el 12 de agosto y el 20 de septiembre de 2024, está dirigida a coreógrafas y coreógrafos que se encuentren iniciando su carrera o en etapa de consolidación, con un máximo de 10 años de trayectoria. El proceso de postulación ya está abierta en la página web de la Universidad.

Por: Diario UChile

Martes 20 de agosto, 2024

Este artículo fue publicado originalmente en Radio Universidad de Chile.

Nicolás Maduro. Foto: Europa Press/ATON.

Tanto la oposición como el oficialismo valoraron que el Mandatario condenara la “consolidación del fraude electoral” en Venezuela. “Chile ha mantenido una posición digna”, señaló el presidente de la Comisión de RR.EE: de la Cámara, Vlado Mirosevic.

Fernando Sepúlveda

Tras las duras críticas realizadas por el Presidente Gabriel Boric a la ratificación de Nicolás Maduro como mandatario reelecto de Venezuela, figuras políticas oficialistas y opositoras respaldaron al Jefe de La Moneda.

Mediante su cuenta de X, el Presidente de la República, Gabriel Boric, afirmó que el Tribunal de Justicia Venezolano “terminó de consolidar un fraude”. “No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo solo comparable con el de Siria producto de una guerra”, publicó en la red social.

Al respecto, el senador del Partido Socialista y ex ministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, aseveró que “Maduro es un dictador desde ya”. “Siempre ha sido una persona que ha faltado a la verdad con mucha facilidad. Por lo tanto, creo que ha ido construyendo una dictadura”, afirmó.

Asimismo, el excanciller comentó que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela “cerró una expectativa”. “Cuando se hablaba de repetir las elecciones, había solo una forma de hacerlo, que era anulando las elecciones. Y resulta que este Tribunal, que todo el mundo sabe que es manejado por Maduro, a lo mejor se podía usar como una salida elegante, pero en cambio, aseguró ver las actas. Es una vergüenza”, añadió.

Insulza, manifestó que “esta es una falsedad que se ha transformado en una falsificación colectiva” y agregó que “esto pone en una situación muy dramática lo que está ocurriendo en Venezuela”.

Mediante su cuenta de X, el diputado del Partido Liberal y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Vlado Mirosevic, señaló que la ratificación del “tirano Nicolás Maduro, es a todas luces un engaño“.

“Lo que acaba de hacer el Tribunal de Justicia Venezolano es un intento de blanquear un fraude electoral, que tiene por propósito engañar a la comunidad internacional. Han montando un show Nicolás Maduro y su régimen, para que a través del Poder Judicial, que está completamente dominado por una mayoría chavista, puedan blanquear un proceso electoral, que todos sabemos, fue un fraude”, expresó.

En ese sentido, aseguró que “Chile ha mantenido una posición digna”, por lo que espera que el Gobierno y el Presidente Boric se mantengan en esa posición a pesar de que han recibido, por parte del régimen venezolano, insultos y ataques. “Hay que mantenerse en una posición pro democracia y no presentarse para ninguna clase de manipulaciones”, argumentó.

Por su lado, el diputado de Renovación Nacional e integrante de la misma comisión, Diego Schalper, señaló que cuando el Mandatario califica de fraude la elección de Venezuela “está tomando el camino correcto”. “Estamos en presencia de un fraude histórico que le ha costado vidas a miles de personas. Por lo tanto, esta dictadura sangrienta tiene que quedar atrás”, enfatizó.

“Insto al Gobierno a liderar junto a otras democracias del continente un proceso de transición democrática en Venezuela, donde partamos por pedirle a Brasil, a Colombia y a México que levanten una alternativa que realmente ponga a la democracia y a los derechos humanos por delante”, sostuvo.

Desde la UDI, el diputado Jorge Alessandri valoró que Boric haya condenado el fraude electoral del régimen y haya calificado a Maduro como dictador. “Ahora la decisión importante es para el Partido Comunista: ¿Se sale del Gobierno por no estar de acuerdo con esta opinión? ¿O definitivamente agacha la cabeza y renuncia a sus convicciones?”, cuestionó el gremialista.

A su vez, el diputado del Partido Socialista, Marcos Ilabaca, también respaldó los dichos del Presidente Boric y aseguró que el Jefe de Estado, en esta materia en particular, “ha tenido un manejo increíble”.

“Ningún demócrata puede ratificar una dictadura que con sangre de sus propios conciudadanos se intenta consolidar (…) Esto es una afrenta al corazón de la democracia latinoamericana y no es posible seguir aceptando situaciones como estas”, explayó.

En esa línea, el parlamentario exhortó a que el Gobierno desarrolle acciones internacionales y diplomáticas con el objetivo de que “en Venezuela exista un reconocimiento a los legítimos vencedores”. Además, resaltó que “lo que está haciendo Maduro es perpetuarse en el poder, instalando y concretando una dictadura que ha sido brutal“.

Por: Fernando Sepúlveda

Jueves 22 de agosto, 2024

Este artículo fue publicado originalmente en Radio Universidad de Chile.

Foto: Agencia Aton

En el segundo día de formalización por el caso Audios, el fiscal Orellana explicó que la relación del abogado con los Jalaff incluía “ámbitos vinculados con la actividad delictiva”, y que el jurista sabía de la estructura criminal que integraba.

Pilar León Pardo

A las 9:20 am de este jueves comenzó la segunda jornada de la audiencia de formalización del abogado Luis HermosillaLeonarda Villalobos y Luis Angulo en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago en el marco de las investigaciones por el caso Audios.

El puntapié inicial lo dio el jefe de Alta Complejidad Oriente, el fiscal Miguel Ángel Orellana, quien ahondó sobre el delito de lavado de activos respecto del abogado Luis Hermosilla durante casi cuatro horas.

En ese sentido, el fiscal señaló al inicio de su exposición que es necesario hacer referencia, en primer lugar, al rol que tenía Hermosilla en la mezcla de intereses entre Daniel y Ariel Sauer, y Álvaro y Antonio Jalaff.

Así, el fiscal Orellana afirmó que para entender cabalmente el conocimiento que el abogado Luis Hermosilla tenía respecto del funcionamiento de esta verdadera estructura y su plan criminal, hay que analizar la posición que éste tenía dentro de la misma.

“Anticipamos desde ya que su vinculación más estrecha no es con los señores Sauer, a quienes conoce recién en 2017, sino que es con los señores Jalaff, con quienes tiene un vínculo que va mucho más allá, que excede con distancia de la relación abogado cliente. Es un amigo. Por los antecedentes recabados durante el desarrollo de la investigación se considera ‘un hermano’, que no sólo está interesado en los asuntos procesales o jurídico-técnicos de las actividades profesionales o personales de los señores Jalaff, sino que también lo está en sus resultados económicos”, explicó.

Orellana enfatizó en su relato que Hermosilla “no sólo aprovecha, en definitiva, la bonanza o el éxito, y sufre con los problemas económicos de los señores Jalaff”, sino que “el exceso de la labor respecto de los señores Jalaff, tiene que ver con su rol de consejero, en el más amplio sentido de la palabra. Y que incluye los ámbitos vinculados con la actividad delictiva”.

De esta forma, durante la audiencia, el persecutor detalló a través de operaciones bancarias y chats las operaciones que Luis Hermosilla mantiene con los Sauer y los Jalaff, con el objetivo de dejar en evidencia que el abogado habría tenido conocimiento de la situación económica y de financiamiento entre las estructuras criminales.

“Luis Hermosilla no es capaz, no podrá decir nunca que lo que le pagó Mario Ramírez, que lo que le transfirió a su mujer, a sus tres secretarias, con lo que pagó la camioneta, es plata lícita, porque ya no es posible afirmarlo, porque ya está contenida en la cuenta corriente del Banco BCI. Es justamente esa combinación, la que el sistema de control anti lavados y el artículo 27 letra b de la Ley 19.913 establece, porque después de eso no hay forma de distinguir los recursos lícitos de los ilícitos“, detalló.

Posteriormente, el fiscal Miguel Ángel Orellana se refirió a María Leonarda Villalobos y Luis Angulo, sin embargo, no logró terminar su intervención en este segundo día.

Al termino de la audiencia de este jueves, el abogado defensor de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, comentó que al comienzo de los procesos las versiones son muy contrapuestas y luego se van alcanzando los consensos.

“Hoy, después de escuchar la presentación extensa del fiscal Orellana, está más o menos claro que acá ha habido una línea de créditos según el repitió muchas veces, por parte de Factop, y lo que sostiene el Ministerio Público es que el uso de esa línea de crédito con dineros provenientes de eso, se mezclaba con los ingresos lícitos de Luis y eso podría contaminar ese tipo de operaciones u otras. Si eso es así, vamos a tener una tremenda discusión jurídica entonces sobre si esos hechos que él discute, son constitutivos de delito o no. Ojo que eso dijo él, que ese va ser el punto que vamos a discutir con la defensa, lo que es interesante porque tenemos que aclarar los hechos, que ya se van aclarando”, aseveró.

Para este viernes a las 9:30 am está programada la tercera jornada de formalización en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, donde se espera que termine de presentar la Fiscalía, para dar paso a los alegatos de los querellantes y las exposiciones de las defensas de los implicados.

Por: Pilar León Pardo

Jueves 22 de agosto, 2024

Este artículo fue publicado originalmente en Radio Universidad de Chile.

Santiago, 19 de noviembre de 2019 El fiscal Francisco Ledezma recibe la declaración del joven Gustavo Gatica en la clínica Santa Maria, quien perdió sus ojos tras recibir disparos de perdigones percutados por carabineros. En la imagen el abogado del joven Carlos Gajardo se dirige a la prensa. Javier Salvo/ Aton Chile

El abogado puso énfasis en otra arista del caso: los nombramientos en el Poder Judicial, que -a su juicio- “permite un tipo de interferencia absolutamente indebida con un protagonismo muy alto de abogados litigantes” que luego cobran esos apoyos.

Diario UChile

El abogado de la Universidad de Chile y exfiscal, Carlos Gajardo, se refirió a la primera jornada de formalización de Luis Hermosilla por el Caso Audios y la reciente revelación de pagos millonarios a Andrés Chadwick.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Gajardo indicó que “probablemente si uno hubiese escuchado este tipo de audios en una escucha telefónica de un traficante de drogas con su abogado el escandalo no sería tanto, el problema es que se trata de un abogado íntimamente vinculado al mundo empresarial, político y la elite en general de nuestro país”.

En esa línea, sostuvo que el problema es que este caso “tiende a confirmar una cierta idea, un cierto prejuicio quizás de la ciudadanía, de que la justicia funciona de esta manera, de que los casos se resuelven con influencia, pagos de dinero, con coimas, lo que evidentemente le hace un daño muy importante al sistema de justicia y exige creo yo que esto sea aclarado completamente tanto en cuanto a determinar cuál es la magnitud de esto, si hay más personas involucradas y una vez hecha esta investigación profunda, lo que corresponde son las sanciones más drásticas“.

Para Gajardo, “si es que Leonarda Villalobos no hubiera tenido la genial idea de grabar esa conversación, y luego alguien la filtra, nunca nos hubiéramos enterado de aquello y seguramente Luis Hermosilla seguiría siendo el abogado prestigioso que fue durante décadas, eso nos lleva a otro tipo de reflexiones: a cómo el sistema tiene mecanismos para detectar y prevenir estas conductas”.

“Por ejemplo, hay conductas importantes de defraudación de impuestos. Entonces, hace sentido que desde distintos gobiernos intenten tener mejores mecanismos de prevención, de evitar los altos niveles de elusión que tiene nuestro país (…). Si uno pudiera, por ejemplo, tener mayor facilidad de acceder al secreto bancario, a las cuentas corrientes, esto que se discute a partir de este caso lo podría haber descubierto el Servicio de Impuestos Internos con mejores herramientas. Lo mismo en los casos de lavado de activos, si la unidad de análisis financiero tuviera mejores herramientas por supuesto que esto sería más fácilmente detectable”, explicó.

El exfiscal además mencionó otra arista con relevancia, pero que ha tenido menos desarrollo, “que tiene que ver con las influencias de los nombramientos judiciales, Ministerio Público, notaría, ahí cobra mucha relevancia los chats de Luis Hermosilla, ya se han conocido algunos con ministros de corte, con personas relevantes, con políticos, que dan cuenta de que en un tema adicional, distinto, la manera que tenemos en nuestro país de nombramientos de las altas autoridades en el mundo judicial, en la Fiscalía, permite un tipo de interferencia absolutamente indebida con un protagonismo muy alto de abogados litigantes que luego, por supuesto, no hay que ser inocentes en esto, van a cobrar esos apoyos en las propias causas que estén tramitando”.

“Esto si que era un secreto a voces de un funcionamiento opaco y donde el gran problema es que no hay un premio o búsqueda de la meritocracia. Un sistema de justicia, lo que tiene que buscar es que los mejores fiscales lleguen a los puestos de arriba, que los mejores jueces terminen instalados en las cortes. Lo que el sistema termina generando es más bien una búsqueda de apoyos cruzados, desde el mundo político por una parte, y desde el mundo judicial por otra, y quienes tienen ese vínculo son justamente estos abogados políticos, que tienen conocimiento del mundo judicial y del mundo político porque están cercanas a sus redes. Esos personajes como Luis Hermosilla, pero como muchos más, terminan siendo claves porque tienen este doble acceso al mundo judicial y al mundo de la política que es donde se deciden los nombramientos”, cuestionó.

En ese sentido, afirmó que en muchos casos “en los que hay que actuar con rigor ante personas, entidades, que tienen poder, el sistema no tiene la fuerza para hacerlo y eso genera esta sensación de la ciudadanía fundada, como decía el ministro Juica, de que existen dos tipos de justicia, existe para decirlo groseramente una justicia para ricos y una para pobres”.

En referencia a las transferencias millonarias que recibió el exministro de Andrés Chadwick por parte de Hermosilla, el exfiscal dijo que “se pagaron un informe en el extranjero de 30 mil dólares para la defensa de Andrés Chadwick, entonces ya hay una imputación por un delito concreto a Luis Hermosilla (lavado de activos), ¿se puede extender esta acusación a otras personas? Por supuesto, en la medida que se acredite que esas personas estaban en conocimiento de estos hechos. a Luis Hermosilla se le imputa porque se dice usted sabía que estos dineros eran dineros negros, y usted contribuye a lavar esas platas blanqueándolas, esta acusación, por lo tanto, puede ser extendida a otras personas en la medida que se acredite que estas personas sabían, incluyendo y eso hay que investigarlo a Andrés Chadwick“.

Por: Diario UChile

Jueves 22 de agosto, 2024

Este artículo fue publicado originalmente en Radio Universidad de Chile.

Jazz centenario

El concierto Jazz centenario, que cruza el siglo de la célebre Rhapsody in Blue de George Gershwin y la fundación de Royal Orchestra -la primera orquesta de jazz de Chile-, se realizará el lunes 26 de agosto en la sala Isidora Zegers.

Diario UChile

Se trata de un doble centenario vinculado al jazz. Hace cien años se estrenaba en Nueva York “Rhapsody in Blue”, la icónica obra de George Gershwin. Y a miles de kilómetros, en Chile, el músico Pablo Garrido fundaba la Royal Orchestra, la primera orquesta de jazz de nuestro país.

Ese es, justamente el doble aniversario que articula “Jazz centenario”, el concierto organizado por el Departamento de Música de la Universidad de Chile (DMUS) y que ofrecerá una presentación musical que incluye las obras “Rhapsody in blue” y “Un americano en París” de George Gershwin, y la “Rapsodia chilena” del compositor Pablo Garrido. Todas, interpretadas por la Banda Sinfónica Estudiantil, quienes estarán acompañados por los académicos Svetlana Kotova en el piano y Miguel Ángel Castro en la dirección.

La “Rhapsody in blue”compuesta en 1924es una obra icónica del siglo XX, pues integró por primera vez elementos del jazz a la música de tradición escrita. Gershwin, entonces un joven compositor de musicales en Broadway, recibió el encargo de componer una obra del director de orquesta Paul Whiteman. “Fue el primer intento- entre comillas- serio de Gershwin por trascender al mundo popular donde se había formado”, contextualizó el musicólogo y director del Departamento de Música, Álvaro Menanteau.

Gershwin se formó musicalmente en el piano popular de la época, es decir, improvisando y con conocimientos muy básicos de composición y música clásica. Él no tuvo la opción de entrar a un conservatorio, entonces estudió con algunos profesores que le enseñaron el ABC de la música, un poquito de lectura musical, un poquito de armonía, un poquito de contrapunto y muy poquito de orquestación. ‘Rhapsody in blue’ tiene una historia muy notable porque Gershwin la compuso al piano porque no podía hacer la transcripción para la orquesta completa de Whiteman”, sumó el investigador.

Agregando que, además, “la orquesta de Whiteman era muy rara, tenía ocho violines, un set de percusión, saxofones de todos los tamaños, cornetas, en realidad era una jazz band, es decir, una agrupación de música popular con orientación bailable. Así que Gershwin envió la reducción para piano y Whiteman le encargó la orquestación a un tercero, pero la obra no sonó originalmente como en las versiones que escuchamos hoy en YouTube, que son orquestas sinfónicas. La obra original del año 1924 es para la jazz band de Paul Whiteman”.

“Rhapsody in blue” fue un éxito que situó a Gershwin como un compositor importante al que le solicitaban obras orquestas sinfónicas, aunque él compusiera solo al piano. De una solicitud así surgió “Un americano en París” (1928), un poema sinfónico que recoge la experiencia personal del autor en la capital francesa, donde conoció a quien era uno de sus referentes: el compositor Maurice Ravel.

“Gershwin se inspiró en el sonido armónico del impresionismo francés, en particular en los compositores Claude Debussy y Maurice Ravel, y todas esas armonías llenas de tensiones las llevó al jazz y al blues. El público y la crítica alabaron ‘Un americano en París’ e incluso en Estados Unidos se inventó una categoría nueva, iniciada con ‘Rhapsody in blue’ y luego culminada con Un americano en París, llamada jazz sinfónico”, complementó Menanteau.

En ese mismo 1924, pero en Chile, el compositor y músico Pablo Garrido (1905-1982) también instalaba un hito al fundar la primera orquesta de jazz de nuestro país. La Royal Orchestra reunió en Valparaíso a la bohemia porteña e impulsó la incipiente actividad jazzística nacional. Garrido, en palabras de Álvaro Menanteau, “se dedicó a difundir el jazz por todos los medios posibles: escribiendo, dirigiendo, armando tríos, cuartetos, dirigiendo orquestas bailables, escribiendo artículos”.

En esa intensa labor en 1937 estrenó su “Rapsodia chilena”, una obra que toma el tema tradicional chileno “Río Río” y hace dialogar al piano con la guitarra criolla. “Es un diálogo intenso porque esos instrumentos representan dos mundos muy distintos”, agregó Menanteau. “Sin duda hay un nexo entre George Gershwin y Pablo Garrido, cada uno en su contexto y con sus capacidades, pero el vínculo es aún más evidente cuando en 1935 Garrido estrena en Chile ‘Rhapsody in blue’”, indicó el investigador.

Cabe destacar que el concierto “Jazz centenario” se realizará el lunes 26 de agosto a las 18:30 horas en la sala Isidora Zegers. La entrada es liberada y no requiere inscripción previa.

Por: Diario UChile

Viernes 16 de agosto, 2024

Este artículo fue publicado originalmente en Radio Universidad de Chile.

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